Dos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas expresaron este lunes, en un comunicado, su «profunda preocupación» ante la reciente modificación de una ley aprobada por el Congreso de Perú, que penaliza con fuertes multas el alquiler de viviendas a migrantes sin estatus regular.
«La vivienda es un derecho humano de todas las personas, independientemente de la nacionalidad y la condición migratoria. Nadie debería verse obligado a quedarse sin hogar», afirman Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, y Felipe González Morales, relator especial sobre los derechos humanos de las personas migrantes.
«Las personas migrantes y refugiadas, como cualquier otra persona, deben estar protegidas frente a los desahucios y tener acceso a una vivienda que les permita vivir con dignidad», añaden.
Las estimaciones indican que en Perú hay más de 650.000 personas sin estatus formal de residencia. Miles de ellas corren el riesgo de quedarse sin hogar si se multa a los propietarios que les proporcionan alojamiento.
«Albergar a un gran número de personas migrantes y refugiadas en Perú es un reto, pero criminalizar a las y los propietarios que alquilan viviendas y alojamiento a personas migrantes indocumentadas empeorará aún más la situación«, señalaron los expertos.
Coste para los peruanos también
La decisión del legislativo no solo afectará a cientos de miles de personas migrantes, sino también a miles de familias peruanas que dependen de los ingresos por alquiler, asegura la ONU en un escrito divulgado a la prensa
Los expertos habían planteado el año pasado que la reforma legislativa no se ajustaba a los tratados internacionales de derechos humanos, ya que “pone en riesgo los derechos humanos de la población migrante y refugiada en el país”.
La semana pasada, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que las nuevas disposiciones legales no cumplen con las obligaciones del estado en materia de derechos humanos.
«Instamos al Tribunal Constitucional de Perú a que garantice que en el país se respeta el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, sin discriminación alguna», concluyen los expertos.