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Panamá cumplió. El consejo de gabinete del Gobierno de Juan Carlos Varela decidió este martes 10 de abril suspender las operaciones de siete aerolíneas venezolanas que vuelan hacia el país centroamericano, una «medida de retorsión» que se aplica cinco días después de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) de Venezuela hiciera lo mismo contra la línea aérea panameña Copa Airlines.

Así lo dio a conocer la Presidencia panameña en su sitio web, donde justificó la acción en el marco de la «ley de retorsión y en virtud del principio de reciprocidad que rige las relaciones internacionales«, después de que el pasado jueves 5 de abril el Gobierno de Nicolás Maduro emitió sanciones contra 46 empresas panameñas, así como personalidades políticas y empresarios de esta nación.

La suspensión, que se hará efectiva a partir del próximo miércoles 25 de abril, aplicará contra la estatal Conviasa y las privadas  Aeropostal, Avior Airlines, Laser, Ravsa, Santa Bárbara Airlines y Turpial Airlines, a las que les prohíbe «todas las actividades de transporte aéreo, de pasajeros y carga».

El 5 de abril, una resolución conjunta de los ministerios de Interior, Justicia y Paz; Comercio Exterior e Inversión Internacional y Economía y Finanzas venezolanos, acordó la suspensión de actividades comerciales con ese grupo de personas y empresas panameñas por “el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público«.

Esa medida que aplica también al presidente Varela y su vicepresidenta, entre otros funcionarios del Gobierno panameño, se dio en respuesta a la decisión de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), que publicó una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Después de que se conociera la prohibición de operaciones contra Copa Airlines, Varela se quejó de esta acción al considerar que, más que a la aerolínea comercial, afectaba principalmente a los venezolanos que van a Panamá para buscar medicinas, alimentos y otros productos escasos en el territorio nacional, pero cuatro días después resolvió responder con la misma moneda a Maduro.

En el país, de las 22 líneas aéreas internacionales que había en Venezuela en el año 2015, 10 de ellas cesaron sus operaciones, que abandonaron sus operaciones a partir del año 2016 debido al incumplimiento de pagos y la deudas del Ejecutivo nacional con estas empresas, lo que ponía en peligro su operatividad y rentabilidad en suelo nacional.

El Ejecutivo panameño recordó que la decisión adoptada en marzo por la Comisión contra el Blanqueo de Capitales se fundamenta «según la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, faculta al Consejo de Gabinete a proponer y optar por medidas recíprocas para salvaguardar los intereses económicos y comerciales de la República de Panamá.

Además los dos países llamaron a sus respectivos embajadores de vuelta a sus naciones, un capítulo más de una crisis diplomática entre Maduro y una nación que ha condenado la falta de democracia en el país y cuestiona las elecciones presidenciales previstas para el próximo 20 de marzo.

Foto: Presidencia de Panamá

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