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Según el segundo informe del Plan Intersectorial de Preparación y Atención del COVID-19 elaborado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) Venezuela se encuentra transitando hacia el grupo de países que experimentan brotes más grandes de transmisión local (transmisión comunitaria).

Hasta el momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido cuatro escenarios de transmisión para la COVID-19:

1. Países sin casos (cero casos);
2. Países con 1 o más casos, importados o detectados localmente (casos esporádicos);
3. Países que experimentan clústeres de casos en el tiempo, ubicación geográfica y/o exposición común (clústeres de casos);
4. Países que experimentan brotes más grandes de transmisión local (transmisión comunitaria).

El informe señala que Venezuela “se encuentra transitando de la fase 3 a la fase 4, con los últimos casos reportados probablemente autóctonos y productos de transmisión comunitaria”.

En el informe se alerta que “las medidas preventivas adoptadas por las autoridades para limitar la transmisión del virus pueden tener un impacto sobre la situación humanitaria ya existente en el país y exacerbar las vulnerabilidades de las personas”

Se indica que “Venezuela no está exenta del dilema entre tomar medidas rigurosas para contener la transmisión del virus o mantener el status quo socio-económico (…) Si bien, se han tomado medidas que buscan mitigar los efectos más severos de las medidas (…) es importante buscar maneras de mantener y ampliar las operaciones humanitarias en el marco del Plan Humanitario de Respuesta (HRP por sus siglas en inglés), para apoyar a las poblaciones más vulnerables”.

Se advierte además que si bien, los kits para el diagnóstico de casos de COVID-19 están en el país, las pruebas confirmatorias están concentradas geográficamente cerca de la capital. También, el incremento en el número de casos sospechosos requiere mayor capacidad para analizar los resultados y puede reducir el stock disponible.

Por otra parte se insiste en el informe en que “los casos graves que requieran atención hospitalaria pondrán a prueba la capacidad del sistema de salud, en especial tomando en cuenta las interrupciones en el suministro de agua y electricidad, la escasez de medicamentos e insumos médicos, la salida de profesionales de salud y la capacidad operativa reducida de las salas de cuidados intermedios e intensivos”.

Advertencias

El informe describe que un incremento exponencial de los casos “podría saturar rápidamente los servicios necesarios para la atención a pacientes con COVID-19. Otra preocupación es la capacidad limitada de los servicios de morgue en hospitales e instalaciones forenses de responder a un aumento de defunciones; una disposición inadecuada de cadáveres puede resultar en una crisis sanitaria dentro de la pandemia”.

Además se indica que el redireccionamiento de fondos de salud para atender las necesidades inmediatas de la COVID-19, “puede limitar la provisión de otros servicios de salud críticos, como el acceso de mujeres y adolescentes, a servicios de salud sexual y reproductiva dejándolas ante un alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos inseguros, y sin acceso a productos de salud e higiene menstrual. Para las mujeres embarazadas esto puede aumentar las posibilidades de muerte materna y partos inseguros. Esta reasignación de fondos también puede afectar a los servicios de atención de emergencia a las personas necesitando cuidado y apoyo en salud mental, servicios de protección y la respuesta a la violencia de género”

Los efectos negativos de la cuarentena

Según se detalla en el informe del Plan Intersectorial de Preparación y Atención del COVID-19 “las medidas preventivas de cuarentena, cierre de fronteras, limitación de tránsito y suspensión de actividades laborales implementadas en el país, tiene un impacto en los medios de subsistencia de las personas y en las estrategias de supervivencia disponibles”.

En situación de ‘cuarentena social’, las personas más vulnerables, quienes viven al día, pueden perder oportunidades de generar ingresos, limitando su capacidad de compra y por consiguiente su seguridad alimentaria y la habilidad de cubrir otras necesidades básicas.

Por otra parte se indica que se puede esperar una reducción en las remesas, dada la parcial paralización de las economías en los países de la región donde hay un alto número de migrantes y refugiados venezolanos. En estas circunstancias, las personas afectadas recurrirán con más frecuencia a estrategias de sobrevivencia negativas, como la disminución de la ingesta alimenticia, venta de bienes y endeudamiento, particularmente en los grupos más vulnerables, como las mujeres y adolescentes cabeza de hogar, que se dedican a la economía informal. A su vez esto puede contribuir a aumentar su riesgo de contagiarse de COVID-19.

En el informe elaborado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios se señala que “la cuarentena también puede limitar aún más el acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y saneamiento ambiental en los hogares más vulnerables. Hay riesgo que haya interrupciones en el suministro de agua embotellada / camión cisterna en ciertos sectores, retardos o suspensión de los servicios de recolección de basura, que pueden acentuar hábitos inadecuados de higiene”

También se advierte que el cierre preventivo de las instalaciones educativas para mitigar la propagación del virus afecta a aproximadamente 6,8 millones de estudiantes que ahora necesitan opciones educativas alternativas.

“Esta situación aumenta el riesgo de abandono escolar y la interrupción de la prestación de servicios sociales para la población más vulnerable, porque a menudo, las instalaciones educativas sirven como punto de entrada a intervenciones intersectoriales, incluida la protección de la niñez y la seguridad alimentaria”.

En el informe se recuerda que el Ministro de Poder Popular de Educación ha tomado medidas para clases a distancia y la continuación de la alimentación escolar hasta el fin de este ciclo. “En caso de que los recursos educativos alternativos no estén ampliamente disponibles o utilizados, la reanudación de las escuelas requerirá medidas compensatorias para garantizar que los estudiantes puedan ponerse al día”.

El retorno forzado

Las medidas para controlar la COVID-19 también pueden afectar a las personas en movilidad con la clausura de los vuelos al país y la cuarentena social en todo el territorio, así como la decisión de países vecinos de cerrar la frontera con Venezuela, ya que su movilidad se verá reducida y corren el riesgo de quedar varadas sin poder llegar a su destino final.

Según se relata en el informe “el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil también afecta a las personas que acceden a medicamentos y reciben tratamientos del otro lado de la frontera, por ejemplo, personas con VIH / SIDA y personas con enfermedades no transmisibles, aunque se esté permitiendo el paso excepcional de algunas personas a Colombia para recibir tratamiento médico”

Adicionalmente estos cierres “limitan la posibilidad de continuar con comercio transfronterizo a pequeña escala para la subsistencia. En las zonas fronterizas, como consecuencia del cierre de los pasos fronterizos, el uso de pasos informales (o trochas) ha aumentado y se ha vuelto más costoso, de un promedio de 3,000 pesos (90 centavos USD) a 50,000 pesos (12 USD). El uso de cruces irregulares hace imposible la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país. Las personas que cruzan a Venezuela por estos caminos también enfrentan retos en términos de asegurar los protocolos sanitarios, incluyendo mantener un periodo de aislamiento social, mientras también buscan regresar a sus lugares de origen”.

Según los reportes desde mediados de marzo, hay un incremento en el número de venezolanos que entraron desde Colombia. Hay reportes indicando que entre 40.000 y 60.000 personas han retornado desde el cierre de las fronteras, incluyendo personas que realizaban migraciones pendulares La mayoría han entrado a Venezulea por Táchira, y en grado menor, por Zulia, Apure y Bolívar. Conforme las medidas de cuarentena se extiende en Colombia, Ecuador y Perú, entre otros países, se espera que más venezolanos regresen.

También se resalta que “el alojamiento temporal de las personas venezolanas retornadas para que cumplan su cuarentena sanitaria en los municipios fronterizos se ha convertido en un reto crítico. Además de las medidas sanitarias para prevenir cadenas de transmisión asociadas a las personas retornadas, es importante que también se responda a las necesidades básicas y derechos de las personas en movilidad”

13 grupos vulnerables

El informe del Plan Intersectorial de Preparación y Atención del COVID-19 distribuye a la población vulnerable en 13 grupos

• Personas adultas mayores, incluidos los y las cuidadores/as de niñez
• Personas en riesgo debido a condiciones médicas subyacentes, como por ejemplo diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer o VIH
• Personal sanitario
• Personas con acceso limitado a agua, saneamiento e higiene
• Personas en movilidad, incluyendo el número de personas retornadas, aquellos viviendo en condiciones de hacinamiento y en viviendas insalubres o en condición de calle y las que viven de la frontera en movimiento pendulares
• Personas en centros de detención, incluso en centros de detención preventiva donde dependen de familiares para su alimentación (los cuales no se pueden desplazar en la situación de cuarentena social)
• Niños, niñas y adolescentes en riesgo (en entidades de atención y en situación de calle, jefes de hogar)
• Comunidades indígenas en las zonas no urbanas con difícil acceso al sistema de salud y a alimentos
• Personas con inseguridad alimentaria
• Personas con discapacidad
• Mujeres en situación de vulnerabilidad (cuidadoras de las personas enfermas y a cargo de trabajos de limpieza, jefas de hogar que pierden o reducen sus ingresos por la cuarentena)
• Población en centros de larga estancia como hogares de cuidado, centros de atención del adulto mayor
• Familias con bajos ingresos y elevado gasto en salud para el acceso a medicamentos e insumos indispensables

Objetivos del Plan

El objetivo del Plan Intersectorial de Preparación y Atención es contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población y evitar altas cifras de morbilidad y mortalidad ante la pandemia de COVID-19.
El Plan es vigente para el resto del año, con una estrategia en fases:

• En una primera fase (primeros tres meses), el Plan se enfoca en fortalecer la capacidad de respuesta en 16 de los 46 hospitales y centros centinelas, localizados en las zonas de Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda, La Guaira), en las zonas fronterizas en Táchira, Zulia, Apure y Bolívar; y en tres estados adicionales (Anzoátegui, Lara y Falcón). Algunos de estos hospitales serán apoyados a través de intervenciones integrales de salud y ASH/prevención y control de infecciones (PCI), y otros con parte de las intervenciones programadas. Esta priorización geográfica se enfoca en las zonas con mayor densidad de población, mayor número de casos reportados, mayor riesgo de exposición, y zonas con una capacidad operativa inmediata de las organizaciones humanitarias. Algunas intervenciones también se enfocarán en fortalecer la capacidad de atención de salud primaria en ambulatorios en los estados prioritarios.
• Las intervenciones en comunidades más vulnerables en términos de acceso a agua, saneamiento e higiene estarán alineadas a la misma priorización geográfica de los hospitales y centros centinelas para maximizar el impacto. Esto incluye los 10 estados con un enfoque en zonas urbanas, donde hay mayor densidad de población, y mayores retos en términos de acceso a agua segura. Se estima alcanzar a unas 511,000 personas con asistencia ASH en las comunidades.
• Las acciones de comunicación de riesgo y movilización social se enfocan en los 10 estados priorizados por salud y ASH, aunque algunas actividades, como la divulgación por redes sociales y otros medios de comunicación, tendrá un alcance en todo el territorio nacional.
• En las zonas fronterizas, ya priorizadas, el aumento de personas retornadas requiere atención dedicada para mitigar la presión adicional sobre los municipios de recepción. La respuesta se enfocará en apoyar intervenciones de salud, agua, higiene y saneamiento, apoyo a los alojamientos temporales y distribución de alimentos y enseres básicos, así como provisión de servicios de protección (asesoría legal, prevención y atención a la violencia basada en género y atención de las necesidades de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias). Los estados de Táchira y Zulia registran el mayor flujo de retornos hasta el momento, aunque los estados de Apure y Bolívar también se han visto afectados. Se buscará proporcionar una respuesta integral en unos centros de alojamiento temporal prioritarios, de acuerdo con el número de personas retornadas ya alojadas y las necesidades críticas identificadas en estos centros en colaboración con las autoridades.
• En una segunda fase, se revisará la priorización a partir de la evolución de la situación epidemiológica. Se espera ampliar la respuesta y el número de hospitales apoyados con un paquete integral de intervenciones en salud y ASH. Asimismo, se monitoreará el impacto de la situación sobre las necesidades humanitarias intersectoriales, para re-priorizar la respuesta humanitaria si fuera necesario, incluso si se deteriora la situación de seguridad alimentaria y nutricional, y si es necesario fortalecer los servicios críticos de protección y apoyo psicosocial.

 Control en los puntos de entrada al pais

El plan contempla una aplicación entre 1 y 3 meses de los siguientes protocolos en los puntos de entrada al país:

• Proporcionar asesoría técnica para la preparación de los Puntos de Entrada para detección oportuna de casos sospechosos y contactos de casos confirmados de COVID-19, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional para puntos de fronteras (marítimo, aéreo y terrestre).
• Estimular el intercambio de información y el diálogo binacional entre los Ministerios de salud de Venezuela y Colombia según lo establecido en el RSI-2005, para facilitar el análisis de información, el fortalecimiento de los servicios de salud binacionales y la coordinación de la respuesta en salud para COVID-19.
• Asesoría y apoyo para el acondicionamiento de espacios de llegada (con carpas, almacenes móviles, puntos de lavado de manos e hidratación, distribución de kits de higiene, entre otros) y sensibilización del personal de atención en primera línea.
• Ampliación de servicios de salud, triaje, rutas para pacientes en la zona fronteriza. Aplicación de pruebas rápidas para despistaje, asesoría para instalación de hospitales de campaña y equipos médicos de emergencia.
• Monitorear la situación de las personas vulnerables en tránsito en zonas fronteriza (personas con COVID-19 que requieran tratamiento inmediato, sobrevivientes de violencia basada en género y niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados), y derivación de casos identificados hacia rutas de atención disponibles

Plan para los centros de alojamiento temporal

En el caso de los centros de alojamiento temporal que deben establecerse en los puntos de entrada al país se proponen las siguientes acciones:

• Habilitación de centros de alojamiento y manejo de albergues. Las acciones puntuales incluyen: dotación e instalación de carpas, almacenes móviles o unidades de alojamiento temporal, habilitación de puntos de lavado de manos e hidratación, abastecimiento de agua, rehabilitación de baños sanitarios existentes o instalación de baños químicos y apoyo a la gestión de residuos sólidos
• Capacitación sobre manejo de albergues, prevención y control de infecciones en sitios de alojamiento y asesoría técnica para aplicar medidas de saneamiento e higiene que contribuya a la prevención y protección de infecciones
• Distribución de enseres básicos (bidones, baldes, filtros, mosquiteros, colchonetas, cobijas, lámparas solares, jabón, ollas, carbón, kits de higiene y limpieza, kits de dignidad, entre otros)
• Distribución de alimentación preparada/kits de comida.
• Comunicación con las comunidades (mensajes sobre el riesgo a la COVID-19, apoyo psicosocial y prevención de violencia, discriminación o estigmatización, orientación de salud general, reproductiva y sexual
• Identificación de casos de protección y asistencia a personas vulnerables, incluyendo niños, niñas y adolescentes en riesgo, como los separados y no acompañados. Apoyo a espacios de acogida para atención a la violencia basada en género

Prevención y control de infecciones (PCI), y manejo clínico de casos

Según el informe en los últimos años, se han llevado a cabo “varias evaluaciones de las condiciones de los centros de atención de salud en Venezuela, revelando la capacidad reducida para la prestación de atención y las condiciones operativas limitadas, especialmente con respecto al acceso sostenido a la electricidad, el agua potable y los suministros de limpieza para garantizar un saneamiento adecuado”

Se advierte que la falta de equipo médico adecuado para el tratamiento, la falta de personal capacitado (en múltiples niveles, incluido el pre-hospitalario) y los sistemas de referencia limitados en el país “pueden dificultar el acceso a la atención oportuna necesaria para salvar vidas”.

72 millones de dólares

Según se relata en el informe “los requerimientos financieros para la implementación del Plan Intersectorial, son de USD 72.100 millones, incluyendo los componentes de salud, agua, saneamiento e higiene, comunicación de riesgos y movilización social para enfrentar la COVID-19, y la respuesta multi-sectorial a las personas retornadas incluida en el componente de puntos de entrada, con un enfoque en los centros de alojamiento temporal. El costo de las demás actividades críticas está en el Plan de Respuesta Humanitaria.