Art. 88 de la Ley de Precios Justos y decreto 1.595 contradicen la Carta Magna

ECONOMÍA · 9 FEBRERO, 2015 19:38

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En los nueve días transcurridos del mes de febrero han sido imputados dos directivos de la cadena Farmatodo (Pedro Luis Angarita Azpúrua, presidente ejecutivo, y Agustín Antonio Álvarez Costa, vicepresidente de operaciones) y uno de la red de supermercados Día Día (Manuel Andrés Morales Ordosgoitti) por incurrir, presuntamente, en delitos de boicot y desestabilización económica. Recientemente, otra medida fue dictaminada bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Precios Justos: el 4 de febrero el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto 1.595 para controlar el precio de la harina de maíz precocida en el país y prohibir la producción de combinaciones en la mezcla.

A continuación, presentamos el alcance de las sanciones previstas en dicha ley:

Los castigos a los transgresores empiezan a enumerarse a partir del artículo 44 –según la versión actualizada de la ley, reformada por decreto presidencial el 19 de noviembre de 2014–. En éste se especifican los “métodos preventivos” que tienen a disposición los funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos (Sundee) al momento de hacer la inspección. La confiscación de mercancía, la ocupación temporal o el cierre del establecimiento, la suspensión temporal de permisos o licencias emitidas por la Sundee y el ajuste inmediato de los precios de los productos son algunas de las infracciones que se tipifican.

En el artículo 50 se habla, por primera vez, del tiempo (180 días) en el que se “ocuparán temporalmente” los locales. Esta sanción fue la que se aplicó, el 3 de febrero, a la red de alimentos Día Día hasta que el presidente ordenó la “asimilación” de dicha cadena a la productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval).

También se establece, en el mismo articulado, que la suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas podrá ser de 3 meses a 10 años, según la gravedad.

Magaly Vásquez, abogada y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que la ley establece la confiscación de los bienes del infractor, pero dicha medida debe ejecutarse cuando se ha comprobado que la persona incurrió en los delitos de boicot, acaparamiento o especulación para desestabilizar la economía nacional. En ese caso, si la “incorporación” de Día Día a Pdval es, en el fondo, una expropiación no aplica a la imputación penal que se abrió contra los supermercados por acaparamiento porque sería necesario el dictamen de una sentencia previa. “La ley establece la confiscación de los bienes, pero es una consecuencia de la condenatoria por el delito de boicot, acaparamiento o especulación agravados”, dijo.

En los 56, 59 y 60 de la Ley de Precios Justos se tratan los delitos  de especulación, acaparamiento y boicot, respectivamente. Todos modificados con la reforma que hizo Maduro, vía Habilitante, en noviembre del año pasado. Para los primeros dos la pena es de ocho a diez años de cárcel, multa de mil a 50 mil unidades tributarias  (Bs. 127 c/UT) y la ocupación del establecimiento por 180 días. La reincidencia y la utilización de divisas del Estado para los hechos delictivos son agravantes que duplican las sanciones e incluso incluyen la confiscación de bienes del o los infractores. Para el delito de boicot se elevan los años de prisión de 10 a 12 años. Se contempla la misma multa y los 180 días de ocupación con posibilidad de clausura del locAcaparamientoal.

Todas las sanciones serán aplicadas al máximo cuando se compruebe que las transgresiones fueron perpetradas con el fin de desestabilizar la economía de la nación, según establece la norma.

También se incorporó un nuevo artículo: el 88 sobre la excepción de los beneficios procesales. En relación con el alcance de este, la especialista aseguró que no es la primera vez que se incorporan textos en los que se pretende suprimir el derecho a ser juzgado en libertad. “En la última reforma que se le hizo al Código Penal, en 2005, se incorporó una disposición que se suprimían los beneficios procesales, pero en esa oportunidad se impugnaron estos artículos ante el TSJ y la Sala Constitucional dictó una medida cautelar en la que se acordó la suspensión de esos apartes”.

Esta tipificación contradice los artículos 44 y 49 de la Constitución sobre la libertad y el respeto al debido proceso,  sostiene Vásquez.

Otro aspecto relacionado con los precios justos es el decreto 1.595, firmado el 4 de febrero pasado, en el que se prohíbe la venta de diferentes mezclas de harina de maíz precocida por ser consideradas “engañosas”. Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), aseguró que con esta prohibición se contradice el artículo 117 de la Constitución sobre la libertad de elegir bienes y servicios de calidad. “Las personas tienen derecho de elegir y para eso es necesario que haya variedad. Si hay un solo tipo de leche, de café, de harina, ¿cómo el consumidor va a ejercer su derecho de escoger. El hecho de que restrinjan la variedad no significa que va a haber más cantidad de la harina básica porque el problema es que estás fijando un precio muy por debajo de la estructura de costo, la producción de la harina sobrepasa los 20 y estás poniendo a la empresa a vender a 19, es decir a pérdida”, condenó.