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La paralización de los programas de la asociación civil Azul Positivo, tras el encarcelamiento de cinco de sus integrantes el pasado 12 de enero, deja desasistidas y en riesgo a comunidades vulnerables del estado Zulia, al occidente de Venezuela, incluyendo personas que viven con VIH y en situación de inseguridad alimentaria.

Solo durante el año 2020 la ONG asistió a más de 9.000 personas en esa entidad. Activistas por los derechos humanos en el país señalan que, en lo inmediato, el trabajo que ellos realizan no lo puede sustituir otra institución y, tal como afirma la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), durante las crisis la implementación o no de una acción humanitaria «marca una diferencia entre la vida y la muerte».

Los detenidos son el fundador y director general de la ONG, Johan León Reyes, activista de DDHH hace más de 16 años; el director ejecutivo Yordy Bermúdez, quien recientemente sufrió un ACV; el director de Finanzas, Layners Gutiérrez; el asistente administrativo Alejandro Gómez, papá de un niño de pocos meses de edad; y el jefe del Consejo Comunal de Los Alpes, sector los Haticos de Maracaibo y promotor comunitario de asistencia de la ONG, Luis Ferrebuz.

Esta detención arbitraria enciende las alarmas, porque también envía «un mensaje dañino terrible» a toda la comunidad humanitaria nacional e internacional, advirtió el fundador de la ONG Acción Solidaria, Feliciano Reyna.

En Venezuela hay un acuerdo formal entre la administración de Nicolás Maduro y el sistema humanitario de Naciones Unidas, que permitió crear mecanismos para implementar una respuesta a la emergencia que atraviesa el país. Sin embargo, los actores humanitarios perciben que esas garantías para llevar adelante los programas son violentadas con el caso de Azul Positivo.

Al activista le preocupa que todos los esfuerzos realizados para que Venezuela obtenga el financiamiento y la cooperación que se necesitan se vean truncados.

El miércoles 20 de enero la ONU anunció la suspensión temporal de los programas de transferencias monetarias enmarcadas en ese plan de Respuesta Humanitaria, «en vista de la falta de claridad sobre el marco institucional financiero/bancario respecto al uso de la modalidad», señala una carta firmada por Peter Grohmann, coordinador residente y coordinador humanitario del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela.

Feliciano Reyna mencionó que en la actualidad más de 30 proyectos que implicaban transferencias de efectivo se habían presentado a las autoridades venezolanas. «Esto no ha estado por debajo de la mesa, este es un proceso transparente», dijo.

Ocha Venezuela: Transferencias monetarias son un porcentaje reducido de la respuesta humanitaria

Al director de Acción Solidaria también le inquieta que tras el encarcelamiento de los trabajadores de Azul Positivo, los receptores de la ayuda humanitaria se sientan expuestos o en riesgo. Esto, tomando en cuenta que durante el allanamiento a la ONG funcionarios militares y policiales tuvieron acceso a los datos de beneficiarios e incautaron equipos y materiales de la organización.

Acusaciones contra Azul Positivo

A León Reyes (45), Bermúdez (40), Gutiérrez (33), Gómez (23) y Ferrebuz (489 les imputan supuestos delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, legitimación de capitales y asociación para delinquir, esto en relación a la entrega que hizo la ONG de unas tarjetas de alimentación en las comunidades que asisten.

«¿Cómo se puede considerar que hay un uso fraudulento de uno de los instrumentos en un área de cooperación cuando estos son programas dentro del Plan de Respuesta Humanitaria que son informados al Gobierno y además son estructurados de una forma, como se hace globalmente, para beneficiar a las personas de mayor vulnerabilidad?», se preguntó Reyna.

Azul Positivo es una organización que nació en 2004 como una iniciativa de estudiantes de la Universidad del Zulia y Universidad Rafael Belloso Chacín, en la ciudad de Maracaibo, con el propósito de ofrecer información y acompañamiento en materia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

En la actualidad la ONG es parte de los socios implementadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Venezuela. Con esta Agencia ejecutaron su primer proyecto en el año 2015. La ONG también desarrolla proyectos con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

«Cuando se les imputa asociación para delinquir uno se pregunta, ¿con quiénes están asociados?», destacó el director de Acción Solidaria.

Patrón de hostigamiento

Tras la acción contra la ONG Azul Positivo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación «por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela».

Durante 2020 el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, acusó en varias ocasiones a organizaciones defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil de recibir financiamiento de países como Estados Unidos para, según él, «conspirar contra la patria».

Incluso, mientras hacía campaña previo a las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, Cabello aseguró que impulsaría desde la Asamblea Nacional una ley para prohibir la entrega de recursos de «potencias extranjeras» para políticos y ONG en Venezuela.

Entre los episodios de hostigamiento a las ONG de Venezuela se incluyen el allanamiento a la fundación Prepara Familia en enero de 2020 y la detención temporal de miembros de Acción Solidaria en septiembre, alegando que vendían y distribuían medicamentos vencidos.

Además, en noviembre del año pasado el Gobierno de Nicolás Maduro congeló las cuentas de las organizaciones Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, y allanó la sede de la asociación civil Convite.

El escenario hace recordar a la oleada de persecución que experimentaron organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación en Nicaragua a principios de 2018. En esa oportunidad, cientos de periodistas y activistas tuvieron que exiliarse y otros fueron detenidos por el Gobierno de Daniel Ortega. Los hechos también valieron un pronunciamiento de Michelle Bachelet.

Detención arbitraria y otras irregularidades

Los trabajadores humanitarios de Azul Positivo sufrieron una detención arbitraria porque la comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que allanó su sede, el pasado 12 de enero, se presentó sin una orden judicial, explicó la ONG Acceso a la Justicia.

Otra irregularidad es que el caso se llevó ante un tribunal militar. Sin embargo, este lo remitió a un tribunal civil (el Tribunal Cuarto de Control Judicial Penal del Zulia), que el 15 de enero decretó medida privativa de libertad a los cinco miembros de la organización humanitaria.

A los integrantes de Azul Positivo se les privó de ser asistidos por sus abogados hasta el momento de la audiencia de presentación y no pudieron comunicarse con sus familiares, por lo que se está ante una violación de su derecho a la defensa.

«Las violaciones al debido proceso antes mencionadas constituyen argumentos de sobra para decretar que se trató de una aprehensión arbitraria y acordar la libertad plena de los trabajadores humanitarios», opinó Acceso a la Justicia.

Expusieron que las imputaciones contra los cinco trabajadores no tienen fundamento, primero porque las tarjetas dadas a los beneficiarios de sus proyectos sociales se realizan con fondos de la cooperación internacional. Además, «no es aplicable la legitimación de capitales al ser legítimo el origen de los fondos… no hay capitales que legitimar, menos aun cuando estos no regresan a quienes los distribuyen, por lo que no cumple ninguno de los extremos de este delito».

«Finalmente, dado que los primeros supuestos no son delitos, la asociación para delinquir tampoco aplica porque no hay delitos para los que haya asociación alguna», indicó la organización.

«Los trabajadores de @AzulPositivo siguen detenidos, por lo que se da inicio a la fase de la investigación, en la que se deben aportar todos los elementos para que el MP (Ministerio Público), si atiende a los fines de la justicia, presente acto conclusivo favorable para los imputados», agregaron.

La defensa legal de los trabajadores humanitarios interpuso un recurso de apelación para exigir su libertad, informó el lunes 18 de enero la organización Provea.

Un día después, Amnistía Internacional (AI) nombró a los cinco integrantes de Azul Positivo como presos de conciencia.

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, dijo que las autoridades de la administración de Maduro deben liberar inmediatamente a los detenidos y “poner fin al acoso, el enjuiciamiento y la censura de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger derechos del pueblo venezolano”.