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La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que «bajo ninguna circunstancia» se puede administrar una vacuna a la fuerza, en un momento en el que varios países barajan la vacunación obligatoria para enfrentar las nuevas olas de COVID-19.

En un seminario sobre buenas prácticas y acceso a vacunas y tratamientos, la alta comisionada subrayó que si se imponen vacunaciones obligatorias éstas deben aplicarse con cierta flexibilidad y determinadas excepciones, por ejemplo en personas a las que el fármaco esté contraindicado.

Condicionar vacunación, pero no a la fuerza

En estas circunstancias, puede ser aceptable condicionar a la vacunación el acceso a escuelas, hospitales y otros espacios públicos, o determinadas consecuencias legales, como multas «proporcionales y sujetas a revisión por las autoridades judiciales», afirmó.

Por otro lado, antes que la vacunación obligatoria sólo debe considerarse si otras medidas menos intrusivas, como el uso de mascarilla o el distanciamiento físico, no han conseguido los objetivos de protección sanitaria buscados.

«La vacunación obligatoria debe seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación», afirmó la expresidenta chilena. 

En países como Estados Unidos el gobierno obligó a los trabajadores federales a la vacunación, además de algunas empresas privadas, según el número de empleados.

La aparición de la variante ómicron también ha causado revuelo por el número de mutaciones que tiene, lo que ha llevado a países de Europa a cerrar sus vuelos desde los países africanos.

Este miércoles en su sesión informativa semanal, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo que esta nueva variante se encuentra ya en seis países de las Américas: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y los Estados Unidos.