En Venezuela, los parques nacionales y monumentos naturales son administrados por el Instituto Nacional de Parques (Inparques), desde 1978, para velar por la protección de los paisajes ecológicos naturales del territorio nacional.
Sin embargo, la realidad en 2024 es otra: aunque designaron una nueva presidenta este mes de marzo, Inparques carece de equipos, recursos y presenta una “desprofesionalización total” que le impide realizar las funciones, como advierte el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de ese instituto (Sunep-Inparques).
“Una institución que maneja más de 20 % del territorio nacional (en áreas protegidas), que debe tener personal en cualquier parte del país, está sin recursos de ningún tipo”, afirma el biólogo venezolano Jorge Naveda, en entrevista con Efecto Cocuyo.
A juicio de Naveda, quien además es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y trabajó durante más de 30 años en Inparques, “la nueva presidenta (Rosinés Chávez Rodríguez) debería partir desde el principio y hacer un panorama claro de la situación: es una institución muy debilitada”.
Inparques, sin recursos ni políticas
Conocida la designación de Chávez Rodríguez en la presidencia del instituto, el Sindicato de Trabajadores Públicos de Inparques (Sunep) emitió un comunicado dirigido a la nueva autoridad.
En la carta pública denuncian que el instituto adolece de la mayor atención oficial en la historia del Servicio de Parques Nacionales de Venezuela desde 1958: por ejemplo, el sueldo mensual de un guardaparques —capacitado para manejar varias hectáreas de áreas protegidas— es de tres a cinco dólares, además de no contar con equipos actualizados, seguros ni medios de transporte.
“El puesto de guardaparques más lejano que tenemos está en el punto triple Brasil-Venezuela-Colombia, al sur del país. Llegar ahí y sin recursos de ningún tipo, ¿Qué puede hacer un guardaparques ganando solo tres dólares al mes? En esas condiciones, todo lo que se ha desarrollado a nivel territorial se pierde”, explica Naveda.
Describe que la situación se fue deteriorando porque Inparques fue perdiendo su autonomía, que le permitía trabajar y registrar datos relevantes, como auditorías y aperturas de expedientes ambientales, cuando era independiente del entonces Ministerio de Ambiente.
“A esos niveles de detalle nosotros llegamos. Por supuesto, se fue acabando en la medida que el chavismo fue tomando conciencia de que el ambiente era importante y más una institución con ese nivel de autonomía”, dice.
La historia de lo que actualmente se conoce como Inparques no es corta, aclara el profesor Naveda, pues “el Instituto Nacional de Parques fue creado en 1973 para la administración de los Parques de Recreación y en ese entonces se le denominaba Inap. Los Parques Nacionales y Monumentos Naturales han sido gestionados por el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) desde 1958 y se incorporan al Instituto Nacional de Parques en 1978, con lo cual se le cambia el logo y pasa a ser Inparques”.
Sin actualización de planes de ordenamiento
Para la bióloga Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, hay una deuda histórica de Inparques con los Planes de Ordenamiento y Reglamento de Uso (Poru), que se deben adaptar a las diferentes características de los parques nacionales y monumentos naturales venezolanos.
Inparques debe “encargarse de levantar todos los Poru de las diferentes áreas protegidas y además actualizarlos; si no me equivoco, cada cinco años”, expone Morón, quien considera que también es necesario actualizar el levantamiento de datos e información de las diferentes áreas protegidas.
“No hay levantamiento de información y el trabajo de los guardaparques en guardería y control está muy minimizado. Prácticamente, lo que hacen es ser vigilante, el que abre el portón y da la bienvenida a la gente, pero se supone que un guardaparques debería ser una persona preparada. Por ejemplo, alguien en Canaima debe tener el suficiente conocimiento para manejar tres millones de hectáreas de un sitio que es Patrimonio Mundial; son herramientas que no se adquieren con cualquier curso de unos meses”, añade.
En los años 80 y 90, Inparques era referencia como institución en Latinoamérica. Naveda y Morón rememoran que, en ese entonces, países como Colombia, Chile o Estados Unidos, enviaban a profesionales a capacitarse en Venezuela.
Minería, fuego y daños ambientales a la vista de todos
La organización de derechos humanos ambientales Clima 21 advierte que el Sistema de Parques Nacionales en Venezuela está inmerso en una grave crisis, debido a “la ausencia de políticas para la gestión de esas áreas, enfoques politizados y una mercantilización galopante”.
Para 2024, la minería ilegal se ha convertido en la mayor amenaza sobre los ríos de la Amazonía venezolana y se estima que al menos 30 ríos del sur del país ya presentan contaminación. Al mismo tiempo, los incendios en las áreas protegidas de Venezuela se han vuelto frecuentes y el silencio del Inparques también.
En sus redes sociales, la periodista Emiliana Duarte ha reportado incendios desde el 11 de marzo de este año en el Parque Nacional Canaima —Patrimonio de la Unesco– e Inparques no se ha pronunciado ni ha reconocido los incendios, aunque el organismo ha enviado algunos bomberos desde Caracas sin ofrecer mayores detalles.
Venezuela alberga más de 40 parques nacionales, áreas que alojan ecosistemas que deben ser protegidos de cualquier alteración, explotación o intervención humana y que no deben ser escenarios de eventos masivos que puedan trastocar su equilibrio natural.
Pero Inparques tampoco se pronunció ante los eventos que se anunciaron en zonas como Canaima y el Ávila, o el uso de vehículos o bicicletas en ecosistemas frágiles como el páramo en Mérida, por citar algunos de los últimos casos.
“Hay una explotación indiscriminada de recursos de flora, fauna y minerales a la vista de todos y una omisión flagrante de la legislación ambiental vigente (…) Inparques ha sido reducido a su mínima expresión en el ámbito de la administración pública, comprometiendo gravemente la conservación del patrimonio natural de los venezolanos, misión que le compete legalmente”, puntualiza el Sunep-Inparques.