Justicia virtual en un palacio sin wifi

ESPECIALES · 11 MAYO, 2020 09:30

Justicia virtual en un palacio sin wifi

Texto por Edgar López y María Victoria Fermín Fotos por Mairet Chourio

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Edgar López y María Victoria Fermín

“Magistrada Bárbara César: el COVID-19 está entorpeciendo el ejercicio cierto de la justicia”

“Laura Louza: El Poder Judicial opera al servicio del gobierno y no del ciudadano”

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“Quienes tengan teléfono inteligente, por favor descarguen la aplicación –Zoom Cloud Meeting– para que puedan participar. Quienes no cuenten con teléfono o no puedan descargar la APP notifiquen al tribunal para que esté al tanto”. Así reza un instructivo extraoficial del primer ensayo de “justicia virtual” en el Palacio de Justicia de Caracas que se habría llevado a cabo la primera semana de mayo.

Quienes promueven la justicia virtual en tiempos de cuarentena por el COVID-19 no pueden garantizar que todos los jueces, secretarios, fiscales, defensores públicos y abogados litigantes cuenten con los dispositivos móviles imprescindibles: teléfonos inteligentes, laptops o tablets. Ni siquiera para la audiencia de presentación de detenidos en comisión flagrante de delitos, que es el único acto procesal que se está llevando a cabo desde el pasado 20 de marzo.

Se da por descontado que para estas pruebas pilotos cada quien deberá usar sus datos móviles, porque el Palacio de Justicia no dispone de wifi.

En términos del debido proceso, lo más grave es que todo lo que las personas detenidas tuvieran que alegar en su defensa quedaría limitado a la posibilidad de que el juez o el secretario les facilite los equipos para comunicarse con el resto de los actores que intervienen en la audiencia de presentación. Es muy poco probable que esa persona recién capturada, que es trasladada a los tribunales penales de Caracas, lleve consigo un teléfono inteligente, una laptop o una tablet.

Además, el requerimiento de poner al servicio del sistema de administración de justicia los equipos personales de cada uno de los participantes en una audiencia virtual confirma que el Palacio de Justicia de Cruz Verde, sede de los tribunales penales del Área Metropolitana de Caracas, no cuenta con la infraestructura imprescindible para realizar una conexión a distancia.

Justicia virtual en un palacio sin wifi

Sistema caído

Como evidencia de las deficiencias de conectividad vía internet de la sede tribunalicia, tres funcionarios judiciales consultados por separado por Efecto Cocuyo indicaron que la distribución de expedientes se está realizando de manera manual, porque “se cayó” el sistema electrónico que, en teoría, impediría entubar fraudulentamente las causas hacia tribunales complacientes, “y en esta contingencia por el COVID-19 es muy difícil restablecerlo”, explica un funcionario de la Unidad Receptora y Distribuidora de Documentos (URDD).

La “desconexión” del Poder Judicial venezolano es previa a la declaratoria de estado de alarma en Venezuela para afrontar por la pandemia por el nuevo coronavirus. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que cuenta con los mayores recursos del presupuesto asignado al sistema de administración de justicia venezolano, tiene su página web fuera de servicio desde el 31 de enero de 2020.

Sin ofrecer explicación alguna, el máximo juzgado del país viola su propia ley. El artículo 120 de la Ley Orgánica del TSJ establece que es su obligación “crear, mantener y actualizar un sistema de información físico y electrónico que contenga, entre otros, el esquema actualizado de su organización y funcionamiento, así como un mecanismo de comunicación e información electrónica disponible para todas las personas”.

Justicia virtual en un palacio sin wifi

Desde el 31 de enero de 2020, el sitio web del TSJ está fuera de servicio

Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, abunda en el carácter estructural de las deficiencias. Recuerda que en virtud del programa de modernización del Poder Judicial que se emprendió a finales de los 90 se instalaron las plataformas Tepuy XXI, para el TSJ, y Juris 2000, para el resto de los tribunales del país.

“El objetivo era que todas las partes de un proceso judicial tuvieran acceso online a través de un expediente electrónico. Se avanzó, pero nunca se logró la digitalización de todas las incidencias de cada proceso judicial. Había que invertir en infraestructura tecnológica, creación de redes, mantenimiento y formación de los operadores del sistema de administración de justicia. A partir de 2008, aproximadamente, estas iniciativas fueron abandonadas”, afirmó Louza.

La propuesta César Siero

La magistrada de la Sala Político Administrativa del TSJ, Bárbara Gabriela César Siero, difundió a través de su cuenta en Twitter @BarbaraCesarS una propuesta que apuntala la justicia virtual. El documento, publicado el 2 de mayo se denomina “Procedimiento especial y único de audiencias virtuales y/o a distancia, aplicables en situaciones extraordinarias, de fuerza mayor, excepcionales y/o calamitosas”.

César Siero comienza por preguntarse si el sistema de administración de justicia está paralizado por el COVID-19. Y al respecto señala: “Es menester constatar que actualmente NO (mayúsculas de la magistrada) se están desarrollando actividades judiciales propias de cada uno de los diferentes procesos en los expedientes, salvo excepciones por carácter de urgencia. Un gran número de solicitudes, medidas procesales en curso, no han podido seguir su curso normal, entorpeciendo el ejercicio cierto de la justicia”.

La magistrada menciona algunas iniciativas estatales para fomentar el uso de las tecnologías de información y comunicación en el sistema de administración de justicia de Venezuela, entre ellas el ensayo de la implementación del Expediente Judicial Electrónico en las jurisdicciones especiales de violencia contra la mujer y responsabilidad penal del adolescente.

Sin embargo, ella misma advierte que estas iniciativas “se han constituido en hechos aislados y sin un procedimiento único y uniforme a seguir; no hay cuerpo normativo que las regule (y) son aplicadas bajo la sana crítica de algunos/as jueces/zas, sin que esto se haya convertido hasta ahora en una política del Poder Judicial”.

César Siero repasa varias resoluciones y leyes sobre acceso a internet como derecho humano imprescindible para el desarrollo y sobre el infogobierno como ejercicio de transparencia democrática. Pero no alcanza a afirmar que han sido letra muerta.

Al invocar el artículo 44 de la Constitución que consagra el derecho a la libertad personal, la magistrada enumera a los y las que están directamente afectados por la restricción de actividades en los tribunales durante la cuarentena por el COVID-19:

“Quienes no han podido comunicarse, quienes no han sido informados/as, quienes encuentran menoscabado su debido proceso, en cualquier estado y grado del proceso, aun estando suspendidos los lapsos durante la cuarentena; quienes no han tenido acceso a las pruebas, al expediente, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, aun en cuarentena. Así mismo a quienes no puedan ejercer su derecho a ser oídos/as, aun en cuarentena”.

Durante la cuarentena solo se están tramitando casos de detenciones en comisión flagrante de delito

Y agrega: “De acuerdo al Art. 51 de la CRBV, quienes no puedan hacer uso de su derecho de petición y oportuna respuesta, constituyen otro supuesto de violación de derecho que es imperativo garantizar”.

César Siero se muestra entusiasta, pero no desconoce las carencias del Poder Judicial en términos de recursos humanos, materiales y tecnológicos, así como las fallas de internet en Venezuela, que obstaculizan su propuesta. Incluso, menciona expresamente entre los factores adversos la baja remuneración de los funcionarios judiciales, así como el deterioro de la calidad de la justicia y la corrupción. “La posibilidad de implementar esta propuesta a corto plazo, con éxito, es remota”, admite.

Litigantes escépticos

En Venezuela falla el servicio de los servicios: la electricidad. De modo que en el país resulta más difícil aplicar estrategias online para responder a los desafíos de la pandemia por el COVID-19.

En el caso de Argentina (citado por la magistrada César Siero) se establecieron prioridades: violencia de género (que suele aumentar en situaciones de confinamiento), atención a niños, niñas y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad y protección judicial efectiva al derecho a la salud, lo cual implica garantizar acceso a tratamientos y medicinas.

El ex juez penal y profesor universitario Jesús Ollarves se pregunta qué habrá ocurrido con estos ensayos de justicia virtual el 6 de mayo, cuando sobrevino un nuevo apagón que afectó a 16 estados del país.

Ollarves se refirió a alguno de los perjuicios de la “caída” de la página web del TSJ: “Si tú necesitabas, por ejemplo, hacer valer una decisión de un tribunal en otro de diferente jerarquía y competencia, bajabas de Internet la sentencia… Ahora los abogados tendremos que pagar gasolina en dólares o correr el riesgo de usar transporte público para ir hasta la sede del TSJ a solicitar una copia. Independientemente del número de copias, te piden que colabores con una resma de papel. Seamos serios, en el país no hay lo esencial para administrar justicia decentemente”

Para el abogado Joel García las audiencias virtuales nunca podrían sustituir el imprescindible contacto personal entre el defensor y su representado: “Antes de una audiencia tienes que conversar con tu defendido y enterarte de su versión de los hechos con el mayor nivel de detalle, a efectos de diseñar la estrategia de defensa más adecuada”.

García incorpora consideraciones sobre seguridad digital, al señalar que el desprestigio del Poder Judicial es tanto que hay razones para presumir que alguien puede intervenir la comunicación por videollamada entre el abogado y su representado.

El abogado Luis Sucre refirió una resolución del año 2016 que ya adelantaba “desarrollar la telemática para llevar a cabo las audiencias”. Manifestó que si bien la propuesta en papel es “espectacular”, la realidad de Venezuela -con uno de los servicios de Internet más lentos del mundo- es simplemente inviable.

El coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y abogado, Carlos Trapani, compara la propuesta de audiencias virtuales con las iniciativas gubernamentales de educación a distancia para concluir el año escolar. En su opinión, se corre el riesgo de que la tecnología profundice las desigualdades, en vez de garantizar el debido proceso.

Griselda Barroso, abogada especialista en violencia contra la mujer e integrante del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, manifiesta una inquietud similar a la de Trapani. “Todas estas iniciativas deben tomar en consideración la brecha digital por razones de género”, advierte.

“Muchas mujeres y testigos temen volver a enfrentarse, cara a cara, con el agresor. En ese sentido las audiencias virtuales pudieran ser útiles. Sin embargo, existen otros riesgos: la Ley admite la prueba libre, de modo que cualquier argumento verbal o físico puede convertirse en prueba, y la virtualidad puede anular los beneficios de la inmediación”, agrega Barroso.

La abogada especialista en derecho de familia, Jeslia Vergara, comentó que en materia de niños, niñas y adolescentes ciertas circunstancias ya han obligado a que se haga uso de las videollamadas, por ejemplo cuando se tramita un permiso de viaje o un cambio de residencia y uno de los progenitores vive fuera de Venezuela.

No obstante, se mostró escéptica sobre la posibilidad de realizar un juicio, por ejemplo, de privación de patria potestad o uno de adopción, con estas plataformas. Explicó que estos son juicios “complejos” y “densos a nivel probatorio” y dudó que pueda garantizarse una buena comunicación en el tiempo que dure, “que puede tomar de 15 minutos a cinco o seis horas”.

Laura Louza llama la atención sobre intereses subalternos que mueven el sistema de administración de justicia en Venezuela: “El Poder Judicial opera al servicio del gobierno y no del ciudadano. Para brindar un poco de seguridad jurídica en el contexto de la cuarentena por el COVID-19, podría ser útil habilitar una dirección de correo electrónico, a efectos de agilizar las solicitudes y diligencias judiciales. No creo que no se la haya ocurrido a nadie. Más bien, creo que al gobierno y a las autoridades judiciales que están a su servicio no les interesa que la justicia en Venezuela funcione con verdadera autonomía e independencia”.

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