Ley del Sistema y Servicio Eléctrico en 8 claves: Se quedó a medio camino, señalan expertos 

De la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, sancionada este 10 de noviembre por la Asamblea Nacional (AN), se destaca principalmente que el Estado “se dio cuenta” que no puede solo y abre el sector a los privados para que realicen las inversiones necesarias para rescatar el servicio, seriamente afectado por la falta de mantenimiento. 

Sin embargo, expertos como el expresidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, Elias Matta, advierten que el instrumento legal de 119 artículos, nueve disposiciones transitorias y una final, “se quedó a medio camino” porque entre otras cosas, no ofrece suficientes garantías al capital privado para invertir en las áreas que se requieren con temas como el arbitraje y los subsidios. 

El importante texto legal se sanciona con el telón de fondo del fuerte racionamiento de luz, apagones y fluctuaciones eléctricas diarias en diversas regiones del país y la puesta en “pausa” por parte de la corporación estadounidense GE Vernova Inc. de la ejecución física para la reparación de la red eléctrica en Venezuela debido a la falta de un primer pago.  

Aun con las inversiones necesarias, alertan expertos, estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) llevará tiempo debido al tamaño del deterioro acumulado.  A continuación algunas claves de la ley  propuesta por el Ejecutivo encargado que resumen los aspectos más importantes según especialistas como Matta. 

Rompe monopolio de Corpoelec 

Desde el artículo 3, numeral 12 se comienza a hablar de la participación de empresas privadas, mixtas y públicas en las actividades relacionadas con el SEN (generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización) bajo el principio de corresponsabilidad. En el numeral 11 se advierte que el Estado es soberano sobre los recursos energéticos con planificación, regulación y control público del  servicio eléctrico.

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El Ministerio del Poder Popular (artículos 26 y 30) con competencia en materia de energía eléctrica otorgará las concesiones por un máximo de 25 años, también tendrá derecho a revocarlas, según procedimiento establecido en la normativa.

“El Estado reconoce que él no puede atender solo el problema eléctrico, es una de las cosas más importantes. Es reconocer que fracasó lo que hicieron en el 2007, cuando crearon Corpoelec y en el 2010 cuando hicieron la ley con la que reservaron al Estado todas las etapas de la generación eléctrica, transmisión y distribución eléctrica y que definitivamente tienen que buscar que el sector privado se involucre en este problema de la luz”, expresó Matta consultado por Efecto Cocuyo.

La Corporación Eléctrica Nacional  (Corpoelec), de acuerdo con el artículo 25, podrá crear filiales que tienen entre sus obligaciones coordinar con los municipios la operación del alumbrado público; compensar a las usuarias y usuarios los daños causados por fallas que le sean imputables y reembolsar los montos cobrados en exceso por errores de medición, lectura o facturación. 

Tarifas

En declaraciones a la prensa en el Palacio Legislativo, el jefe del Parlamento, Jorge Rodriguez, indicó que las tarifas por consumo estarán indexadas a la moneda de mayor valor establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) pero que habrá una política de subsidios para quienes no puedan pagar.

La Superintendencia deberá revisar anualmente los costos asociados a las actividades del SEN, a fin de mantener actualizado su valor real (articulo 67).

Matta admite que la tarifa debe “sincerarse” pero advirtió que nadie en los actuales momentos quiere pagar el servicio eléctrico con el deterioro que padece producto de la desinversión acumulada.  Subrayó que el Estado tiene que demostrar que mejorará el servicio para cobrar.

“En Venezuela, más de 7 o 8 millones de personas migraron y todo el que migró sabe que el servicio eléctrico se paga. En Colombia, el servicio cuesta alrededor de casi 100 dólares al mes para una familia, pero tienen un buen servicio y la gente busca ahorrar energía. Vamos camino a una sinceración de la tarifa porque realmente casi no existe, el precio del kilovatio no tiene valor prácticamente y aquí cobra relevancia la tarifa subsidiada hacia los sectores más débiles pero con mayor definicion”, sostuvo el exdiputado. 

Mencionó que en países con un modelo privatizado se  crea un mercado mayorista de manera independiente que vende electricidad a precios de competencia, lo que aseguró, beneficia al usuario y le permite mayor libertad al capital privado que decidió entrar. También citó experiencias como el servicio de electricidad prepagado tal como ocurre con la televisión y así la gente decide cuánto invertirá en megavatios mensualmente.

“Tal como está hecha la ley, no define qué va a pasar con las zonas menos pobladas porque el privado va a tratar las ciudades grandes porque no tiene un motivo para trabajar en sectores donde haya poca población, zonas rurales. Ese tema tiene que ver cómo lo resuelve el Estado. Debió involucrarse a estados y a los municipios, porque aquí hubo muchas empresas exitosas regionales del sector eléctrico como Enelven”, dijo.

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Ojo con los subsidios 

Para Matta no está bien definido en la ley el tema de los subsidios (el Estado paga una parte y el usuario la otra). Pese a que considere necesario que el Estado proteja a los sectores más débiles de la cadena como sucede en países como Colombia y Perú, hace falta aclarar más sobre cómo pagará a los privados. Espera que el reglamento lo defina. 

“Es interesante que la tarifa separe lo que el Estado debe subsidiar a esos sectores pero debe estar claro cómo se va a pagar al que presta el servicio para que tenga la garantía. Si voy a invertir tanto y voy a recuperar una tarifa que me sirva, una tarifa responsable que me permita cubrir mis costos y tener una ganancia”, expresó.  

De acuerdo con el artículo 73, corresponde al Ejecutivo a través de los ministerios con competencia en materia de energía eléctrica y de economía y finanzas, dictar la política y cuantía de los subsidios aplicables. 

El artículo 74 establece que el Ministerio de Energía Eléctrica podrá establecer dentro del esquema de tarifas un esquema de subsidios focalizados y explícitos con indicación de su origen, monto y vigencia, tomando en consideración los costos asociados a las actividades del SEN, los requerimientos de los usuarios más necesitados y los sectores productivos a incentivar. También se aclara que no afectará la sustentabilidad financiera de las empresas operadoras.

El artículo 75  especifica a quienes van dirigidos los subsidios: familias en situación de vulnerabilidad y demás usuarios que determine la Superintendencia del SEN; ampliaciones del SEN y planes para la electrificación de áreas no servidas en áreas rurales y zonas aisladas no servidas; sectores productivos específicos definidos por el Ejecutivo. 

El artículo siguiente establece un fondo para financiar total o parcialmente los subsidios establecidos y que se nutrirá de aportes presupuestarios directos del Poder Público Nacional, estadal y municipal; multas aplicadas por la Superintendencia del  SEN; otros recursos provenientes de personas naturales y jurídicas.

Ente regulador sin autonomía 

El órgano rector del SEN sigue siendo el Ministerio de Energía Eléctrica (artículo 12) que dicta las políticas, aprueba las tarifas de consumo, ejerce la tutela de Corpoelec y otorga, modifica, prorroga, interviene y declara la caducidad o rescisión de los contratos de concesión para el  ejercicio de las actividades de generación superior a 50 MW o que involucre o afecte bienes de dominio público, sistemas de transmisión  troncal, distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo o sistemas integrados de escala regional.

La ley además crea la Superintendencia del SEN en su artículo 15  como instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa, presupuestaria, financiera y de gestión, adscrita al Ministerio de Energía Eléctrica. La máxima autoridad del nuevo ente, así como su directorio integrado por cinco personas, son de libre nombramiento y remoción del presidente de la República (artículo 16). 

Entre las funciones de la Superintendencia (artículo 17) está la fijación técnica de las tarifas de cobro por el servicio eléctrico a los consumidores, dictar las normas que regulen las relaciones entre las empresas operadoras y los usuarios; fiscalizar el desempeño técnico, operativo, contable y financiero de las empresas operadoras públicas, mixtas y privadas; aplicar sanciones administrativas y  clasificar a los usuarios y fijar el umbral de gran consumidor (información relevante para los subsidios). 

“En todos los países que han iniciado procesos de involucrarse a empresas privadas, el ente regulador no depende únicamente de las instrucciones que da el Estado, tiene autonomía. En la reforma de la ley el Ejecutivo nombra y quita a las autoridades de ese ente regulador y eso no da seguridad a los privados”, advirtió Matta. 

Durante la discusión en plenaria, el diputado Omar Veracierto de Fuerza Vecinal propuso que el Jefe de Estado pida autorización a la AN para nombrar al Superintendente como control parlamentario. Asimismo, que el directorio no solo lo nombre el presidente sino que el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, pueda proponer a alguien, además de las universidades en aras de un mayor consenso. La propuesta fue negada por la mayoría del chavismo

“La reforma es un simple cambio táctico, no estratégico. Pasamos del monopolio estatal absoluto a una apertura parcial para atraer capital privado. No es un libre mercado, es un esquema de concesiones tuteladas donde el Estado retiene el control discrecional (…) La principal falla de la ley es la falta de un árbitro neutral: el Estado sigue siendo juez y parte. Tanto el Ministerio como Corpoelec concentran la actividad rectora, la operación dominante y la regulación, dejando al potencial inversor a merced de su propio competidor”, opinó igualmente el economista Henkel Garcia. 

Se crea igualmente (artículo 18) el  Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico con competencia en materia de energía  eléctrica, encargado de las operaciones de despacho y  liquidación de la energía del SEN. Su máxima autoridad es un director que será designado por el Ministerio de Energía Eléctrica. 

Advierten que recuperar el Sistema Eléctrico Nacional requiere hasta $40.000 millones

¿Seguridad jurídica? 

“Hay un tema también que también preocupa que es el arbitraje. No se termina de definir cómo se resuelven los conflictos que se generen entre las partes. Generalmente el arbitraje es como una especie opcional y habrá que ver si se puede definir en el contrato en lo que se firme”, añadió Matta. 

El artículo 29 establece que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, podrán ser decididas por los tribunales competentes de la República o mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje. El Ministerio de Energía Eléctrica fijará los lineamientos generales para establecer las cláusulas de resolución de controversias y no requerirán opinión o autorización de la Procuraduría General de la República y la Ley de Arbitraje Comercial.

De acuerdo con el artículo 30, el ministerio tiene la potestad de intervención y reversión sobre las concesiones otorgadas conforme a la Ley. La intervención de una concesión, según el mismo artículo, sólo procederá de modo motivado y temporal en caso de incumplimiento grave, insolvencia o quiebra que ponga en riesgo inminente la continuidad, confiabilidad, seguridad o calidad del servicio. 

“Aprobamos la reforma a la Ley del Servicio Eléctrico, porque entendemos que es una gran necesidad para Venezuela. Pero siempre insistimos, en estos momentos no hay electricidad en muchas partes de nuestro país. (…) Entendemos que esta ley no va a traer electricidad a nuestros hogares, a nuestro comercio, a la industria inmediatamente, pero abre la posibilidad de que la inversión privada entre en este juego”, expresó la diputada del Grupo Libertad (UNT), Nora Bracho.

Bracho, quien previamente denunció que el proyecto de ley que llegó a los diputados en la Cámara era distinto al aprobado en la comisión mixta que trabajó la reforma propuesta por el Ejecutivo,  aseguró que es un marco legal para permitir la inversión privada y que haya seguridad jurídica. Desde Turquía, la gobernante encargada, Delcy Rodriguez, también defendió la apertura del SEN a la inversión privada. 

REFORMAR PARA NO CAMBIAR.

La nueva ley eléctrica abre la puerta al sector privado, pero de manera chucuta, y deja todo el control en el mismo escritorio: el del ministerio. Con esta ley, el ministerio se paga y se da el vuelto.

El ejecutivo maneja todo:
• Dicta la política y…

— Jesús Armas (@jesusarmasccs) November 11, 2026

Autogeneración 

En el contexto de la cooperación petrolera con EEUU que supone un aumento de la producción, la ley contempla que dicho sector debe ser capaz de generar su propia energía eléctrica para no recargar el SEN, lo cual se intuye debe estar sucediendo en estos momentos de fuertes racionamientos y apagones que el interinato atribuye exclusivamente al fenómeno del Niño. 

El artículo 77 de la ley señala que las empresas operadoras reguladas por la Ley Orgánica de Hidrocarburos deberán asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para la ejecución de las actividades primarias, mediante modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, dirigidos a asegurar su autonomía operativa, sin perjuicio de la interconexión con el SEN. 

Las personas jurídicas públicas, privadas y mixtas podrán desarrollar proyectos de generación eléctrica independiente destinados a satisfacer las necesidades energéticas de las empresas operadoras reguladas por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, según el artículo 78. Fuera de esta área no está permitido. El Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos regulará la generación eléctrica independiente (artículo 79). 

Cárcel por revelar “secretos” del SEN

La normativa castiga con cárcel de dos a seis años (artículo 118) a toda persona que hurte la energía eléctrica con fines de lucro, mediante conexiones de más de 5.000 kilovatios hora al mes no autorizadas por la empresa operadora. El hurto de los equipos o instalaciones es castigado con la misma pena de prisión (artículo 119).

El mayor castigo (prisión de ocho a 16 años) será para quien se considere revele información confidencial  o “secretos” concernientes a la seguridad del SEN (artículo 116). 

“La ley castiga de 8 a 16 años de cárcel por revelar secretos sobre la seguridad del sistema eléctrico. Yo me pregunto cómo se define eso, a mi parecer puede usarse contra cualquiera”, alertó Matta. 

Quien de manera intencional ocasione la interrupción del servicio eléctrico en todo o en parte del territorio nacional, será penado con prisión de cuatro a ocho años, señala el artículo 117. 

La Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, sancionada hoy, mejora en muchos aspectos el proyecto aprobado en la primera discusión.

Pretende una liberalización a medias del sector. Pero persisten instituciones que reducen las garantías para la inversión privada.

— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) November 10, 2026

¿Cuánto tiempo tomará recuperar el sistema? 

Matta en coincidencia con otros expertos, señala que tomará entre siete y diez años la recuperación completa del SEN con la inversión adecuada.

“Si no fuera por el bajo Caroní, hoy no hubiera luz, de ahí están saliendo prácticamente 10 mil megavatios, y estamos generando en total como 12 mil MW, gracias a esa obra de la democracia. Vemos con preocupación que la empresa General Electric se retira por falta de pago

y es una mala noticia porque es la adecuada para recuperar y poner en funcionamiento las turbinas, la mayoría de las que están instaladas en el país son de esa marca”, dijo. 

De acuerdo con la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem), la recuperación del sistema eléctrico en Venezuela requiere de una inversión de hasta 40.000 millones de dólares y un plan “maestro” que podría extenderse 10 años, luego de más de una década de desinversión.

“Tal como está la ley se queda como a mitad de camino, quizás con el reglamento pueden mejorar algunos detalles como el tema de los subsidios. No sé cuál es el empeño de ellos (gobierno) de no terminar de hacer las cosas bien. Ojalá los privados puedan tener mayores incentivos para que el sector eléctrico comience a andar en la dirección correcta”, añadió Matta.