Perkins Rocha propone magistrados “bisagra” para reinstitucionalizar el país

Por contrariar al gobierno desde el ejercicio de la judicatura fue destituido del cargo de juez y por contrariar al gobierno desde el ejercicio de la política es un preso político y actualmente permanece bajo arresto domiciliario, con un grillete electrónico en el tobillo y un piquete de policías en la puerta de su residencia. Perkins Rocha puede hablar con suficiente conocimiento de causa sobre la importancia de la independencia judicial.

El llamado “efecto Afiuni” es para Rocha una realidad que opera de manera implacable sobre el juez de la jurisdicción especial antiterrorista, José Antonio García Morán, quien lleva su causa y se niega a concederle la amnistía que ya benefició a otros procesados. De acuerdo con el relato del propio Rocha, ante los cuestionamientos de su defensa sobre esta flagrante disparidad, el juez García Morán ha pasado de evadir la pregunta o murmurarla en privado a confesar de forma enfática y sin tapujos que si llegara a tomar una decisión favorable a Rocha, al día siguiente él mismo terminaría preso.

Quien fuera juez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (el segundo tribunal más importante del país) ahora está preso por la consumación práctica del terror sembrado con la “carnicería voraz” contra la jueza María Lourdes Afiuni: un sistema penal donde el miedo anula por completo la libre convicción y la independencia del juzgador.

Este ensañamiento es reflejo de una constante histórica que Rocha identifica con claridad: la justicia independiente siempre ha sido un instrumento incómodo para el poder político, “tanto en la época de la República Civil democrática como bajo el régimen autocrático y de perfil militarista instaurado a partir del año 2000”, acota.

Y prosigue: “Si bien en democracia la judicatura autónoma generaba incomodidades, el sistema autocrático vio en ella un enemigo a destruir y procedió a penetrarla paulatinamente para descomponerla desde adentro. El resultado es un aparato judicial inerte que conserva meras formalidades externas pero que carece del núcleo fundamental que define a un verdadero poder de justicia: la independencia de los jueces para decidir sin cobardía y apegados a la argumentación jurídica”.

Rocha también puede hablar con suficiente conocimiento de causa de los intentos de sanear el Poder Judicial, porque en 2017 fue representante de la sociedad civil y vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia establecida en la Constitución para seleccionar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Del baremo oculto al baremo viral

-¿Cómo se elaboró el baremo en 2017 para evaluar a los aspirantes a magistrados del TSJ?

-Ese Comité, presidido por el diputado Carlos Berrizbeitia, diseñó un baremo técnico que estableció una escala jerárquica clara para evaluar los estudios de posgrado. A los estudios de pregrado se les ponderaba según la titularidad del postulante. Para los estudios superiores de posgrado, el doctorado tenía asignada la máxima puntuación de cinco puntos. A las maestrías les otorgamos una valoración de entre tres y cuatro puntos, definiendo equivalencias específicas en caso de que no se poseyera doctorado. Las especializaciones recibieron una puntuación de dos puntos. Tras debatir sobre la valoración de los diplomados —que al ser estudios de actualización no acreditan un título o grado formal—, decidimos asignarles la mitad de un punto (0,5), pues consideramos de suma importancia reconocer la actualización profesional y la conexión continua con el pensamiento jurídico. Todo este trabajo quedó estructurado en un baremo técnico que aún reposa en los archivos de la Asamblea Nacional.

-¿Cómo abordaron en 2017 aspectos tan complejos y subjetivos como la honorabilidad?

-La honorabilidad fue el tema que más discutimos debido a limitaciones de carácter legal e institucional. Nuestro ordenamiento jurídico proscribe los antecedentes penales a perpetuidad, basándose filosóficamente en el perdón de las culpas y de los pecados.

Adicionalmente, no podíamos solicitar antecedentes penales oficiales porque sabíamos que las instituciones del Estado no nos los darían, y el uso de datos informales corría el riesgo grave de ser inexacto y causar un daño injusto a un postulante.

Por ende, debatimos arduamente si era válido valorar elementos que formaban parte de lo que podríamos calificar como el “rumor aceptado” en la opinión pública. Decidimos resolverlo incluyendo ítems generales dentro de la honorabilidad donde los integrantes del comité podíamos subir o bajar puntos de acuerdo con un criterio prudente y discrecional, como en el apartado general de “actividad ciudadana”.

El enfoque práctico no consistió en medir de manera puritana quién era “más honorable”, sino en identificar cuándo se carecía de niveles aceptables de honorabilidad debido a hechos notorios en su hoja de vida, como haber sido reo judicial en un proceso penal legítimo (el caso de Maikel Moreno) o poseer doble nacionalidad (como Evely Marrera Ortiz, que tenía nacionalidades puertorriqueña y venezolana, lo cual representaba un impedimento absoluto para el cargo).

– ¿Y la militancia política de los postulantes?

-Respecto a la militancia política, el baremo medía la desafiliación efectiva. Haber participado en actividades político-partidistas en el pasado no constituía un motivo determinante para descartar o excluir al postulante. No obstante, si se demostraba que al momento de la postulación el candidato era efectivamente un cuadro activo de un partido político, esto representaba un motivo de descarte ipso facto. Si la participación política pasada era muy reciente o “nebulosa”, los evaluadores disminuíamos su puntaje en la sección de actividad ciudadana de manera discrecional .

-¿Por qué en 2017 no se hizo público este baremo y por qué en la actualidad sí es conveniente que se haga público?

-No se publicó por falta de tiempo debido al acelerador político que nos metieron las fracciones y por falta de presupuesto, aunque es cierto que se podía divulgar con un simple click en la página web de la Asamblea Nacional sin costo alguno.

Hoy es imperativo hacer público el baremo para transparentar todo el proceso y evitar a toda costa el “dedazo” de figuras como Jorge Rodríguez o el reparto de cuotas partidistas, que se comportarían como un cáncer repitiendo la demolición institucional del pasado.

La publicidad del baremo obliga al Poder Legislativo a rendir cuentas; si decide apartarse del ranking técnico del Comité, se verá forzado a motivar y explicar a los venezolanos por qué. Es el único modo de dar fuerza vinculante, moral y académica, al criterio de la sociedad civil cualificada, como los decanos de universidades y las academias nacionales.

-¿Cómo recuerda esas jornadas de 2017 en las instalaciones de la Asamblea Nacional?

-Tuvimos debates álgidos. Diputados como Edgar Zambrano exigían acelerar el proceso para “nombrar a los carajos rápido”, pretendiendo omitir las entrevistas para evaluar solo los currículos. Para conciliar, acordamos realizar entrevistas públicas y simultáneas dividiendo al Comité en cinco mesas de trabajo de tres o cuatro integrantes cada una, ubicadas en un hemiciclo pequeño de la Asamblea. El ruido era caótico; para escuchar a tu entrevistado tenías que taparte un oído para no oír el del otro lado.

Pese a las dificultades de movilidad por las protestas antigubernamentales, acudieron más de 160 postulantes. Recuerdo al profesor zuliano Adriano Ruiz Guillén, quien viajó en moto desde el Zulia y llegó sudado a última hora a consignar sus documentos antes del cierre del fin de semana.

Algunos aspirantes adelantaban emotivos juramentos de fiel cumplimiento de sus responsabilidades como magistrados y los familiares que los acompañaban los aplaudían.

A cada uno se le formulaba una pregunta redactada por mí: si estaban conscientes de que, al ser designados por una Asamblea declarada en “desacato”, asumían una situación de riesgo extremo y podían ir presos. Todos respondieron que sí con entereza.

Esta advertencia se cumplió: el mismo día de la juramentación en la plaza Alfredo Sadel arrestaron al magistrado de la Sala Penal, Ángel Zerpa. Esto desató una razia que nos obligó a escondernos o huir al exilio para evitar ser capturados.

Desmontaje del actual TSJ, “una ganancia”

-La renovación de las autoridades del TSJ es uno de los acuerdos de la mesa de diálogo, que opera bajo la presión de Estados Unidos. ¿Qué significa que se haya decidido reemplazar a todos los actuales magistrados y no a una parte, como se había planteado antes?

-El solo hecho de que se desmonte el actual Tribunal Supremo de Justicia ya es una ganancia indiscutible. Ese TSJ es una ofensa pública para el país y una grosería para los abogados. Fue una institución que avaló de forma grosera persecuciones y permitió que más de tres mil personas inocentes fueran a las cárceles y ocurrieran muertes bajo custodia estatal sin mover un solo dedo .

Por eso, que este TSJ salga de escena es valioso. Como decimos en el dominó: “vamos a barajar esto”. Prefiero el movimiento por sí solo a la inercia. Aunque temo que los representantes opositores, como Dignorah Figuera o Juan Miguel Matheus, sean manipulados, el acuerdo refleja una fuerza real y un tutelaje pragmático que obligó al régimen a sentarse.

-¿Qué tan determinante es el tutelaje de Estados Unidos en la reforma del Poder judicial?

-Es fundamental. La fuerza que impone el tutelaje busca recomponer las piezas de manera pragmática. Debe entenderse que no habrá rentabilidad económica a futuro si no hay garantías jurídicas que la sostengan. Si lo que quieren es hacer negocios con el país, deben entender hoy por hoy que la única manera de que la producción no se muera es dando garantías jurídicas al país y a los inversionistas extranjeros. Una finca donde el caporal saca la producción de acuerdo con su antojo tarde o temprano fracasa. El rescate de la legitimidad tiene contenido de peso jurídico: el concepto de República, de unidad político-territorial con autonomía jurídica, debe ser recuperado si no queremos que Venezuela vaya a la debacle nuevamente.

Magistrados “bisagra”

-¿Cuáles son las tareas que deben realizar los nuevos magistrados del TSJ de manera prioritaria?

-Las personas que sean escogidas en esta oportunidad no deben serlo por 12 años, sino para una temporalidad excepcional y con una única visión política de Estado: coadyuvar a restablecer las bases constitucionales de la República. Su misión va más allá de la mera jurisdicción; es una tarea político-constitucional de transición. Este es un asunto medular que deben entender los designados y toda la nación.

Quien se postule debe aceptar desde el principio que su período de tiempo en el TSJ va a ser transitorio y revisado una vez que se recupere la normalidad constitucional y haya libertad con elecciones legítimas. En ese momento, el nuevo Poder Legislativo plenamente constituido va a reevaluar su comportamiento y desempeño durante este período excepcional.

El resultado de esa evaluación técnica no se perderá: el nuevo Estado lo tomará en cuenta como un mérito nuevo a cuantificar en un futuro baremo definitivo para la conformación del TSJ definitivo por 12 años, dándole una puntuación formal tal como si fuera un posgrado o doctorado adicional. De este modo, garantizamos que la designación inicial responda a la urgencia transitoria y la definitiva se realice en plena libertad institucional.

-¿Está proponiendo magistrados que funjan como bisagras?

-Esa palabra me encanta porque la bisagra es la forma más explícita de explicar lo que es una garantía jurídica en el derecho público. Una puerta sin bisagra es simplemente un pedazo de madera inútil. Cuando tú le pones la bisagra cambia radicalmente su naturaleza: deja de ser madera y pasa a ser puerta; es la garantía de existencia, funcionalidad y permanencia de la puerta.

La propuesta de magistrados “bisagra” apunta exactamente a esa función de garantía y articulación]. En esta situación de fuerza y excepcionalidad de facto, estos magistrados temporales serán la bisagra institucional que conectará el régimen de fuerza del cual intentamos salir con el nuevo edificio republicano que debemos levantar en libertad.

Al aceptar su temporalidad y asumir su misión de reconstrucción constitucional, los nuevos magistrados del TSJ garantizan la estabilidad del tránsito democrático, actuando como la bisagra jurídica indispensable para que Venezuela abra, con plenas garantías, las compuertas de la democracia.