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Ecuador está sumido en una nueva crisis política.

El país sudamericano lleva más de una semana de protestas encabezadas por la comunidad indígena para exigir al gobierno de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas, en el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo.

En un principio, las manifestaciones se concentraron en la región norteña de Pichincha, que incluye a la capital, Quito, y los vecinos Cotopaxi e Imbabura. Pero en la mayoría de las 24 provincias ecuatorianas ha habido algún tipo de movilización.

Durante las jornadas de protesta bloquearon carreteras en diversos puntos del país. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han dejado hasta este martes dos muertos y decenas de heridos -entre manifestantes y policías- y detenidos.

Ante esto, el presidente Lasso decretó el viernes por la noche el estado de excepción por 30 días en las tres regiones más afectadas para garantizar, dijo, «la defensa de nuestra capital y nuestro país».

Pero luego emitió un nuevo decreto de emergencia para incluir a las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.

«Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos, quieren botar [sacar] al presidente», dijo Lasso el lunes en un nuevo mensaje publicado en sus redes sociales.

Aseguró que el sábado pasado dio respuesta a las demandas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que ha convocado las protestas, en temas de salud, educación, y economía.

«Estamos atendiendo las legítimas demandas ciudadanas. Su respuesta [de la Conaie], más violencia. Nuevas amenazas de atacar a Quito», señaló Lasso.

Con el decreto de estado de excepción, el Estado restringe el libre tránsito y permite que las autoridades implementen el uso «progresivo de la fuerza» para «neutralizar las acciones violentas».

La Conaie, por su parte, ha solicitado para negociar que se derogue el estado de excepción y que se desmilitaricen zonas de asistencia humanitaria y la Casa de la Cultura en Quito, lugar tradicional de reunión de las organizaciones indígenas cuando marchan a la capital.

Este lunes, una iniciativa de más de 300 organizaciones de la sociedad civil para fomentar el diálogo, con respaldo de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, fue aceptada por el gobierno, pero recibida con condiciones por los líderes indígenas.

«(Necesitamos) organizar, discutir y afinar procedimientos sobre nuestras posturas y respuestas de cara al nuevo acercamiento con resultados que habíamos solicitado. Esto supone una voluntad para bajar las acciones represivas: derogar el estado de excepción y desmilitarizar el parque El Arbolito para sostener nuestra asamblea general. No acudiremos al llamado de actores con nula legitimidad, nuestro espíritu siempre latente, y la voluntad de diálogo siempre con resultados», dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

A continuación te explicamos el conflicto en tres puntos:

1. ¿Quiénes protestan?

Las protestas de esta semana fueron convocadas por la Conaie, un grupo creado en 1986 y que aglutina a las poblaciones originarias del país sudamericano.

Leonidas Iza, uno de los protagonistas de las manifestaciones, fue detenido -y liberado el 15 de junio- por presuntamente paralizar el transporte público al bloquear una vía y exhortar a que se radicalizaran las protestas.

Iza, de 40 años, comenzó a dirigir la Conaie en 2021, pero se forjó como líder durante las protestas de 2019, cuando organizaba grupos campesinos para que se manifestaran en contra del alza del combustible luego de varias medidas impuestas por el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno.

El sábado pidió a Lasso que escuche los reclamos de quienes protestan y le sugirió «tener cinco sentidos para entender la realidad de la mayoría del pueblo ecuatoriano». «Estamos viviendo absolutamente en la crisis y (…) no soportamos más», dijo.

De acuerdo con medios locales, además de la Conaie se unieron a las manifestaciones gremios de trabajadores y estudiantes universitarios.

2. ¿Cuáles son los reclamos?

Uno de los principales reclamos de los manifestantes es el control de precios del combustible.

El costo de estos productos ha aumentado considerablemente desde 2020.

El precio del diésel casi se duplicó, de US$1 a US$1,90 por galón (3,8 litros), y la gasolina aumentó de US$1,75 a US$2,55, según estimaciones de la agencia AFP.

En las protestas también se pide la protección de los territorios indígenas, así como el aumento del gasto público en áreas medulares del gobierno.

La Conaie detalló sus exigencias en diez puntos con una infografía publicada en su cuenta de Twitter el 9 de junio. Estas son:

• Reducir los precios del combustible;
• Fijar una moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas;
• Garantizar el empleo y los derechos laborales;
• Que haya precios justos en los productos del campo;
• No explotar la minería en los territorios indígenas;
• Respetar los derechos colectivos;
• No privatizar los servicios estratégicos;
• Desarrollar políticas para controlar la especulación en los precios;
• Otorgar mayor presupuesto para salud y educación;
• Adoptar medidas para mejorar la seguridad.

3. ¿Cómo respondió el gobierno?

En un intento por calmar las manifestaciones, Lasso anunció el viernes un aumento en el subsidio mensual para las familias más pobres de Ecuador.

El valor del bono de desarrollo humano subirá de US$50 a US$55.

Además, la agencia Efe informó que el gobierno condonará créditos vencidos de hasta US$3.000 en el Banco Estatal de Desarrollo y que subsidiará a pequeños y medianos agricultores con la mitad del costo de fertilizantes.

De la misma forma, el presidente declaró un estado de emergencia para el sistema de salud pública del país y prometió duplicar el presupuesto de la educación intercultural para las comunidades indígenas.

También abrió créditos de hasta US$5.000 para los agricultores al 1% de interés y a 30 años de plazo.

Con respecto al precio del combustible, el gobierno dijo que no habrá aumento del diésel, el gas y la gasolina extra.