Acceso a la Justicia: Nueva providencia de registro único de ONG sigue violando derechos humanos - Efecto Cocuyo

LA HUMANIDAD · 6 MAYO, 2021 18:24

Acceso a la Justicia: Nueva providencia de registro único de ONG sigue violando derechos humanos

Texto por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez Fotos por Efe

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Aunque hay una nueva providencia administrativa para el registro único de ONG y fundaciones en Venezuela, la normativa “sigue violando derechos humanos fundamentales como el derecho a la asociación”.

El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explicó los alcances de la providencia administrativa 002-2021 de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Esta norma que se publicó en la Gaceta Oficial Número 42.118 del 3 de mayo sustituye la de la Gaceta 42.116 del pasado 29 de abril.

Qué eliminó

Pese a que eliminó la obligación de que las ONG entreguen la lista de sus beneficiarios, los lapsos para entregar los requisitos y recaudos que piden y una “norma en blanco penal” por incumplir el registro, en esencia mantiene el espíritu contra las organizaciones no gubernamentales en el país.

“A pesar de los cambios, la providencia nueva sigue sin cumplir los estándares internacionales sobre la legitimación de capitales, porque el Grupo de Acción Financiera Internacional señala expresamente que ninguna acción en la lucha contra la legitimación de capitales puede ni interrumpir ni desalentar la labor de las organizaciones sin fines de lucro, cosa que ocurriría con el tema de las credenciales”, explicó Daniels.

También obliga a las ONG a entregar sus actas constitutivas y registros, así como las actas de nombramientos de juntas directivas. Esto según el abogado es obstáculo; primero porque el Estado no quiere permitir la legalización o actualización de estas organizaciones y segundo porque quienes ya tienen estos documentos, estos se encuentran en el Registro.

Violaciones que se mantienen

Esto último “viola el artículo 11 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos que señala que la administración no debe exigir documentos que reposan en sus propios archivos. En este caso, además es más aplicable porque es el mismo Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del que depende el Saren que tiene los documentos que el propio Ministerio puede requerir”.

“Si existen no los deberían pedir y existe el otro supuesto de que las organizaciones no los tienen porque el propio Estado se los está negando e impidiendo la inscripción de esas actas en registros”, añadió.

También señala que la Oficina Nacional emitirá unas credenciales a aquellas ONG que cumplan con los requisitos, recaudos y tras pasar una evaluación por parte de este organismo.

“Son unas credenciales que permitirán que el representante legal de la persona jurídica cumpla con sus funciones; es decir, se establece un permiso para que los representantes legales puedan actuar, cosa que cambia el régimen jurídico de las asociaciones civiles y fundaciones, y que una providencia no puede hacer”, sostuvo.

Informar sobre alianzas

Daniels advirtió que otro peligro es que se mantuvo la obligación de las ONG de informar con qué otras organizaciones sostienen alianzas.

Para él esto es sumamente grave. “Hay casos delicados para presentar casos ante la CPI o casos que se puedan tener para llevar a otros organismos internacionales. Dar esta información no solo pone en peligro a las organizaciones, sino a quienes estén llevando a cabo esa recolección de información. Esa exigencia es además discriminatoria, porque no se pide a las empresas mercantiles”.

Agregó que la intención no es conocer la información financiera de las organizaciones no gubernamentales; por el contrario lo que busca la providencia administrativa 002-2021 es “tener información sobre las actividades sustantivas que llevan a cabo las organizaciones”.

Las ONG defensoras de derechos humanos en el país ya rechazaron la primera providencia y alertaron sobre los peligros que supone para su desarrollo en el país, en especial para quienes ante la severa crisis en Venezuela prestan asistencia humanitaria.