El extesorero del gobierno de fallecido presidente Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien se convirtió en uno de los colaboradores más estrechos de Washington en las investigaciones sobre presunta corrupción en Venezuela, recuperó el miércoles su libertad, de acuerdo con su abogado y la Oficina Federal de Prisiones.
Andrade Cedeño, quien en octubre recibió una reducción del 65 % de su condena original de diez años de prisión, se había declarado culpable y fue condenado en octubre 2018 por haber participado en una asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos.
“Como residente legal de Estados Unidos, hoy finalmente estará en compañía de su querida familia y feliz de haber cumplido con su sentencia y obligaciones con el gobierno estadounidense”, expresó a The Associated Press el abogado de Andrade, Michael Díaz. “Espera tener un poco de paz y tranquilidad”. No ofreció detalles de dónde vivirá.
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El «Tuerto» Andrade permanecía detenido desde febrero de 2019 y de acuerdo con el sitio de la Oficina Federal de Prisiones, el 16 de febrero salió de la Institución Correccional Federal de Loretto, en Pensilvania.
El exfuncionario venezolano, quien ascendió de guardaespaldas a tesorero de Chávez, es el testigo más importante que ha tenido hasta ahora Estados Unidos para investigar la corrupción del régimen del fallecido mandatario venezolano.
La liberación de Andrade tiene lugar en momentos en que el gobierno estadounidense ha puesto también su mirada sobre Nicolás Maduro. Uno de sus colaboradores, el empresario colombiano Alex Saab, fue extraditado a finales de 2021 desde Cabo Verde y enfrenta acusaciones de lavado de dinero provenientes de negocios corruptos con Venezuela.
Saab se convirtió en 2018 en colaborador de la DEA y en una “fuente activa” de información sobre los sobornos que pagó a funcionarios de Venezuela, de acuerdo con documentos que se hicieron públicos el miércoles.
Alex Saab, quien está acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el régimen de Maduro, giró más de 10 millones de dólares a la DEA como parte de un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses que incluyó numerosas reuniones con agentes y fiscales en Colombia y en Europa.
