Abogada Raquel Sánchez rechaza que candidatos de proceso anulado se postulen al TSJ sin nueva revisión
Miembro del Comité de Postulaciones denuncia que el chavismo pretende incluir a ciudadanos descartados
La abogada Raquel Sánchez, integrante de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales y coordinadora del Foro Penal en el estado Táchira, advirtió este miércoles que el chavismo pretende que candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inscritos en el proceso de mayo —que fue anulado— repitan su postulación en el nuevo proceso iniciado este lunes, sin someter nuevamente sus expedientes a revisión para verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
En una entrevista con Venevisión, Sánchez rechazó esa posibilidad. “No estamos de acuerdo con ello, hay muchos aspectos y sobre todo los aspectos legales, estamos en un proceso nuevo, debe haber una nueva convocatoria y a partir de allí es que deben haber las nuevas postulaciones”, afirmó.
La abogada enfatizó que se trata de un proceso distinto, por lo que corresponde abrir una convocatoria fresca y exigir a todos los aspirantes que presenten y actualicen su documentación conforme a las normas vigentes. En el mismo espacio también se destacó que las personas acusadas de violaciones de derechos humanos no pueden postularse.
El Comité de Postulaciones Judiciales, conformado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil (entre ellos Sánchez, juramentada el pasado 22 de octubre), se instaló formalmente días atrás y avanza en la definición del cronograma.
El proceso de renovación del TSJ forma parte de los acuerdos de la mesa de diálogo. El anterior intento de selección de candidatos, iniciado en mayo, fue anulado, lo que obliga a reiniciar el procedimiento con las nuevas reglas y composición del comité.
Sánchez, abogada y magíster en Ciencias Jurídicas con trayectoria en la defensa de derechos humanos y el acompañamiento a víctimas, insiste en que el rigor en la revisión de los expedientes es fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad del futuro máximo tribunal.
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