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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) convocó para el próximo viernes una audiencia para examinar el indulto que la Justicia peruana otorgó al expresidente Alberto Fujimori, y además pidió al Estado abstenerse de ejecutar la liberación del político.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, emitió este miércoles, 30 de marzo, una resolución, ante un pedido de medidas provisionales, en la que convoca a los representantes de las víctimas, del Estado de Perú y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública para el 1 de abril.

En la resolución, la Corte también decidió «requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales».

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que actúa como representante de las víctimas en los procesos ante la CorteIDH, había adelantado horas antes algunos detalles de esta resolución del tribunal continental.

Perú se mantiene a la expectativa de la liberación del expresidente Fujimori (1990-2000), de 83 años, mientras que su defensa intenta acelerar el trámite judicial que le permitirá abandonar la cárcel gracias a un indulto humanitario otorgado por el Tribunal Constitucional.

Fujimori fue condenado por la Justicia peruana en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

La Corte Interamericana también condenó a Perú en 2001 por el caso Barrios Altos y en 2006 por el de La Cantuta, y ordenó al Estado castigar a los responsables.

El Gobierno del presidente Pedro Castillo anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar revertir el indulto, dado que ese tribunal le pidió al Estado peruano sancionar los delitos por los cuales fue sentenciado el exmandatario hace 13 años.

Tras conocerse la decisión del alto tribunal constitucional peruano, la Justicia ordenó el impedimento de salida del país durante 18 meses a Fujimori para que acuda a las citaciones por el caso que aún se le sigue de Pativilca, una matanza de seis personas perpetrada en 1992. 

Keiko Fujimori califica de injusta la decisión de CorteIDH sobre su padre

La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori calificó este miércoles de «precaria» e «injusta» la medida anunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), de pedir al Estado peruano que no cumpla con liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

A través de un audio compartido en sus redes sociales, la lideresa opositora comentó que una corte internacional «reconocida desde siempre por su sesgo ideológico» pretende impedir, a través de un documento, la excarcelación de su padre.

«Mi familia siente un gran dolor al confirmar que, cuando se trata de mi padre, no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida», expresó.

La exlegisladora añadió que ahora está en manos del Gobierno de Pedro Castillo «allanarse o no a una medida tan precaria como injusta».

Opinó que si existiera «un mínimo de equilibrio» en su evaluación, el Ejecutivo «no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional», que restituyó el indulto otorgado a Fujimori en 2017 y por el cual se esperaba su liberación.

No obstante, Keiko Fujimori advirtió que en el caso de que el Ejecutivo ceda ante «una maniobra tan perversa e inhumana», su familia hace responsable «a este Gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y en la salud de Alberto Fujimori».

La decisión de la CorteIDH de pedir al Estado peruano abstenerse de liberar a Fujimori atrasará su excarcelación al menos hasta el 6 de abril, cuando este tribunal sesionará, opinó este miércoles el abogado del exmandatario, César Nakazaki.

El letrado declaró a Canal N que la orden de la CorteIDH es una medida de urgencia que adopta su presidente, pero que no considera a todos sus magistrados, los que se reunirán el próximo 6 de abril en su sesión de audiencias.

«Tiene que ser notificada y la Corte Suprema (de Perú) es la llamada a decidir si acatará o no», afirmó el letrado.

Sin embargo, Nakazaki estimó que con esta medida Fujimori no podrá salir hasta el 6 de abril, fecha en que se realizará la sesión de audiencias de la CorteIDH en la que se conocerá su decisión completa.

La Corte Interamericana requirió al Estado peruano abstenerse de liberar a Fujimori con el fin de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de dos casos de violaciones a los derechos humanos, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales fue condenado a 25 años de cárcel en el 2009.

Los familiares de las 25 víctimas de estos casos solicitaron medidas provisionales a la CorteIDH cuando el Tribunal Constitucional de Perú admitió un habeas corpus que restituyó el indulto humanitario otorgado a Fujimori en 2017.