Con varios meses de retraso, el Gobierno de Nicolás Maduro formalizó el aumento de la unidad tributaria (UT) de Bs. 0,02 a 0,40 bolívares, lo que representa un ajuste de más de 1.900 %.
La información fue publicada en la Gaceta Oficial N°42.359, con fecha 20 de abril de 2022.
Según la publicación, el valor de la UT establecido en esta Providencia Administrativa sólo podrá ser utilizado como unidad de medida para la determinación de los tributos nacionales (impuestos), cuya recaudación y control sean de la competencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
La norma también expresa que la UT no puede “ser utilizada por otros órganos y entes del poder público para la determinación de beneficios laborales o de tasas y contribuciones especiales derivados de los servicios que prestan”.
“En los casos de tributos que se liquiden por períodos anuales, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente al cierre del ejercicio fiscal respectivo, y para los tributos que se liquiden por períodos distintos al anual, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente para el inicio del período, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Tercero del artículo 3 del Decreto Constituyente mediante el cual dicta el Código Orgánico Tributario”, agrega el decreto.
El oficio publicado este miércoles, en su artículo 4°, deroga también la Providencia Administrativa SNAT/2021/000023, de fecha 06 de abril de 2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.100, de la misma fecha.
El aumento de la unidad tributaria llega luego del periodo de declaración y pago del Impuesto sobre la Renta, en el que formalmente la base de contribuyentes incluía hasta a quienes ganaban un salario mínimo. Por ello solo impactará en el próximo periodo tributario de 2023.
Este aumento no impactaría mucho en los costos de trámites gubernamentales, pues diversas leyes aprobadas o proyectos de ley en consideración han sustituido a la UT por valores indexados a tipos de cambio de monedas extranjeras o por el criptoactivo estatal petro, como ocurrió con la Ley de Registros y Notarías.