198 uniformados siguen presos por razones políticas tras primeras excarcelaciones

La excarcelación de cinco efectivos militares del Centro de Procesados Militares de Ramo Verde (Cenapromil), en el estado Miranda, registrada este martes 18 de agosto, marca los primeros movimientos en el sector de la Fuerza Armada tras los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo entre la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y la representación del interinato, presidida por Jorge Rodríguez.

Los funcionarios que salieron bajo medidas cautelares son el mayor del Ejército César Alejandro Girón Contreras, el sargento mayor de tercera Johandri Alberto Aguilar Leal, el sargento primero Jhorman Enrique Jiménez, el sargento segundo Jhonson Enrique García y el sargento segundo Edwin José Noguera.

Las condiciones impuestas por los tribunales incluyen presentación periódica, prohibición de salida del país y la restricción de ofrecer declaraciones públicas a medios de comunicación, manteniéndose abiertos los procesos judiciales en su contra.

El mayor Girón Contreras permanecía detenido desde el 13 de abril de 2025 tras un procedimiento de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Maracay, estado Aragua, vinculado a la deserción de un familiar. Durante su privación de libertad, su pareja sentimental, quien fue detenida junto a él estando embarazada, dio a luz en el penal en octubre de 2025 y fue excarcelada en marzo de 2026. Por su parte, los suboficiales Aguilar, Jiménez, García y Noguera permanecían bajo la jurisdicción penal militar acusados de presunta desobediencia y conspiración.

A pesar de estas medidas, el grueso de los efectivos pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) continúa tras las rejas. Un registro facilitado a Efecto Cocuyo por la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabiliza exactamente 198 funcionarios y exintegrantes de organismos de seguridad en condición de prisioneros políticos.

Por solicitud de la ONG y a petición de las familias, que buscan resguardar la integridad y la seguridad de sus allegados, la nómina completa no se difunde de manera pública, aunque el documento permite establecer los rasgos dominantes de esta población penal.

Predominio de la GNB y el Ejército

Los datos del registro facilitados por JEP exponen que los componentes terrestres y de orden público de la Fanb concentran la abrumadora mayoría de los expedientes de presos políticos militares.

El registro señala que la Guardia Nacional Bolivariana se sitúa a la cabeza con 81 efectivos y exefectivos privados de libertad, seguida por el Ejército, que suma 78 funcionarios recluidos.

En los expedientes figuran nombres como el del general de brigada Héctor Armando Hernández Da Costa, perteneciente a la GNB y procesado en la causa del atentado con drones de 2018, y el del coronel del Ejército Oswaldo Valentín García Palomo, vinculado a la Operación Constitución.

En menor proporción figuran la Aviación Militar Bolivariana, con cinco efectivos registrados, y la Armada Bolivariana, con dos funcionarios procesados en causas penales militares y ordinarias. Asimismo, el documento registra a 20 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), entre ellos detectives y agentes aprehendidos durante los primeros meses de 2026 en el Distrito Capital. 

Completan el listado tres exmiembros de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), tres efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tres antiguos integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), un agente de la Policía de Aragua y dos funcionarios de otras policías regionales o municipales, para alcanzar la totalidad de los 198 expedientes.

Diversidad de centros de reclusión y expedientes de larga data

El mapa de reclusión de los militares y policías procesados por motivos políticos muestra una concentración en el centro del país, encabezada por el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en Los Teques, estado Miranda, y las instalaciones de los centros penitenciarios Rodeo I y Rodeo II en Guatire, Miranda, donde permanecen recluidos oficiales superiores y subalternos.

Otros recintos que albergan a presos políticos uniformados son el penal militar de Fuerte Guaicaipuro, en Miranda; la sede principal de la Dgcim en Boleíta, al este de Caracas; el Centro Penitenciario de Tocuyito, en el estado Carabobo; Yare III y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), también en el estado Miranda. Asimismo, el registro contempla casos específicos que cumplen medida de arresto domiciliario, como el del general de brigada retirado de la GNB, José de Jesús Gámez Bustamante, de 65 años, privado de libertad desde enero de 2015.

Al revisar la antigüedad de los expedientes facilitados por JEP, el caso de mayor data corresponde a los hermanos Juan Bautista Guevara Rodríguez, de 64 años, y Rolando Jesús Guevara Pérez, de 65 años, junto a Otoniel José Guevara Pérez, de 68 años, exfuncionarios de la extinta PTJ privados de libertad desde noviembre de 2004 en relación con la investigación por el homicidio del fiscal Danilo Anderson. 

En la lista le sigue el general retirado de la Guardia Nacional José de Jesús Gámez Bustamante, detenido en enero de 2015. Igualmente figuran procesados de la Operación David de 2017, entre los que destaca el capitán retirado Juan Carlos Caguaripano Scott, y detenidos de la Operación Gedeón de 2020, como el capitán Antonio José Sequea Torres. En el extremo opuesto, las aprehensiones más recientes corresponden a funcionarios del Cicpc y efectivos aprehendidos entre enero y febrero de 2026.

Rangos de edad de los detenidos

El análisis del rango de edad de los prisioneros políticos militares evidencia que las detenciones abarcan desde jóvenes suboficiales que iniciaban su carrera institucional hasta oficiales retirados que superan los 60 años, según el registro de JEP. 

El grupo de mayor volumen poblacional se ubica entre los 20 y los 35 años, integrado mayoritariamente por sargentos, cabos y tropas profesionales aprehendidos en sucesos como la protesta militar de Cotiza en 2019, la incursión de Macuto en 2020 y procedimientos en unidades fronterizas. Entre los jóvenes de menor edad registrados en las fichas del documento figuran sargentos de la Guardia Nacional y del Ejército con edades comprendidas entre los 22 y 25 años al momento de su aprehensión.

Un segundo renglón generacional, situado entre los 36 y los 50 años, concentra a capitanes, mayores y tenientes coroneles procesados en causas como el Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo de 2018 o la denominada Operación Boicot a la Asamblea Nacional.

Finalmente, el segmento de mayor edad agrupa a antiguos mandos militares y policiales que superan los 60 y 65 años de edad, acumulando en algunos casos más de dos décadas en reclusión o afrontando condiciones de salud complejas. Un porcentaje menor de las fichas facilitadas por JEP no especifica la edad exacta del detenido, aunque su nivel jerárquico se corresponde con la tropa profesional y suboficiales de la institución militar.

Nota de autor: Las infografías realizadas para este artículo fueron hechas con Gemini IA.