MPV reitera ante el TSJ solicitud para designar una nueva directiva del BCV

El secretario general nacional del Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, reiteró formalmente la solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que este organismo ordene la designación de una nueva junta directiva del Banco Central de Venezuela (BCV), con el objetivo expreso de reestructurar la conducción económica e institucional del ente emisor.

La petición, formulada originalmente el pasado 11 de mayo, fundamenta su sustento jurídico en los artículos 318, 319 y 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normas regulatorias que establecen la autonomía técnica, la estabilidad monetaria y la coordinación de políticas macroeconómicas del organismo emisor.

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Evaluación del desempeño macroeconómico

En sus declaraciones, Calzadilla argumentó que “la persistencia de desequilibrios macroeconómicos y de los índices inflacionarios en el país responde a las decisiones adoptadas en materia monetaria”. Según la perspectiva expuesta por el dirigente del MPV, el ente rector ha incurrido en la emisión de dinero sin respaldo para el financiamiento directo del déficit fiscal.

A juicio de Calzadilla, este esquema operativo impactó el valor de la moneda nacional y deterioró la capacidad adquisitiva de la población, situación que considera agravada por el desempeño del esquema del control de cambio implementado por el Ejecutivo.

“Es perentorio que la institucionalidad económica venezolana se restablezca para que pueda avanzar la transición en Venezuela. Si queremos que el país cambie, debemos comenzar por las instituciones económicas y la principal es el Banco Central de Venezuela”, señaló el representante político.

Mecanismos de rendición de cuentas y gestión presupuestaria

Además de la reestructuración en la directiva del BCV, el vocero del Movimiento Por Venezuela enfatizó la necesidad indispensable de robustecer los órganos de control del Estado, haciendo particular mención al rol de la Contraloría General de la República en la fiscalización de los recursos públicos.

Calzadilla sostuvo que la falta de transparencia en la administración gubernamental constituye uno de los factores determinantes en el deterioro socioeconómico, señalando al respecto los recientes expedientes de presunta corrupción y desvío de fondos públicos que el propio Ejecutivo ha hecho públicos en el último período.

Para hacer frente a estas deficiencias, la propuesta contempla la restitución de mecanismos formales de rendición de cuentas e institucionalidad presupuestaria. En tal sentido, planteó que la Ley de Presupuesto de la Nación deba presentarse y debatirse abiertamente ante el parlamento —con el reconocimiento de la Asamblea Nacional de 2015— y divulgarse ampliamente en los medios de comunicación, garantizando el acceso público a la información sobre la asignación y ejecución de las partidas del gasto público.