El alojamiento temporal de los venezolanos retornados para que cumplan su cuarentena preventiva en los municipios fronterizos se ha convertido en un reto crítico.

Según el monitoreo realizado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH u OCHA por sus siglas en inglés) 6.447 venezolanos se encuentran en cuarentena preventiva en los espacios de alojamiento temporal dispuestos para atender a las personas en movilidad y especialmente a quienes retornan al país a través de los pasos fronterizos y vuelos humanitarios.

Según OCHA, además de las medidas sanitarias para prevenir cadenas de transmisión asociadas a las personas retornadas, es importante que también se responda a las necesidades básicas y derechos de las personas en movilidad.

La información de OCHA (actualizada hasta el 14 de abril a las 9:26 am) indica que la capacidad máxima de alojamiento para cuarenta preventiva en Venezuela abarcaría a 7.005 personas.

Esta capacidad de alojamiento temporal está distribuida en 73 espacios o centros de alojamiento temporal.

El alojamiento temporal de las personas venezolanas retornadas para que cumplan su cuarentena sanitaria en los municipios fronterizos se ha convertido en un reto crítico.

No obstante,  la información de OCHA sugiere que Venezuela puede llegar a disponer de hasta 91 sitios de alojamiento.

En total se reportan 18 espacios que se encuentran en proceso de rehabilitación, aunque no se precisa el momento en estarán operativos o la capacidad que tendrán de albergar ciudadanos en cuarentena preventiva.

Los 73 espacios de cuarentena preventiva se encuentran principalmente en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Sucre, Táchira y Vargas.

Ayuda institucional

El 17 de marzo, el Gobierno de Venezuela solicitó al Sistema de las Naciones Unidas en  el país apoyo para combatir la propagación de la COVID-19 y para afrontar las posibles consecuencias sociales y económicas de las medidas implementadas para controlar el brote de la enfermedad.

Según el segundo informe de OCHA y del Plan Intersectorial de Preparación y Atención del COVID-19 entre las acciones inmediatas se requiere:

• Estandarizar y crear protocolos de higiene y asesoría de aplicación a espacios de alojamiento temporal. Mejorar las condiciones de higiene y los protocolos para personas en movilidad, que tienen recursos limitados y pernoctan en espacios de alojamiento temporal.
• Mapear los espacios de alojamiento temporal que se encuentran funcionales o que estén en proceso de rehabilitación, de los diferentes actores, incluyendo el Gobierno, incluyendo los espacios destinados a guardar la cuarenta preventiva para mejorar el mecanismo de coordinación entre los diferentes actores.
• Adaptar los kits destinados a personas en movilidad con necesidades específicas y los kits de hábitat para responder a la emergencia COVID-19, tomando en consideración los estándares Esfera, incluyendo artículos de control y prevención de infecciones (PCI) que contengan mascarillas .
• Hacer enlace con las autoridades gubernamentales relevantes para construir y mantener espacios de alojamiento seguros en zonas fronterizas, especialmente para personas en movilidad y retornadas.
• Adaptar espacios de alojamiento temporal en zonas fronterizas y en otras ubicaciones clave para proveer alojamiento seguro a personas en necesidad por largos períodos, proporcionando soluciones a mediano plazo para las personas afectadas por la emergencia COVID-19 que no pueden moverse a otro estado debido a las medidas preventivas, como la cuarentena.
• Distribuir lámparas solares y proponer fuentes secundarias de generación de energía para centros de salud en áreas remotas sin acceso regular a la red eléctrica nacional.
• Distribuir kits de higiene con artículos de PCI (incluyendo mascarillas y guantes), en espacios de alojamiento temporal, en centros de atención para personas adultas mayores, en ambulatorios. En coordinación con el Clúster de Salud, desarrollar lineamientos para centros de adultos mayores.

El retorno forzado

Las medidas para controlar la COVID-19 también pueden afectar a las personas en movilidad por la clausura de los vuelos al país (suspendidos hasta el 12 de mayo) y la cuarentena social en todo el territorio, así como la decisión de países vecinos de cerrar la frontera con Venezuela, ya que su movilidad se verá reducida y corren el riesgo de quedar varadas sin poder llegar a su destino final.

Según se relata en el informe “el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil también afecta a las personas que acceden a medicamentos y reciben tratamientos del otro lado de la frontera, por ejemplo, personas con VIH / SIDA y personas con enfermedades no transmisibles, aunque se esté permitiendo el paso excepcional de algunas personas a Colombia para recibir tratamiento médico.

Adicionalmente estos cierres, limitan la posibilidad de continuar con comercio transfronterizo a pequeña escala para la subsistencia. En las zonas fronterizas, como consecuencia del cierre de los pasos fronterizos, el uso de pasos informales (o trochas) ha aumentado y se ha vuelto más costoso, de un promedio de 3,000 pesos (90 centavos USD) a 50,000 pesos (12 USD).

Por otra parte se advierte que el uso de cruces irregulares hace imposible la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país. Las personas que cruzan a Venezuela por estos caminos también enfrentan retos en términos de asegurar los protocolos sanitarios, incluyendo mantener un periodo de aislamiento social, mientras también buscan regresar a sus lugares de origen.

Según los reportes de OCHA desde mediados de marzo hay un incremento en el número de venezolanos que entraron desde Colombia. “Hay reportes indicando que entre 40.000 y 60.000 personas han retornado desde el cierre de las fronteras, incluyendo personas que realizaban migraciones pendulares.  La mayoría han entrado a Venezuela por Táchira, y en grado menor, por Zulia, Apure y Bolívar”.

Conforme las medidas de cuarentena se extiende en Colombia, Ecuador y Perú, entre otros países, se espera que más venezolanos regresen.

Según OCHA “además de las medidas sanitarias para prevenir cadenas de transmisión asociadas a las personas retornadas, es importante que también se responda a las necesidades básicas y derechos de las personas en movilidad”