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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó este viernes, 25 de febrero, su preocupación por el incremento de la «violencia estructural» en Colombia, e instó al Gobierno a que ponga en práctica las medidas establecidas en el Acuerdo de Paz.

En 2016, el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) concluyeron un acuerdo para poner fin al conflicto armado que se inició en ese país suramericano a comienzos de la década de 1960.

El acuerdo incluyó estipulaciones para la desmovilización y el desarme de los grupos armados no estatales, incluidas las organizaciones guerrilleras de izquierda y las bandas armadas de derecha.

En su comunicado, la Cidh señaló que en 2021 la Policía Nacional de Colombia registró un incremento del 14 % en el número de personas asesinadas en el país en comparación con 2020.

De los 13.708 homicidios registrados en 2021, 10.371 personas fueron asesinadas con arma de fuego y, según información pública, 8.095 de estos se catalogan como «sicariato», apuntó el comunicado.

La mitad de los homicidios ocurrió en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander, «en regiones que se caracterizan por una limitada presencia del Estado y por las afectaciones del conflicto armado», según la comisión.

«La Cidh observa que, en esas regiones, los hechos de violencia están particularmente conectados con la actuación de grupos armados no estatales y que afectan de manera desproporcionada a personas campesinas, indígenas, afrodescendientes, así como aquellas que actúan en la labor de defensa de derechos o con liderazgo social», expresó.

Por otra parte, añadió, la Defensoría del Pueblo ha registrado que, durante el 2021, fueron asesinadas 145 personas defensoras y con liderazgo. El 70 % de estos homicidios ocurrieron en Antioquia (24), Cauca (22), Valle Del Cauca (19), Chocó (10), Nariño (9), Norte de Santander (9) y Putumayo (9).

La Cidh instó al gobierno de Colombia a que investigue estos crímenes, y redoble sus esfuerzos «para el desarrollo e implementación de políticas públicas con enfoques de derechos humanos destinadas a transformar las causas estructurales de la violencia».