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El baremo para el nuevo TSJ: ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas? 

Nelson Chitty La Roche señala que entrevista final y su ponderación deja un margen de subjetividad peligroso. Otro abogado constitucionalista cree que el baremo pudo ser más equilibrado

El baremo para el nuevo TSJ: ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas?
Postulaciones para el TSJ cierran el 11 de noviembre si no hay prórroga

Del baremo que se aplicará para la selección de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicado este 2 de noviembre, por el Comité de Postulaciones Judiciales, lo primero que se ha resaltado es que por primera vez en 27 años se hacen públicos los criterios para la escogencia de los aspirantes al máximo tribunal del país.

Otras opiniones de juristas y analistas se refieren a que la herramienta se puede mejorar, puesto que se considera que hay desbalance en el puntaje que recibe cada competencia, pero en general se apunta a que aun así, quien cumpla todos los requisitos debe resultar favorecido. 

Existe conciencia igualmente de que el Parlamento con mayoría del chavismo será el encargado de seleccionar finalmente a los 32 magistrados, además del inspector general de tribunales y el director de la Escuela de la Magistratura. 

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Sin embargo, se apuesta a que el proceso de negociaciones entre el interinato y la oposición en una mesa supervisada por Estados Unidos tenga incidencia en la conformación de un TSJ no supeditado a los intereses del Ejecutivo, basados en las recomendaciones de la representación de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones y el Consejo de Revisión de Credenciales, designado por la mesa.

Durante una entrevista este 4 de noviembre, en el canal Venevisión, el integrante del Comité de Postulaciones Judiciales por la sociedad civil, Guillermo Tell Aveledo, aseguró que el baremo introduce filtros rigurosos para ponderar la solidez intelectual y la trayectoria profesional de los candidatos, lo que garantiza una evaluación cuantitativa y cualitativa sin distinciones partidistas.

Se observa desbalance 

“En mi criterio debieron valorarse más los aspectos académicos. Otro elemento es que un doctorado en Ciencias Políticas (postgrados no afines) no es útil para un jurista que aspire a  magistrado de la Sala Constitucional. Tal vez se quiso ser más ortodoxos, pero, por experiencia, hago notar que son detalles que pudieron mejorarse”, expresó el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Nelson Chitty La Roche.

De acuerdo con el baremo publicado, a la hora de seleccionar a los aspirantes al máximo juzgado del país, la formación académica y producción intelectual (postdoctorados, maestria y especializacion en area juridica, postgrados no afines, libros académicos, artículos arbitrados, ponencias y conferencias) tiene el mayor peso en la tabla con 28 puntos del total de 100 puntos del baremo. 

La experiencia docente y académica tiene un peso de 19 puntos; la experiencia profesional (ejercicio especializado en áreas jurídicas, participación acreditada en la elaboración de proyectos de ley, proyectos de defensa de derechos humanos, transformación del sistema de justicia, arbitraje internacional o como abogado parte o testigo experto, representación de la República ante tribunales extranjeros), 19 puntos.

Asimismo, la experiencia jurisdiccional tiene un puntaje de 19 puntos (juez superior, funcionario auxiliar del sistema de justicia, síndico, procurador del Estado, procurador general, ingreso por concurso de oposicion) y la evaluación técnica, ética y de competencia que se hace a través de la entrevista tiene un valor de 15 puntos. 

“La experiencia jurisdiccional luce privilegiada y la entrevista final deja un margen de subjetividad que la hace muy delicada y tiene mucho peso. Eso me luce lo más protuberante del baremo”, agregó el exdiputado.

La Roche dijo a Efecto Cocuyo que decidió presentar su nombre para integrar el máximo tribunal de la República ante el Comité de Postulaciones, al igual que lo hizo para el cargo de fiscal general en el mes de marzo. 

Experiencia vs. calidad de desempeño

Para otro jurista que también presentará su postulación la semana que viene -el proceso cierra el 11 de noviembre, si no hay prórroga- y prefirió el anonimato para esta nota, comparte la idea de que pudo haber más equilibrio entre los criterios para la ponderación. A su juicio, quien sume años como juez tiene más posibilidades que quien ha dedicado su vida a la academia.

“Esto favorece a los jueces que puedan estar concursando y vamos a estar claros: quiénes han sido jueces los últimos 27 años, son los que han llevado al sistema de justicia a estar como está. Pero de cualquier manera, alguien con un buen currículum y que cumpla con los requisitos constitucionales y de la ley, debe entrar en la lista de escogibles y el que no, no, a menos que entre por razones políticas. No nos podemos olvidar que al final el nuevo TSJ será producto de una decisión de naturaleza política, no jurídica. Una parte del proceso es meritocracia, pero otra parte es política”, sostuvo el docente universitario. 

La ONG Acceso  a la Justicia coincide. Quienes han ocupado cargos públicos tienen ventaja y se reconocen menos actividades propias del libre ejercicio del Derecho. 

“Se da mayor peso a la antigüedad que al desempeño: Se otorgan puntos por años de servicio judicial sin evaluar suficientemente la calidad de las sentencias, la protección de los derechos humanos o la independencia demostrada. Esto preocupa especialmente porque en Venezuela no se realizan concursos públicos de oposición para ingresar a la judicatura desde 2003. Más aún esto es alarmante si se considera que el sistema de justicia penal junto con el TSJ han sido parte del aparato represivo del Estado”, alertó la ONG. 

El abogado constitucionalista que prefirió reserva de su nombre al declarar a Efecto Cocuyo apuesta a que el contexto (tutelaje de EEUU, elementos que se han ido corrigiendo desde el 3 de enero, la composición del Comité de Postulaciones Judiciales y el Consejo de Revisión de Credenciales) contribuyan a que el proceso actual de selección de los magistrados del TSJ sea diferente a los anteriores, dominados por el partido de gobierno. 

“Con este nuevo Comité de Postulaciones Judiciales, con un baremo con defectos como toda obra humana, yo mismo me voy a someter a este proceso porque creo que esta vez puede ser diferente y si resulto seleccionado hacer mi aporte para la reinstitucionalización del sistema de justicia”, subrayó. 

Analistas como el politólogo Walter Molina destacaron por ejemplo, que el baremo otorga 0,8 puntos por cada año de servicio, hasta un máximo de 12 puntos, por lo que un funcionario con 15 años de experiencia en el sistema de justicia obtiene la máxima calificación en ese apartado.

“Desde luego, haber trabajado durante estos años en el Poder Judicial no convierte automáticamente a nadie en chavista, pero tampoco podemos confundir antigüedad con mérito. Y tampoco debemos ser inocentes. ¿Cómo se evaluarán los antecedentes de quienes hayan participado en decisiones contrarias a los derechos humanos o a la independencia judicial?”, se preguntó. 

Piden reducir discrecionalidad 

Además de La Roche, el abogado constitucionalista Jesús María Casal ha expresado públicamente su postulación al TSJ. Sobre Casal, algunos se han preguntado si pasará el filtro por haber sido presidente de la Comisión Nacional de Primarias de 2023 que organizó el proceso para escoger candidato presidencial para las elecciones de 2024.

La Roche prefirió no opinar, mientras que el abogado que omitió su nombre indicó que la postulación de Casal es viable porque no milita en ningún partido político. Recordó que una cosa es tener ideología política, que la tiene cualquier ciudadano, y otra la militancia partidista que es lo que prohíbe la normativa. 

“Casal se prestó para organizar un proceso que permitió a los partidos de oposición ponerse de acuerdo en torno a una candidatura presidencial, pero más allá de eso no hizo ni se dedica a la actividad política”, señaló el jurista.

De acuerdo con Aveledo, el baremo equilibra las tres vías constitucionales de postulación (la carrera judicial, el ejercicio profesional en el litigio y la docencia universitaria). Aseguró que se eleva el estándar ético y técnico exigido a los futuros jueces del máximo tribunal.

Para Acceso a la Justicia, lo importante no es sólo cómo se distribuyen los puntos, sino qué méritos se valoran. La ONG advirtió en un comunicado que la independencia judicial y la probidad no pueden evaluarse únicamente mediante una entrevista. La ONG cuestiona que la entrevista represente 15 puntos de 100 sin criterios precisos para evaluar conocimientos, independencia, imparcialidad y ética, lo que podría dar lugar a la discrecionalidad. 

“Para reducir la discrecionalidad y garantizar la transparencia, se recomienda establecer criterios y puntuaciones específicas para cada competencia evaluada en las entrevistas, utilizar preguntas y casos comparables, identificar a los evaluadores y hacerlas públicas y sus resultados”, señaló. 

Otras críticas al baremo apuntaron a que otorga cuatro puntos por un doctorado jurídico, dos por una maestría y uno por una especialización. Pero no establece diferencias según la calidad académica de las instituciones que los expidan. El politólogo Molina advirtió, por ejemplo, que en la Venezuela de hoy abundan los “postgrados express”. 

De acuerdo con la consultora política, Carmen Beatriz Fernandez, no puede evaluarse en igualdad de condiciones un doctorado de una universidad de reconocida trayectoria académica y otro de una institución cuya calidad o exigencia sea cuestionable. En este sentido, propuso utilizar referencias internacionales, como los rankings QS o Times Higher Education, para ayudar a valorar las credenciales.

Activar mecanismos ciudadanos

Aveledo recordó que el lapso formal de inscripciones para aspirar a formar parte del TSJ vence el próximo 11 de noviembre, día previsto para que inicie el cuarto ciclo de conversaciones en la mesa de diálogo entre el interinato y la oposicion a través del Parlamento de 2025. 

El decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana hizo un llamado para que una vez cerradas las postulaciones se activen los mecanismos ciudadanos de auditoría e impugnación de las candidaturas.

El Comité de Postulaciones Judiciales informó este 4 de noviembre que permitirá la postulación a través de apoderados a quienes no puedan entregar personalmente los recaudos exigidos. La instancia advirtió que la entrevista si es presencial y personal. 

Acceso a la Justicia cuestionó que esta decisión se tome a  ocho días del cierre de las postulaciones y que se exija un poder, por cuanto, la Ley de Procedimientos Administrativos, explico, establece que para los procedimientos administrativos, basta la designación en la comunicación y no requiere poder notariado. 

La ONG pidió además permitir la participación de juristas venezolanos que están fuera del país y que quieran postularse con entrevistas virtuales. Asimismo, se ha solicitado que las entrevistas sean públicas para abonar a la transparencia del proceso.