Marco Rubio explica la apuesta de Washington por Alejandro Betancourt

El acuerdo petrolero anunciado recientemente por la administración del presidente Donald Trump para asumir la gestión y dinamización de campos en Venezuela descansa sobre la figura del controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt López, reveló una investigación publicada por The New York Times.

Pese a los cuestionamientos judiciales y las críticas por su pasado como contratista clave durante el gobierno de Hugo Chávez —lo que le valió ser catalogado dentro del grupo conocido como los «bolichicos»—, altos funcionarios de la administración estadounidense, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, defienden su papel central en el plan energético por estrictas razones técnicas y operativas.

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Pragmatismo operacional sobre el terreno

De acuerdo con el informe de The New York Times, la decisión de otorgar un rol protagónico a la firma vinculada a Betancourt en la nueva empresa conjunta responde al pragmatismo de Washington. Tras la renuencia de gigantes petroleros como ExxonMobil o Chevron a asumir compromisos de gran envergadura a corto plazo en el país, las autoridades estadounidenses optaron por apoyarse en la infraestructura privada que Betancourt ya tiene desplegada en territorio venezolano.

Las tres claves planteadas desde la diplomacia estadounidense para justificar la elección de Betancourt incluyen:

Estructura logística y activos existentes: La compañía de Betancourt cuenta con contratos, equipos y operaciones activas en los yacimientos petroleros, lo que ahorra meses o años de instalación logística en comparación con la llegada de nuevos inversionistas extranjeros.

Proyección de incremento acelerado de crudo: Para el gobierno de EE. UU., el objetivo primordial es elevar la producción de barriles diarios en el menor tiempo posible. La administración confía en que el empresario posee la capacidad logística para alcanzar los volúmenes exigidos para el mercado internacional.

Canal operativo indispensable: A través del Pentágono y del Departamento de Estado, Washington ha buscado estructurar un mecanismo directo de fiscalización y ejecución en el terreno. Betancourt actúa como el socio operativo sobre el cual recae la implementación rápida del plan.

Sombra de investigación y dudas legales

El reportaje de The New York Times destaca que la figura de Betancourt despierta severas dudas y críticas entre analistas, juristas e inspectores. El inversionista ha sido objeto de investigaciones internacionales por presunto lavado de dinero en España y contrataciones sin licitación en el sector energético venezolano durante la crisis eléctrica.

No obstante, el Departamento de Estado defiende que el esquema de supervisión bajo el cual se desarrollará la empresa conjunta permitirá garantizar los intereses de seguridad energética de Estados Unidos, priorizando los resultados de extracción de crudo en la fase inicial del histórico pacto.

El nexo con el interinato y el “lobby” en Washington

El reporte de The New York Times rescata además las conexiones políticas que Leopoldo Alejandro Betancourt López (su nombre completo) tejió durante los últimos años con el liderazgo de la oposición venezolana. Según la investigación periodística, el empresario financió parte de las actividades del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó a partir de 2019, aprovechando sus vínculos familiares al ser primo del dirigente político Leopoldo López. En aquel momento, Betancourt se posicionó tras bastidores como un facilitador clave entre los sectores opositores y la administración estadounidense.

Entre las gestiones diplomáticas atribuidas al inversionista se destaca un viaje a Moscú donde entregó una comunicación oficial enviada por la directiva de la Asamblea Nacional de 2015, en la que se solicitaba al Kremlin retirar su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, en el punto máximo de las presiones de Washington en 2019, Betancourt contrató a Rudy Giuliani —abogado personal del entonces presidente Trump— para realizar un cabildeo estratégico ante el Departamento de Justicia de EE. UU., argumentando que sus gestiones eran cruciales para los objetivos de política exterior de la Casa Blanca y el proyecto del interinato.

De la conspiración a la mesa de negocios

Analistas consultados por el diario neoyorquino destacan el viraje pragmático que supuso la presencia de Betancourt en la negociación del reciente acuerdo energético. Tras haber sido investigado por la justicia estadounidense por presunto lavado de dinero por más de 1.200 millones de dólares y de haber participado en los esfuerzos políticos para desplazar al chavismo del poder, el “bolichico” transitó hacia un rol de interlocutor con capacidad de articulación operativa en Caracas.

Esta flexibilidad, según el informe, fue la que terminó convenciendo al secretario de Estado, Marco Rubio, y a los estrategas del Pentágono de que Betancourt representaba la vía más expedita para destrabar la explotación de yacimientos y acelerar el retorno de barriles venezolanos al mercado internacional.