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La destitución de Pedro Castillo de la presidencia de Perú la semana pasada, después de que el mandatario intentara disolver el Congreso e instalar un gobierno de emergencia, ha desatado una serie de protestas en el país.

Aunque en principio la decisión de removerlo fue tomada con normalidad, en el transcurso de los días comenzaron manifestaciones, bloqueos de carreteras y protestas en varias regiones peruanas, donde los manifestantes piden disolver el actual Parlamento y la restitución del expresidente.

Qué hizo Pedro Castillo

El pasado 7 de diciembre el entonces presidente anunció su decisión de disolver el Congreso, convocar una constituyente para reformar la Constitución peruana, decretar el toque de queda e instalar un gobierno de emergencia, que por decretos rigiera el destino del país.

Sin embargo, su decisión no tuvo la acogida del resto de los poderes públicos peruanos ni de los altos mandos policiales y militares, que condenaron la medida y la calificaron de golpe de Estado.

El mismo Congreso lo destituyó del cargo a las pocas horas con el voto de 101 de 130 diputados, al alegar que intentó subvertir el orden constitucional.

Castillo fue detenido y enviado a una cárcel donde el expresidente Alberto Fujimori purga una condena de 25 años.

Los legisladores nombraron presidenta a Dina Boluarte, hasta entonces la vicepresidenta de Castillo, que después de la alocución del mandatario dijo que había dado un golpe de Estado.

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Qué dicen los manifestantes

Después de la detención de Castillo y la condena de países como Colombia y México primero, después de Bolivia y Argentina, las protestas comenzaron en varias regiones del país.

Hasta ahora se contabilizan siete fallecidos en el marco de las manifestaciones, varias de ellas de jóvenes estudiantes.

Los peruanos que están en la calle demandan la disolución del actual Congreso y la restitución de Castillo como presidente de Perú.

Qué medidas tomó la nueva presidenta

Ante el recrudecimiento de las protestas, la presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en el país por 30 días, desde este miércoles 14 de diciembre.

Esto impiden derechos como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

El ministro de la Defensa, Alberto Otárola, justificó la medida por los bloqueos de vías y las acciones vandálicas y ataques a sedes policiales y otras instituciones en el marco de las manifestaciones.

«Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno», dijo el militar al justificar la medida de Boluarte.

Qué pasará con Castillo

Un juez decidió este jueves que el expresidente Pedro Castillo continúe en prisión. La Fiscalía peruana lo acusó de rebelión y otros delitos, cargos que también pesan contra su primer ministro Aníbal Torres.

Según el diario El Comercio, contra el líder sindical y maestro rural pedirán 10 años de cárcel, al considerar que intentó un golpe de Estado.

Además, el Ministerio Público peruano pidió que se mantenga en prisión preventiva por al menos 18 meses.

México defendió al exgobernante y dijo que estaba dispuesto a darle asilo, pese al rechazo de las nuevas autoridades.

Qué está pasando en Perú

La situación ha obligado a la suspensión de clases presenciales en Lima, la capital del país, los días jueves 15 y viernes 16 de diciembre, reportó el diario La República. Este medio destaca que ya desde el lunes 12 de diciembre en zonas como Ica y Cusco no hay actividades académicas.

En Puno este miércoles los manifestantes intentaron sin éxito tomar un aeropuerto, por lo que se enfrentaron a la policía y militares. En Apurímac incendiaron una sede judicial, mientras se reportó el séptimo fallecido en las manifestaciones, un joven de 19 años que murió en un hospital de la región de Abancay.

La tensión política ha llevado a Boluarte, quien en su juramentación aseguró que gobernaría hasta 2026, a plantear a los congresistas el adelanto de las elecciones presidenciales. Aunque en principio propuso hacerlas en 2024, ahora pidió que se hagan en 2023, pero un grupo de diputados se niega a que sea antes de dos años.

Con información de Efe, El Comercio, La República y Latina