El Parlamento Europeo aprobó este jueves, 13 de julio, una resolución en la que condena las inhabilitaciones políticas a opositores venezolanos.
Esta decisión se produce semanas después de que la Contraloría General de la República emitió una medida que impide a la candidata de Vente Venezuela, María Corina Machado, participar a cargos de elección popular por 15 años.
Machado, quien es una de las 14 aspirantes que busca convertirse en la candidata presidencial de la oposición, lidera los sondeos de opinión para ser la aspirante de la plataforma unitaria democrática.
La pena que le impuso la Contraloría no la dio a conocer el organismo, sino un diputado de la Asamblea Nacional de 2020 y disidente de la oposición venezolana, el legislador José Brito.
Para el Parlamento Europeo las inhabilitaciones políticas son «arbitrarias e inconstitucionales», y que también le impediría a Henrique Capriles o Freddy Superlano ser candidatos presidenciales, si alguno de ellos gana las primarias del 22 de octubre.
Piden elecciones libres y transparentes
Como lo hizo la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en los comicios regionales y municipales de noviembre de 2021, la Eurocámara pidió que en el país se organice un proceso que permita «establecer las condiciones necesarias para garantizar unas elecciones justas, libres, inclusivas y transparentes».
La resolución de los eurodiputados tuvo el apoyo de 495 votos, aunque también hubo 25 en contra y 43 abstenciones.
El Parlamento reconoció que la oposición venezolana ha hecho esfuerzos «por organizar elecciones primarias como solución democrática para los venezolanos que se hallen tanto en el país como en el extranjero».
También insistieron en pedir que la Unión Europea debe apoyar el retorno a la democracia en este país y «presionar al régimen venezolano para que libere a todos los presos políticos».
Igualmente le dieron su respaldo a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el gobierno de Nicolás Maduro.
Este proceso comenzó en el año 2018, pero fue el pasado 27 de junio cuando la Sala de Cuestiones Preliminares aprobó que continuara el proceso contra Miraflores, que rechazó la decisión y anunció que apelará la medida, una acción que está permitida en el Estatuto de Roma, documento por el que se rige el funcionamiento de la CPI.
Con información de Efe