Enfermeros y enfermeras que la pandemia convierte en pacientes (II)

CORONAVIRUS · 16 OCTUBRE, 2020 21:00

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Ibis León y Mariana Souquett

Foto por Rosalí Hernández

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Con la sospecha de haber contraído el nuevo coronavirus, Ana continuó trabajando en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Miguel Pérez Carreño, uno de los centros de salud “centinelas” dispuestos por el gobierno venezolano para afrontar la pandemia. Aunque la enfermera tenía síntomas, no tenía acceso a una prueba diagnóstica.

Un entorno que dista mucho del requerido para una UCI empeoraba su malestar: el aire acondicionado no funciona, falla el suministro de agua y ni siquiera hay jabón para lavarse las manos.

Una noche no pudo más: “Estaba de guardia, pero no me sentía nada bien. Fui a Emergencia y me hicieron una prueba rápida que salió positiva para COVID-19. Sin embargo, tenía que seguir trabajando. Es muy difícil que te den un reposo si eres personal de salud”. 15 días después de que le practicaron una prueba PCR, Ana todavía espera los resultados.

La merma del recurso humano en la UCI del Hospital Miguel Pérez Carreño se cuenta con los dedos de las manos. Allí apenas un médico especialista, dos residentes y cuatro enfermeras dan la batalla contra la COVID-19 en cada turno.

Algunos han sucumbido por el nuevo coronavirus. “Conozco a muchas compañeras contagiadas, no somos tres, somos muchas”, lamenta y asegura que, como mínimo, se necesitan ocho residentes, dos médicos especialistas y seis enfermeras por guardia.

La UCI del hospital tiene capacidad para 46 camas (32 para adultos y 14 para niños), pero solo hay 3 cupos para pacientes COVID-19 y cinco camas más (tres en el servicio de adultos y dos en pediatría) para otras patologías. El resto está inoperativo porque los ventiladores mecánicos y monitores están dañados.

María enfermó dos semanas después. Su caso es similar al de Ana: empeoró en una noche de guardia. Los rayos X mostraron sus pulmones inflamados, un mal pronóstico para la enfermera asmática. “Me quedé en Emergencias y al día siguiente me hicieron la PCR. Estoy esperando los resultados desde el 18 de agosto”, afirma.

A pesar de todo, se siente privilegiada porque le hicieron la prueba molecular, aunque no tiene confirmación de su diagnóstico. “He tenido compañeras a las que les han negado las pruebas. Yo estaba preocupada de que me pasara lo mismo, pero no fue mi caso. Tuve una compañera que tuvo que esperar 11 días fuera del hospital para que le hicieran la prueba. Es preocupante porque ¿cómo no nos van a hacer los test a nosotros que somos los que estamos poniendo el pecho en esta pandemia?”, cuestiona.

Aislada en su casa, María se aplicó una mezcla de antibióticos y antiinflamatorios para evitar los broncoespasmos. Tuvo que gastar su bono vacacional en el tratamiento, que le costó 10 millones de bolívares; es decir, 32 dólares para ese momento. Gana el equivalente a 14 dólares mensuales, incluyendo un bono nocturno. “En lugar de gastar el bono de vacaciones con mis hijos tuve que gastarlo para comprar el tratamiento que necesito para seguir viva”, expresa.

El hospital donde trabajan no les suministró a Ana y a María el tratamiento que necesitan para combatir la COVID-19. Los sueldos que ganan se les han ido en preservar sus vidas, a pesar de que son dos de las tres enfermeras del Hospital Miguel Pérez Carreño que tienen formación de postgrado en Medicina Crítica, de un total de 12, según María. Y acota: “El resto aprendió sobre la marcha”.

Enfermeros y enfermeras que la pandemia convierte en pacientes (II)

Muchos trabajadores sanitarios del país no tienen acceso a suficientes equipos de protección personal | Foto: Rosalí Hernández

Desprotegidos

“El déficit del personal especializado en Venezuela es impresionante. Tenemos pocas enfermeras preparadas en terapia intensiva. A las UCI se ha incorporado personal de otras áreas, que tiene conocimientos básicos, pero no la especialización. Sin embargo, estamos dando la batalla. Incluso estamos llamando a los estudiantes de enfermería”, explica Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital.

Confirma que muchos enfermeros y enfermeras que prestan servicios en las unidades de cuidados intensivos aprenden sobre la marcha. “Lo que más nos preocupa es que este personal hace el trabajo sin un equipo de bioseguridad que lo proteja”, advierte.

El personal del servicio de Emergencia también está expuesto. “Las unidades de cuidados intensivos son áreas medulares en el hospital, pero también lo son las Emergencias. Si no protegemos al personal que recibe a los pacientes en Emergencia, no va a haber nadie que abra la puerta de entrada al hospital”, sostiene.

La representante gremial calcula que de los 120.000 profesionales de enfermería que necesita el país, de acuerdo al número de habitantes, solo queda un 40%. Muchos se fueron del país o se dedicaron a otras actividades que les proporcionan mayores ingresos económicos que el servicio sanitario.

Enfermeros y enfermeras de muchos servicios de emergencia y de cuidados intensivos están expuestos en áreas críticas | Foto: Rosalí Hernández

Contreras destaca que 48.000 enfermeras y enfermeros tratan de sobreponerse al colapso del sistema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Venezuela había 27.200 enfermeras y enfermeros en 2018 o, lo que es lo mismo, uno por cada 1.029 habitantes. El estándar de la OMS indica que se requiere un enfermero o enfermera por cada 250 habitantes.

Ana y María confirman el déficit. Cada una de ellas ha tenido que atender a dos personas en estado crítico de COVID-19 a la vez. También explican que en el área de aislamiento debería haber un “centinela”, que es el enfermero que no se separa del enfermo, así como un “enlace”, que es el que le facilita los medicamentos, las infusiones y todo el material que se requiere para que su colega no salga del área y contamine otros espacios. Sin embargo, esto no se cumple.

“Hemos tenido que trabajar tanto adentro como afuera del área de aislamiento. No hay otro enfermero que sirva de enlace y eso es un riesgo de contaminación muy grande para nosotros”, señala María.

Los camilleros y las camareras quedan de últimos en la lista. A pesar de que también corren alto riesgo de contraer el nuevo coronavirus, no se les dota de equipos de protección. “A los camareros y a los camilleros no se les está proporcionando nada de seguridad: ni mascarillas ni nada. Hay una discriminación grandísima con ese personal”, denuncia Ana.

De luto

Al sur del país, en el estado Bolívar, los enfermeros y enfermeras también intentan mantener la voluntad de seguir en la primera línea contra la COVID-19.

“Somos pocos los que estamos trabajando, porque muchos compañeros están enfermos. Nunca había visto tantos médicos y enfermeros fallecidos en el hospital. Estamos en un duelo que no hemos superado y tenemos que seguir trabajando. Casi todas las semanas muere algún trabajador con COVID-19”, lamenta Camilo Torres, vicepresidente del Colegio de enfermería de Ciudad Bolívar y enfermero de emergencias del Hospital Ruiz y Páez.

Uno de los casos más dolorosos para Torres fue el del médico cardiólogo Arturo García: “Verlo en cuidados intensivos, pero no poder atenderlo como él se lo merecía porque no teníamos los medicamentos e insumos que necesitaba fue muy duro. Ves cómo se deteriora y quieres ayudar, pero no puedes y te sientes impotente. No duermes bien sabiendo que un compañero está en condiciones críticas”.

El cardiólogo necesitaba anticoagulantes que no había en el hospital y que infructuosamente sus familiares solicitaron por redes sociales.

El principal temor del representante gremial es contagiar a su familia y no poder comprar el tratamiento con un salario equivalente a 8 dólares mensuales. “El sueldo no nos da para comprar el tratamiento ni para comprar equipos de protección. Muchos hemos tenido que enviar a nuestros hijos a la casa de otro familiar para evitar tener contacto con ellos y contagiarlos”, afirma.

Torres calcula que al menos la mitad del personal de las áreas de emergencia y cuidados intensivos tiene síntomas de COVID-19. El riesgo de desarrollar la enfermedad se suma a la certeza de que ni siquiera hay pruebas para confirmar el contagio.

La presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, responsabiliza al Estado por no cumplir con su obligación de garantizar la salud de los profesionales que están en primera línea. “Hay mucho estrés. Algunos hemos requerido terapia psicológica online para tener fortaleza”, agrega Torres.

Las carencias del Hospital Ruiz y Páez constituyen un ejemplo de lo que ocurre en el resto del país. Ese centro de salud tiene una capacidad instalada de 20 camas para la terapia intensiva, pero solo 10 están operativas por falta de ventiladores mecánicos y monitores. Para atender la contingencia sanitaria por la COVID-19 se creó una sala de aislamiento con 45 camas y, adicionalmente, se instaló una carpa en el estacionamiento del hospital, con 10 camas más.

Como en toda Venezuela, el personal con especialización en terapia intensiva en el Ruiz y Páez “se quedó corto”, en palabras de Torres. Allí, una capacitación de diez días sustituye a un postgrado de dos años, para sumar enfermeros y enfermeras a los servicios de cuidados intensivos. “No estábamos preparados para esta pandemia”, resume.

Este reportaje forma parte del Programa Lupa, liderado por la plataforma digital colaborativa Salud con Lupa, con el apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ). Lea aquí la primera entrega del especial.