La ultraderecha chilena exigió este viernes al presidente Gabriel Boric que expulse a diplomáticos venezolanos, congele las relaciones con Caracas y convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en respuesta al asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido varias semanas atrás y cuyas circunstancias aún se desconocen.
La exigencia planteada por diputados y senadores del Partido Republicanos se produce horas después de que el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, indicara en el marco de un programa de una televisión chilena que la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trataría de un asesinato ordenado desde Venezuela
“Hasta el momento no tengo otros antecedentes que nos demuestren o que nos indiquen hacia otro lado. Hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él en la comisión de algún ilícito, por lo tanto, la única tesis que queda vigente es la que usted indica», explicó Barros en respuesta a si respondía a un móvil político.
«Nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”, añadió después, pero sin responder si se habría orquestado a través del crimen organizado o de la inteligencia venezolana.
En este contexto, representantes del partido de extrema derecha liderado por José Antonio Kast exigieron este viernes al Gobierno que convoque al Cosena para “discutir y adoptar medidas estrictas frente a la grave vulneración de nuestra soberanía nacional por parte de la dictadura de Nicolás Maduro”.
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Entre ellas, congelar las relaciones con Caracas, “al menos hasta tener la certeza de que estos grupos de delincuentes están fuera del país”, afirmó en la senadora republicana, Carmen Gloria Aravena, en alusión a los migrantes venezolanos.
«Los análisis del Gobierno de Chile ya no son suficientes ni representan un consuelo para los familiares de las víctimas. Necesitamos saber cuántos inmigrantes ilegales han sido expulsados y cuántos quedan aún por expulsar de nuestro país”, recalcó.
Por su parte, los diputados Cristian Labbé y Gustavo Benavente, miembros del partido de derecha Unidad Democrática Independiente (UDI), creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), también exigieron al Gobierno que presente una denuncia contra Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y le acuse de promover el crimen organizado y la migración irregular en la región.
Además, criticaron las declaraciones realizadas esta mañana por la ministra chilena de Interior, Carolina Tohá, que recordó que la colaboración con Venezuela es necesaria tanto para esclarecer el crimen de Ojeda como para capturar a sus presuntos autores –que según la fiscalía habrían huido de Chile– y coordinar la expulsión de ciudadanos en situación migratoria irregular.
“Las declaraciones de la ministra Tohá no sólo son insólitas y absurdas, sino que demuestran una absoluta complacencia con el régimen de Venezuela. No hay ningún chileno en este minuto, salvo las autoridades de Gobierno, que crean que la dictadura de Maduro va a tener el interés de cooperar en esta investigación”, señalaron.
“Si el Gobierno no está de acuerdo con romper relaciones con el régimen de Venezuela, la ministra no necesitaba demostrar ese nivel de ingenuidad”, agregaron.
La tensión con Venezuela se ha reactivado en las últimas horas después de que la madrugada del jueves un agente de la policía militarizada Carabineros de Chile muriera en un tiroteo con un grupo de delincuentes que se dedicaban a robar móviles a transeúntes, tres de los cuales eran venezolanos y uno colombiano.
Uno de los delincuentes tenía una orden de expulsión no efectuada desde 2020.