La situación de los presos políticos en Venezuela sigue siendo motivo de preocupación para organizaciones de derechos humanos como Foro Penal. Durante el año pasado, la ONG registró un total de 20 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, todos civiles.
La ONG, que defiende los derechos de las personas privadas de libertad por asuntos políticos, presentó su más reciente reporte sobre la represión en Venezuela durante el año 2023, en el que señala que 75% de las personas arrestadas por razones políticas fueron hombres y el 25% mujeres.
El informe publicado en el portal web de la organización, establece que el mes de febrero fue el período donde más encarcelamientos con fines políticos hubo, con un total de ocho personas detenidas.
Durante el mes de enero la organización registró a cuatro personas detenidas por los mismos motivos, mientras que, durante junio, se contabilizaron dos arrestos, en julio uno, en agosto dos, en noviembre uno y en el mes de diciembre dos personas fueron privadas de su libertad por razones políticas.
Quiénes realizaron las detenciones
En cuanto a los organismos encargados de llevar a cabo estas detenciones arbitrarias, el Servicio de Investigación Penal (Sipel) destaca como el principal actor, siendo responsable del 40% (ocho arrestos) de las detenciones registradas por el Foro Penal en el año 2023.
El segundo organismo que más detenciones con motivos políticos realizó fue la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con cuatro arrestos arbitrarios, mientras que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue la responsable de tres detenciones.
El cuarto lugar lo ocupa el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) quienes detuvieron a dos personas, mientras que en la quinta posición se ubica la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a quienes se les atribuye una detención.
La policía del estado Anzoátegui fue la responsable de un arresto mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el encargado de ejecutar una detención por motivos políticos.
Más militares presos
Según los datos recopilados por la organización en el informe, en 2023, se registraron 256 personas presas por motivos políticos; el 56% de los prisioneros fueron identificados como funcionarios militares.
Para este martes 27 de febrero, la cifra de presos políticos en el país aumentó a 264, según los nuevos registros del Foro Penal. En las prisiones y calabozos policiales del país hay 147 presos privados de libertad militares y 117 civiles.
Foro Penal señala que principalmente los militares son señalados por funcionaros del Gobierno de planificar o intentar presuntas operaciones militares para desestabilizar al país, así como también han sido vinculados con líderes de la oposición venezolana.
Excarcelaciones
Diciembre trajo consigo un rayo de esperanza con la excarcelación de 21 presos políticos venezolanos e indultos a varios ciudadanos estadounidenses
La organización informó que entre los días 20 y 25 de diciembre, lograron confirmar la excarcelación de 21 personas que estaban siendo procesadas por motivos estrictamente políticos en el país.
El informe resalta que estas “liberaciones” ocurrieron dentro del contexto de una negociación entre representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, a cambio de la liberación del aliado y colaborador de Nicolás Maduro, Alex Saab, quien se encontraba detenido y procesado por la justicia norteamericana en el estado de Florida.
Los norteamericanos que fueron indultados, quienes estaban catalogados como presos políticos son Jerrel Lloyd Kenemore y Eyvin Alexis Hernández. Sin embargo, se conoció de la excarcelación de otros norteamericanos, no registrados por el Foro Penal, que según las autoridades de ese país permanecían también arbitrariamente detenidos o eran presos que permanecían en prisión por delitos comunes.
La organización indicó que extraoficialmente se conoció que dentro de esta negociación habrían sido indultados, al menos, ocho ciudadanos norteamericanos más, procesados por la justicia venezolana, pero su causa no tenía claramente definidas motivaciones políticas y que incluso uno de ellos estaba siendo requerido por las autoridades de los Estados Unidos.
“En nuestra experiencia, de conformidad con lo que se ha verificado en anteriores oportunidades con iniciativas de características similares de ´diálogo y negociación´, donde se utiliza a los presos políticos como ´fichas de negociación´; en lugar de una reducción de las excarcelaciones políticas, lo que ha ocurrido a posteriori, es un incremento en las cifras de presos políticos y de persecución en los meses siguientes”, advierte el informe.
En el informe la ONG también reseñó la liberación de Adrián Leonardo de Gouveia De Sousa y Abraham Américo Suárez, quienes habían permanecido detenidos desde 2018 por supuesta Rebelión Militar, quienes salieron con libertad plena por sentencia absolutoria.
Casos destacados
En el documento compartido por el Foro Penal, destaca la detención de Didelis Raquel Corredor Acosta, de 38 años y licenciada en informática, apresada en la madrugada del 13 de julio de 2023 por funcionarios del Cicpc en su residencia en Petare, Caracas.
La detención se llevó a cabo sin orden judicial y con violencia, mientras Didelis y su familia —incluyendo a menores de edad— dormían.
La organización informó que los agentes ingresaron a la vivienda, apuntando con armas de fuego a los niños, y arrestaron a Didelis, sus dos hermanos y a su sobrino. Los sacaron descalzos y en pijama, los interrogaron y golpearon en la sede del Cicpc en El Llanito.
Didelis fue sometida a maltratos físicos y psicológicos, incluyendo asfixia con una bolsa en la cabeza durante el interrogatorio.
Aunque algunos miembros de su familia fueron liberados, Didelis fue mantenida esposada y descalza en un pasillo hasta las 6 de la tarde, cuando fue trasladada a un calabozo.
Su audiencia de presentación, inicialmente programada para el 14 de julio, fue diferida varias veces y finalmente se llevó a cabo el 18 de julio. En esta audiencia, fue acusada de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir, quedando en detención preventiva en la sede del Cicpc en El Llanito.
Didelis trabajaba como asistente del periodista y preso político Roland Carreño, quien fue acusado de participar en planes desestabilizadores y sabotear las elecciones parlamentarias de 2020. Se le atribuye a Didelis su presunta participación en operaciones financieras para el financiamiento de actos terroristas, lo que habría motivado su detención.
El Foro Penal también informó sobre el caso del joven Bruno Josué Juárez Flores, un mecánico de vehículos venezolano de 28 años, que se encontraba en España de vacaciones cuando la pandemia lo obligó a quedarse en el país. Después de obtener la residencia, comenzó a trabajar en una carnicería. Sin embargo, su viaje a Venezuela en noviembre de 2021 para visitar a su madre se convirtió en una pesadilla.
Al llegar al aeropuerto de Maiquetía, fue detenido por funcionarios migratorios y posteriormente entregado a la Dgcim a pesar de no encontrar pruebas en su equipaje ni en su persona, fue sometido a interrogatorios, torturas y tratos crueles durante su detención.
Durante su audiencia de presentación, Bruno denunció los abusos sufridos, pero fue ignorado por el juez, quien lo acusó de conspiración y asociación para delinquir. Fue trasladado a diferentes centros de detención, donde continuó siendo maltratado y extorsionado por las autoridades.
Finalmente, el 10 de mayo de 2023, Bruno fue condenado a 30 años de prisión por el delito de terrorismo, basado en supuestos planes encontrados en su equipaje al llegar a Venezuela.
Actualmente se encuentra detenido en la sede de la PNB en La Yaguara, Caracas, donde sufre de depresión y necesita atención psicológica.
La ONG también reseñó el caso de Yovanni Yaguaracuto, un sindicalista y militante del partido político Voluntad Popular, de 61 años, que fue detenido el 2 de diciembre por funcionarios de la policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui).
Su arresto fue resultado de una denuncia interpuesta por la subdirectora del hospital Luis Razetti de Barcelona, quien lo acusó de presunta violencia psicológica debido a sus supuestas acusaciones sobre violaciones de derechos laborales en el hospital.
La audiencia de presentación se llevó a cabo el 4 de diciembre ante el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencia y Medidas del estado Anzoátegui. Yovanni fue imputado por los delitos de acoso, hostigamiento y amenaza agravada.
En esa misma audiencia, se ordenó su excarcelación bajo medidas cautelares sustitutivas, que incluían presentación cada 30 días ante el tribunal, asistencia obligatoria a evaluaciones psicológicas y arresto transitorio por hasta 48 horas, entre otras condiciones.
La excarcelación de Yovanni Yaguaracuto se produjo finalmente el 6 de diciembre en horas de la tarde, tras cumplirse el período de arresto provisional impuesto por el juez.
La ONG también hizo referencia al caso de Roberto Abdul Hadi, un Ingeniero Mecánico, de 53 años, y miembro de la asociación civil venezolana Súmate, que fue detenido el 6 de diciembre por funcionarios del Sebin.
Sin embargo, su detención se mantuvo en secreto durante más de 48 horas, hasta que se llevó a cabo una audiencia de presentación el 8 de diciembre ante el Tribunal Cuarto en Funciones de Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas.
Durante la audiencia, se violaron sus derechos al no permitírsele designar abogados de su confianza. Además, el juez decidió llevar a cabo la audiencia en la sede del Sebin en El Helicoide, a pesar de que previamente negaron tener a Abdul detenido allí.
Se le imputaron varios delitos, incluyendo asociación para delinquir, traición a la patria, legitimación de capitales y conspiración. Se ordenó su detención preventiva en el Centro de Procesados y Penados del Área Metropolitana de Caracas I, Máxima Seguridad.
Sin embargo, el 20 de diciembre de 2023, Roberto Abdul Hadi fue excarcelado junto con otros presos políticos como parte de una negociación entre representantes del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro.
Actualmente, se encuentran sobre él medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad, que incluyen presentación cada 15 días y prohibición de salida del país.