Piden a México reactivar investigación sobre red de corrupción ligada a Alex Saab y los Clap

Ante la deportación de Alex Saab desde Venezuela hacia Estados Unidos, la ONG Transparencia Venezuela exigió al gobierno de México reactivar las investigaciones sobre la red de corrupción transnacional ligada al exministro de Comercio y el programa de alimentos Clap, en el que participaron empresas mexicanas.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, señaló que el caso de Saab no se trata de una simple “irregularidad comercial”, sino de un esquema de gran corrupción que incluyó sobreprecios, lavado de dinero, distribución de alimentos de baja calidad y graves afectaciones a la población venezolana.

“La población venezolana perdió en promedio dos tallas entre 2015 y 2017”, recordó De Freitas, vinculando directamente la corrupción en los CLAP con la crisis humanitaria que provocó una masiva ola migratoria.

Durante una entrevista con CNN, De Freitas aseguró que México tiene la responsabilidad de romper el silencio y reactivar de inmediato las investigaciones sobre los vínculos del empresario colombiano con empresas de ese país.

Según informaciones en esa nación, la relación de Alex Saab con México no es marginal ni anecdótica: fue un nodo operativo clave en el esquema de importaciones de alimentos del programa CLAP, uno de los principales mecanismos que el gobierno de Nicolás Maduro utilizó para distribuir comida en medio de la crisis humanitaria venezolana, mientras presuntamente se desviaban recursos millonarios.

Según investigaciones periodísticas y acusaciones estadounidenses, en 2016 un gobernador cercano a Maduro contrató a una empresa vinculada al socio de Saab, Álvaro Pulido, para importar desde México 10 millones de cajas de alimentos. El precio pactado fue de 34 dólares por caja, muy por encima del costo real de adquisición y envío.

Saab habría participado en la creación de una red de empresas para ocultar pagos de sobornos, según la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. en Miami, donde aparece identificado como “Coconspirador 1”.

En 2020, Estados Unidos sancionó varias empresas con sede en México por formar parte de esquemas “petróleo por alimentos” que permitieron al régimen venezolano evadir sanciones y oxigenar financieramente a PDVSA.

Operaciones que se gestaron en territorio mexicano, con empresas constituidas allí y decisiones que, según denuncias, involucraron flujos financieros detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El político y columnista del medio Proceso Jorge Triana, en su texto “Saab: Eje México-Caracas”, ha señalado con claridad que, pese a denuncias, congelamientos de cuentas y litigios, el expediente nunca avanzó hacia los niveles más altos del gobierno anterior. La investigación se fragmentó, se blindó a la cúpula y se limitó a funcionarios de menor rango.