Espacio Público advierte sobre «falsa normalización»: Desbloqueo parcial no frena la censura

En su más reciente balance sobre la libertad de expresión, la organización no gubernamental Espacio Público reveló que durante el mes de septiembre se registraron tres casos y cuatro violaciones a la libertad de prensa e información en Venezuela. Aunque la cifra iguala el registro más bajo del año alcanzado en agosto (sumando apenas seis casos en los últimos dos meses), la ONG advirtió que la persecución no ha cesado y que las medidas estructurales de censura permanecen intactas.

Desbloqueos en internet: medida técnica, selectiva e incompleta

El informe destaca que a mediados de septiembre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) notificó a los proveedores de internet la restitución del acceso a varios portales informativos, tales como El Pitazo, Efecto Cocuyo, Crónica Uno, El Carabobeño, EFE, Caraota Digital, AlbertoNews, Monitoreamos y la propia web de Espacio Público, según ratificaron mediciones del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI).

Sin embargo, Espacio Público enfatizó que la medida fue «selectiva e incompleta». Medios de comunicación y organizaciones como Tal Cual, IPYS Venezuela, Infobae, Armando.Info y La Patilla continúan bloqueados. Asimismo, plataformas como la red social X, diversos servicios de VPN y portales como VPItv o NTN24 mantienen altas restricciones y anomalías de acceso.

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De acuerdo con la ONG, la forma en que se restituyó el acceso demuestra que la imposición de bloques se ha realizado por vía administrativa y arbitraria, sin órdenes judiciales previas.

La Ley contra el Odio sigue siendo el principal instrumento de amedrentamiento

Pese al anuncio realizado el 29 de septiembre sobre una propuesta de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio por parte de la Asamblea Nacional, el texto del proyecto no se ha hecho público.

Espacio Público y diversas organizaciones de la sociedad civil reiteraron que la única salida democrática es la derogación total de la norma, al considerar que carece de definiciones claras, promueve la autocensura y es utilizada de forma discrecional contra periodistas y ciudadanos. Entre 2017 y 2024, este marco legal ha justificado más de 120 casos de persecución y al menos 33 detenciones arbitrarias en el contexto poselectoral de 2024.

La ONG ejemplificó el impacto de esta ley con el caso del ciudadano Yorman Acevedo, quien permaneció detenido de forma arbitraria durante más de ocho meses tras comentar un video en TikTok, acusado de «instigación al odio» y sometido a desaparición forzada temporal antes de recibir una medida sustitutiva de libertad con régimen de presentación.

Hostigamiento en las calles y opacidad gubernamental

El balance documentó además episodios de amedrentamiento e intimidación contra la prensa en el ejercicio de sus funciones. Entre ellos, el acoso sufrido por el periodista Oliver Fernández (NTN24) por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mientras cubría una marcha de familiares de presos políticos, y la detención temporal del exalcalde Javier Oropeza en Carora tras ofrecer una entrevista radial.

A esta situación se suma una persistente política de opacidad gubernamental sobre temas de interés público, incluyendo la falta de datos oficiales tras tres meses del doblete sísmico en el país e irregularidades en la rendición de cuentas de los fondos de infraestructura y protección social.

Un llamado a la reparación y garantías de no repetición

Espacio Público concluyó su informe valorando de forma positiva sobreseimientos y excarcelaciones recientes —como la del director ejecutivo de la propia organización, Carlos Correa—, pero recordó que la libertad condicional o el cierre de expedientes infundados no eximen al Estado de su responsabilidad de reparar integralmente a las víctimas y garantizar que estos actos de persecución no se vuelvan a repetir.