Según el segundo informe del Plan Intersectorial de Preparación y Atención del COVID-19 elaborado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) Venezuela se encuentra transitando hacia el grupo de países que experimentan brotes más grandes de transmisión local (transmisión comunitaria).
Hasta el momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido cuatro escenarios de transmisión para la COVID-19:
El informe señala que Venezuela “se encuentra transitando de la fase 3 a la fase 4, con los últimos casos reportados probablemente autóctonos y productos de transmisión comunitaria”.
En el informe se alerta que “las medidas preventivas adoptadas por las autoridades para limitar la transmisión del virus pueden tener un impacto sobre la situación humanitaria ya existente en el país y exacerbar las vulnerabilidades de las personas”
Se indica que “Venezuela no está exenta del dilema entre tomar medidas rigurosas para contener la transmisión del virus o mantener el status quo socio-económico (…) Si bien, se han tomado medidas que buscan mitigar los efectos más severos de las medidas (…) es importante buscar maneras de mantener y ampliar las operaciones humanitarias en el marco del Plan Humanitario de Respuesta (HRP por sus siglas en inglés), para apoyar a las poblaciones más vulnerables”.
Se advierte además que si bien, los kits para el diagnóstico de casos de COVID-19 están en el país, las pruebas confirmatorias están concentradas geográficamente cerca de la capital. También, el incremento en el número de casos sospechosos requiere mayor capacidad para analizar los resultados y puede reducir el stock disponible.
Por otra parte se insiste en el informe en que “los casos graves que requieran atención hospitalaria pondrán a prueba la capacidad del sistema de salud, en especial tomando en cuenta las interrupciones en el suministro de agua y electricidad, la escasez de medicamentos e insumos médicos, la salida de profesionales de salud y la capacidad operativa reducida de las salas de cuidados intermedios e intensivos”.
El informe describe que un incremento exponencial de los casos “podría saturar rápidamente los servicios necesarios para la atención a pacientes con COVID-19. Otra preocupación es la capacidad limitada de los servicios de morgue en hospitales e instalaciones forenses de responder a un aumento de defunciones; una disposición inadecuada de cadáveres puede resultar en una crisis sanitaria dentro de la pandemia”.
Además se indica que el redireccionamiento de fondos de salud para atender las necesidades inmediatas de la COVID-19, “puede limitar la provisión de otros servicios de salud críticos, como el acceso de mujeres y adolescentes, a servicios de salud sexual y reproductiva dejándolas ante un alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos inseguros, y sin acceso a productos de salud e higiene menstrual. Para las mujeres embarazadas esto puede aumentar las posibilidades de muerte materna y partos inseguros. Esta reasignación de fondos también puede afectar a los servicios de atención de emergencia a las personas necesitando cuidado y apoyo en salud mental, servicios de protección y la respuesta a la violencia de género”
Según se detalla en el informe del Plan Intersectorial de Preparación y Atención del COVID-19 “las medidas preventivas de cuarentena, cierre de fronteras, limitación de tránsito y suspensión de actividades laborales implementadas en el país, tiene un impacto en los medios de subsistencia de las personas y en las estrategias de supervivencia disponibles”.
En situación de ‘cuarentena social’, las personas más vulnerables, quienes viven al día, pueden perder oportunidades de generar ingresos, limitando su capacidad de compra y por consiguiente su seguridad alimentaria y la habilidad de cubrir otras necesidades básicas.
Por otra parte se indica que se puede esperar una reducción en las remesas, dada la parcial paralización de las economías en los países de la región donde hay un alto número de migrantes y refugiados venezolanos. En estas circunstancias, las personas afectadas recurrirán con más frecuencia a estrategias de sobrevivencia negativas, como la disminución de la ingesta alimenticia, venta de bienes y endeudamiento, particularmente en los grupos más vulnerables, como las mujeres y adolescentes cabeza de hogar, que se dedican a la economía informal. A su vez esto puede contribuir a aumentar su riesgo de contagiarse de COVID-19.
En el informe elaborado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios se señala que “la cuarentena también puede limitar aún más el acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y saneamiento ambiental en los hogares más vulnerables. Hay riesgo que haya interrupciones en el suministro de agua embotellada / camión cisterna en ciertos sectores, retardos o suspensión de los servicios de recolección de basura, que pueden acentuar hábitos inadecuados de higiene”
También se advierte que el cierre preventivo de las instalaciones educativas para mitigar la propagación del virus afecta a aproximadamente 6,8 millones de estudiantes que ahora necesitan opciones educativas alternativas.
“Esta situación aumenta el riesgo de abandono escolar y la interrupción de la prestación de servicios sociales para la población más vulnerable, porque a menudo, las instalaciones educativas sirven como punto de entrada a intervenciones intersectoriales, incluida la protección de la niñez y la seguridad alimentaria”.
En el informe se recuerda que el Ministro de Poder Popular de Educación ha tomado medidas para clases a distancia y la continuación de la alimentación escolar hasta el fin de este ciclo. “En caso de que los recursos educativos alternativos no estén ampliamente disponibles o utilizados, la reanudación de las escuelas requerirá medidas compensatorias para garantizar que los estudiantes puedan ponerse al día”.
Las medidas para controlar la COVID-19 también pueden afectar a las personas en movilidad con la clausura de los vuelos al país y la cuarentena social en todo el territorio, así como la decisión de países vecinos de cerrar la frontera con Venezuela, ya que su movilidad se verá reducida y corren el riesgo de quedar varadas sin poder llegar a su destino final.
Según se relata en el informe “el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil también afecta a las personas que acceden a medicamentos y reciben tratamientos del otro lado de la frontera, por ejemplo, personas con VIH / SIDA y personas con enfermedades no transmisibles, aunque se esté permitiendo el paso excepcional de algunas personas a Colombia para recibir tratamiento médico”
Adicionalmente estos cierres “limitan la posibilidad de continuar con comercio transfronterizo a pequeña escala para la subsistencia. En las zonas fronterizas, como consecuencia del cierre de los pasos fronterizos, el uso de pasos informales (o trochas) ha aumentado y se ha vuelto más costoso, de un promedio de 3,000 pesos (90 centavos USD) a 50,000 pesos (12 USD). El uso de cruces irregulares hace imposible la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país. Las personas que cruzan a Venezuela por estos caminos también enfrentan retos en términos de asegurar los protocolos sanitarios, incluyendo mantener un periodo de aislamiento social, mientras también buscan regresar a sus lugares de origen”.
Según los reportes desde mediados de marzo, hay un incremento en el número de venezolanos que entraron desde Colombia. Hay reportes indicando que entre 40.000 y 60.000 personas han retornado desde el cierre de las fronteras, incluyendo personas que realizaban migraciones pendulares La mayoría han entrado a Venezulea por Táchira, y en grado menor, por Zulia, Apure y Bolívar. Conforme las medidas de cuarentena se extiende en Colombia, Ecuador y Perú, entre otros países, se espera que más venezolanos regresen.
También se resalta que “el alojamiento temporal de las personas venezolanas retornadas para que cumplan su cuarentena sanitaria en los municipios fronterizos se ha convertido en un reto crítico. Además de las medidas sanitarias para prevenir cadenas de transmisión asociadas a las personas retornadas, es importante que también se responda a las necesidades básicas y derechos de las personas en movilidad”
El informe del Plan Intersectorial de Preparación y Atención del COVID-19 distribuye a la población vulnerable en 13 grupos
El objetivo del Plan Intersectorial de Preparación y Atención es contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población y evitar altas cifras de morbilidad y mortalidad ante la pandemia de COVID-19.
El Plan es vigente para el resto del año, con una estrategia en fases:
El plan contempla una aplicación entre 1 y 3 meses de los siguientes protocolos en los puntos de entrada al país:
En el caso de los centros de alojamiento temporal que deben establecerse en los puntos de entrada al país se proponen las siguientes acciones:
Según el informe en los últimos años, se han llevado a cabo “varias evaluaciones de las condiciones de los centros de atención de salud en Venezuela, revelando la capacidad reducida para la prestación de atención y las condiciones operativas limitadas, especialmente con respecto al acceso sostenido a la electricidad, el agua potable y los suministros de limpieza para garantizar un saneamiento adecuado”
Se advierte que la falta de equipo médico adecuado para el tratamiento, la falta de personal capacitado (en múltiples niveles, incluido el pre-hospitalario) y los sistemas de referencia limitados en el país “pueden dificultar el acceso a la atención oportuna necesaria para salvar vidas”.
Según se relata en el informe “los requerimientos financieros para la implementación del Plan Intersectorial, son de USD 72.100 millones, incluyendo los componentes de salud, agua, saneamiento e higiene, comunicación de riesgos y movilización social para enfrentar la COVID-19, y la respuesta multi-sectorial a las personas retornadas incluida en el componente de puntos de entrada, con un enfoque en los centros de alojamiento temporal. El costo de las demás actividades críticas está en el Plan de Respuesta Humanitaria.
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