Ley contra el Odio: activistas de DDHH insisten en derogatoria y que mesa de diálogo incida
Redes Ayuda y Espacio Público expresaron que reforma no incluye reparación para las víctimas de la mala aplicación. Acceso a la Justicia apuesta a que nuevo TSJ pueda derogar la ley
La comisión especial designada por la Asamblea Nacional (AN), presidida por Pedro Infante (Psuv), lleva a cabo una consulta pública de la reforma parcial de la Ley contra el Odio, tras su aprobación en primera discusión el 3 de noviembre.
Fuera del chavismo, el grupo parlamentario ha citado a ONG y gremios defensores de la libertad de expresión al Palacio Legislativo para que hagan sus planteamientos sobre la normativa. Este viernes 13 de noviembre, la comisión se trasladó al Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para escuchar a la comunidad universitaria.
La petición del Ejecutivo encargado, que propuso la reforma, de que solo se aborde la despenalización y las posiciones del jefe del Parlamento, Jorge Rodriguez, y del ministro del Interior, Diosdado Cabello, de no derogar el instrumento legal porque todavía “se necesita”, da pie a que las expectativas por una derogación de la ley sean bajas.
Sin embargo, sectores de la sociedad insisten en la eliminación de la normativa, que ONG y organismos internacionales califican como “herramienta para la persecución política en Venezuela” con más de 300 personas procesadas.
Defensores de DDHH consultados por Efecto Cocuyo esperan que la mesa de diálogo que se instala para su cuarta ronda de conversaciones, a partir de este 13 de noviembre, incida y por alguna vía se venza la resistencia del chavismo a derogar el texto que aún contiene mecanismos de censura.
Comisión receptiva pero…
El miércoles 11 de noviembre se reunieron con la comisión especial, las organizaciones Conexión Segura, Redes Ayuda, Espacio Público, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) y otros defensores de la libertad de expresión, representantes de universidades como la Católica Andrés Bello (Ucab) y la UCV.
“Se mostraron receptivos (los diputados), considerando que la consulta es para reformar la ley y no para derogarla. Varias ONG fuimos a plantear la derogación. En la reunión también hubo periodistas y comunicadores identificados con el oficialismo, pero el debate se mantuvo con respeto entre las partes. A pesar de nuestro planteamiento, los diputados defendieron el punto de reformar la ley. Se escucharon muchas cosas del tipo ‘de lado y lado se han cometido errores’ y citando a Delcy Rodríguez, dijeron que se ‘cometieron abusos aplicando esa ley’, comentó el coordinador de Redes Ayuda, Luis Serrano.
El defensor de DDHH y derechos digitales indicó que la comisión recibió los aportes por escrito de los participantes, aunque en su opinión el chavismo no dará su brazo a torcer, al menos en la AN. Pese a ello, destaca la oportunidad de poder hablar por muchos venezolanos de a pie que ya no quieren sentir miedo a expresar una opinión política o a participar en una protesta.
“Si no se deroga que es la demanda, creo que la discusión debe ir más allá de la reforma de artículos e ir al fondo de la ley, que busca coartar la libertad de expresión. Está bien, no le das cárcel a la persona, pero le pones una multa impagable. ¿Te van a multar por decir lo que piensas? Si reconocen a las víctimas ¿Cuál es la reparación? Sobre la reparación de las víctimas, dijeron que lo iban a revisar”, dijo Serrano.
El director de Espacio Público y ex preso político, Carlos Correa, relató que los diputados, entre quienes está Jorge Arreaza, miembro de la mesa de diálogo, asintieron frente a varios planteamientos de los defensores de DDHH, pero también percibió desconfianza.
“Planteamos que si insisten en no derogarla que se incorpore el tema de la reparación de las víctimas de la aplicación de la ley, como, por ejemplo, que las personas que fueron procesadas, detenidas, el bloqueo de portales, hay que colocar expresamente un régimen transitorio de reparación, que se establezca un plazo para que las personas obtengan la libertad. Cuando yo hice estos comentarios vi que se asintió”, relató Correa.
A su juicio, la desconfianza hacia la demanda de derogación parte de que el chavismo percibe cualquier expresión de descontento social o de crítica al gobierno como odio. Explicó que la violencia que se puede generar en una manifestación de calle o por racismo, violencia de género, es distinta a la incitación al odio y ya posee mecanismos para su castigo. Recordó que el Código Penal sanciona la incitación al odio en la medida en que pueda derivar en un hecho criminal que es lo penalizable, por lo que no es necesaria una ley adicional.
Preocupación por multas y potestad del MIJ
Para la ONG Conexión Segura, la reforma de la Ley contra el Odio conserva mecanismos para restringir contenidos y sancionar la expresión en internet, razón por la cual también insistió ante la comisión en su derogación. La ONG dio cuenta de 140 dominios que continúan bloqueados, incluidos medios y herramientas anticensura y VPN.
“El artículo 15 exige retirar inmediatamente contenidos sin desarrollar garantías específicas de defensa y revisión independiente. El retiro impide que una expresión siga circulando y afecta tanto a quien publica como a quienes buscan y reciben información. El artículo 21 permite sancionar mensajes contrarios a la convivencia, la paz y el respeto mutuo, sin delimitar suficientemente las infracciones. Esa amplitud deja espacio a la arbitrariedad y pone en riesgo la crítica, la sátira y la participación ciudadana en redes”, expresó la organización en un documento entregado en la AN.
También expresaron, ante los parlamentarios, preocupación porque el artículo 24 concentra en el Ministerio de Justicia la investigación y decisión sobre multas onerosas previstas en la normativa. Conexión Segura advirtió que cambiar la sanción no basta si el Ejecutivo conserva poder para castigar expresiones bajo reglas imprecisas.
La columna vertebral de la reforma es la “despenalización”, es decir, la eliminación de las penas de cárcel para conductas tipificadas en la ley (penas de 10 a 20 años). Pero se mantiene la aplicación de multas que van de 500 a 10.000 unidades de la moneda de mayor valor, en este caso el euro.
Otras ONG defensoras de DDHH como Acceso a la Justicia y Provea no han sido convocadas por la AN, pero se muestran dispuestas a asistir tal como ocurrió con la Ley de Amnistía.
“Por tratarse de una ley constitucional, categoría inventada por ellos, tiene un procedimiento especial diferente al resto de las leyes, por eso la Sala Constitucional del Tribunal Supremo se pronunció y autorizó la reforma. Si a raíz de la consulta pública hay otra modificación, la ley debe volver a dicha Sala y tiene que pronunciarse otra vez”, apuntó el codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, a propósito de la consulta.
Insiste igualmente en que debe eliminarse la ley, aunque de momento considera positivo que se despenalice, lo que debe generar liberaciones de personas privadas de libertad injustamente y sobreseimiento de las causas a más de 300 personas con medidas cautelares
“La ley tiene multas confiscatorias. Una multa de 10.000 euros deja a un venezolano en la quiebra, es una sanción confiscatoria. Con la reforma ya no es un juez el que condena, sino que queda a cargo de la policía la imposición de multas con implicaciones obvias. Es un aviso de lo que será la aplicación de la ley a partir de multas desproporcionadas”, señaló el abogado.
Sostuvo que acceder a la derogatoria de la ley significaria para el gobierno reconocer que el texto legal está mal hecho y nunca debió existir. Por otro lado, advierte que es interés del interinato mantener un clima de temor y hacer ver que aún está persiguiendo, lo que también hace con detenciones arbitrarias aunque en menor cantidad y de corta duración. Subrayó que no derogar la ley solo es “moderar” la represión.
“También creo que los diputados perciben que si la derogan, va a ganar un extremo o servirá para que alguien tenga una victoria política y ellos una derrota. Yo creo que en la derogación ganamos todos. La verdadera convivencia se produce cuando la gente puede decir lo que piensa sin que ellos implique que un funcionario pueda decir que es odio o que tu opinión es castigable. Para los excesos o los casos donde sí se comentan delitos, tenemos un Código Penal”, agregó Serrano.
Lo que se espera del diálogo
La jefa de la delegación opositora que se sienta en la mesa de diálogo con el interinato, Dinorah Figuera, se ha pronunciado para demandar la eliminación de la ley rebautizada como Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia como un paso fundamental para desmontar el aparato represivo del Estado.
Hasta ahora se desconoce qué incidencia podrían tener las conversaciones entre el interinato y el Parlamento de 2015 en el destino del instrumento legal. Correa y Daniels esperan que las negociaciones influyan a favor de su extinción, sino directamente a través de otras vías como el nuevo TSJ. Serrano descarta que la derogatoria se dé a través de la AN.
“Personalmente, creo que en la AN van a aprobar una reforma y no la van a derogar (…) En la consulta pública el diputado Pedro Infante comentó-me permito parafrasearlo- que hay dos extremos: uno que pide que la ley se quede tal cual como está y otro que pide la derogación y que para ellos, la reforma es el punto medio. Yo no creo que sea posible un punto medio en este caso, a pesar de la despenalización, porque la ley sigue teniendo un efecto inhibidor en la población venezolana”, subrayó Serrano.
Correa enfatizó que independientemente de si el tema está en la agenda de las negociaciones, si se quiere avanzar en un diálogo y en la transición a la democracia hace falta que la sociedad venezolana pueda expresar con libertad las críticas al ejercicio de los distintos Poderes Públicos, lo cual implica que no haya consecuencias posteriores.
“Esta es una de las leyes que genera miedo, que reduce el escrutinio sobre lo público. Creo que además es fundamental que las leyes se construyan en función de proteger al conjunto de la sociedad y no solo a los funcionarios. Los funcionarios tienen derechos y herramientas para responder, para replicar. La incitación al odio se convierte en un problema cuando la persona puede efectivamente generar esos hechos violentos y el contexto es muy importante. Lo demás ya cuenta con mecanismos legales para ser sancionados”, insistió el comunicador.
En la consulta salió a relucir que se permiten programas en el canal del Estado como el Mazo Dando de Cabello con señalamientos y descalificaciones contra la disidencia política, sin que sea considerado por el gobierno como promotor del discurso de odio.
“Las negociaciones pueden influir. Si se busca un TSJ independiente y queda constituido este año, ese nuevo Tribunal Supremo podría declarar la nulidad de la Ley contra el Odio, eso sería posible y una consecuencia de la mesa. Si el nuevo TSJ cumple su papel haría eso, falta saber si se logra”, sostuvo Daniels.
También está previsto que la comisión especial que aborda la reforma escuche tanto a víctimas de mala aplicación de la ley como a las que el chavismo considera víctimas de violencia opositora.
Autor(a)
Artículos relacionados
Machado centrada en consulta para la transición y presos políticos: ¿Cuál es la estrategia?
Para Luis Medina Gil, Machado desarrolla estrategia de “reposicionamiento político gradual”. Paola Molina Noguera habla de etapa de reorganización y articulación social
Mesas técnicas de diálogo se centran este sábado en temas de garantías políticas y oro venezolano
AN 2015 anunció los temas que se tratarán en la reunión de este sábado 14 de noviembre
Ley del Sistema y Servicio Eléctrico en 8 claves: Se quedó a medio camino, señalan expertos
Elías Matta considera positiva la apertura al capital privado, pero dice que temas como el arbitraje y los subsidios no están bien definidos