Cambio climático es un tema que suele escucharse en las alocuciones del presidente Nicolás Maduro, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y del resto del equipo ministerial, pero hasta ahora Venezuela tiene muy pocos avances en el marco legal para atender este fenómeno.
El proyecto de Ley Orgánica contra el Cambio Climático, por ejemplo, fue presentado por la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional electa en el año 2020 y expuesto a la consulta pública desde marzo de 2022. Hoy el formulario de preguntas sigue abierto en la web del grupo parlamentario, pero su aprobación final sigue estancada.
La Ley de Energías Alternativas Renovables fue otro de los proyectos legislativos que abrió su consulta a expertos de distintos frentes en el país. Se convocaron desde la Asamblea Nacional a ingenieros, profesores universitarios y algunos representantes empresariales. Sin embargo, el proyecto de ley todavía sigue en primera discusión.
La Ley del Hidrógeno Verde, la Ley de Capacitación y Almacenamiento de Dióxido de Carbono y una más de Conversión de los Vehículos de Gasolina a Gas son parte de los pendientes en el seno legislativo para atender este fenómeno que se espera aumentará en 3° grados la temperatura y 10% las lluvias en el país, de acuerdo con los avances del “Segundo Reporte Académico del Cambio Climático” hecho por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman).
Sin transparencia ambiental
Si bien la lista pendiente de proyectos legislativos es larga, los expertos tienen claro que lo más importante es definir la política para la transición energética, en especial ahora con una producción petrolera estancada por debajo de un millón de barriles, y garantizar la publicación de los datos ambientales en el país.
“El Estado venezolano no ha promulgado la Ley de Cambio Climático. Tampoco ha suscrito el Acuerdo de Escazú, el cual es el primer tratado regional sobre derechos humanos y ambiente”, recordó Ramón Cardozo Álvarez, abogado y politólogo, en su artículo sobre “La lucha contra el cambio climático en Venezuela”.
El Acuerdo de Escazú es un tratado latinoamericano que consagra el acceso a la información ambiental, la justicia ambiental y la participación pública en la toma de decisiones relacionadas con el ambiente.
Este acuerdo permitiría, por ejemplo, que los venezolanos pudieran solicitar datos sobre las ganancias que se lleva el fisco nacional por las concesiones para la extracción del oro en el Arco Minero del Orinoco y se pidan nuevos estudios de impacto ambiental.
¿Prioridad legislativa?
El inventario de leyes ambientales en Venezuela incluye 28 leyes, 55 decretos presidenciales, 6 resoluciones ministeriales y otros 47 instrumentos internacionales, como lo reportó la organización no gubernamental Acceso a la Justicia en su informe “La legislación ambiental en Venezuela”.
En este catálogo se incluye la aprobación, por ejemplo, del Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue publicado el 30 de diciembre de 2015 (Gaceta Oficial N° 40.819), tras la participación y firma de Venezuela en el evento.
Refrendar el Acuerdo de París fue un paso importante para Venezuela en su reconocimiento de la crisis climática. Sin embargo, todavía se desconoce el plan nacional para aplicar este acuerdo y, efectivamente, trabajar en la reducción de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero.
“Aunque existe una abundante regulación internacional, constitucional, legal, reglamentaria y administrativa sobre la materia ambiental, que podría dar la impresión de que todo se encuentra debidamente normado, lo cierto es que existen varios aspectos en el ámbito internacional (…) que se encuentra pendientes en su incorporación y desarrollo por el Estado venezolano”, como lo expresó Víctor Hernández-Mendible, investigador de Acceso a la Justicia en el reporte sobre la legislación ambiental.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió acelerar los debates y la discusión de estas legislaciones contra el cambio climático durante noviembre del año pasado. Falta ver si ahora el tema se prioriza en la agenda legislativa durante este 2023, un año preelectoral.
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