Jesús María Casal: Comisión de juristas puede cubrir deficiencias en selección de magistrados del TSJ

El saneamiento del Poder Judicial tiene eco en la opinión pública en tanto requisito imprescindible para avanzar en la recuperación de la democracia en Venezuela. Sin embargo, no sería  la primera vez que se intenta (y que se falla) en el propósito de adecentar los tribunales del país. Lo nuevo es el peso del tutelaje de Estados Unidos en la gobernabilidad sui géneris que existe desde que Delcy Rodriguez reemplazó a Nicolás Maduro en la presidencia de la República, en enero de 2026. Para el constitucionalista Jesús María Casal, el tutelaje abre una “ventana de oportunidad”.

Casal, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y exdecano de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello,  reconoce que las fuerzas democráticas y las organizaciones de la sociedad civil, llamadas a protagonizar el proceso, transitan un “terreno inclinado o muy empinado”. No obstante, insiste en que las condiciones actuales —marcadas por la llamada mesa de diálogo que reúne al liderazgo oficialista y a una parte del liderazgo opositor— configuran un espacio de juego político que no se debe dar por cerrado antes de tiempo.

El experto apela a la autoridad que proviene del estudio del Derecho y, en ese sentido, confía en que los juristas más calificados de Venezuela harán lo que esté a su alcance para que la “ventana de oportunidad” se mantenga abierta.

El rol de los juristas

-Tras la última reforma de la ley, el Comité de Postulaciones Judiciales aumenta de 10 a 12 los representantes de la sociedad civil, pero mantiene a 11 diputados en su seno. ¿Cómo evalúa esta composición?

-La Constitución es clara en el artículo 270: el Comité de Postulaciones Judiciales debe estar integrado por distintos sectores de la sociedad. El propósito de la norma es evitar el control partidista sobre el Poder Judicial y limitar la intervención de la Asamblea Nacional en la designación de las altas autoridades de control.

Lamentablemente, este principio constitucional nunca se ha cumplido. Desde los primeros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados por la Asamblea Nacional Constituyente entre gallos y medianoche, pasando por la ley del año 2000 y las sucesivas reformas de la Ley Orgánica del TSJ, se ha violado la Constitución al no reservar dicho comité exclusivamente a la sociedad civil. Tener diputados en la instancia que hace la primera selección de candidatos a magistrados es una inconstitucionalidad que venimos arrastrando.

-¿Cuál es el objetivo de crear una comisión de juristas como contralora del proceso?

-La comisión de juristas surge precisamente como una propuesta para compensar las deficiencias que emergen como fallas de origen en la selección de los magistrados del TSJ. Aunque no está contemplada en la Constitución, esta comisión de juristas se ha planteado desde la mesa de diálogo, como una orden que el oficialismo no podría incumplir. Su función medular es actuar como un cuerpo técnico de alto nivel que revise la preselección que realice el Comité de Postulaciones y colabore en la elaboración y aplicación de un baremo de evaluación. Estaría integrada por destacados profesores titulares y eméritos, académicos, litigantes y exjueces de la República. Se trata de juristas sumamente calificados, tanto que tienen los mismos méritos que los que se le exigen a los magistrados. Precisamente, esa autoridad es lo que les confiere imparcialidad y rigor técnico para auditar el proceso.

-¿Cómo se medirían los méritos académicos y la integridad de los aspirantes en ese baremo técnico?

-El baremo debe guiarse estrictamente por la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ, evaluando idoneidad técnica, integridad moral e independencia.

Para medir la idoneidad académica, el baremo debe registrar objetivamente si el aspirante es profesor titular, sus publicaciones, pertenencia a asociaciones internacionales y reconocimientos de sus pares. Para litigantes o jueces se consideran estudios de posgrado y trayectoria profesional.

La integridad es el filtro ético más crítico: se descarta de entrada a cualquier implicado en corrupción o violaciones de derechos humanos ejerciendo función pública. En positivo, la integridad se confirma mediante el reconocimiento de colegas que acrediten una larga carrera honesta y honorable.

La mesa “de contención”

-¿Qué diferencia este proceso de selección de magistrados del TSJ de los intentos anteriores que terminaron en cooptación partidista?

-La diferencia radica en la intervención determinante de la mesa de diálogo y de quienes la auspician. En la selección del Fiscal y del Defensor -en abril de 2026- no se constituyó el comité de postulaciones establecido en la Constitución y el proceso estuvo controlado únicamente por diputados del statu quo. En cambio, hoy la mesa de diálogo introduce un factor de contención política muy importante para evitar que los actores de poder pretendan volver a la querencia o al reparto partidista de siempre.

-¿Existe evidencia tangible de que esta mesa de diálogo esté limitando el control de las facciones políticas tradicionales?

-Sí, la comparación lo demuestra claramente. Antes de la mesa venía en desarrollo un proceso de selección iniciado con total opacidad: no se sabían las vacantes ni las salas, y estaba controlado por el statu quo. Sin embargo, la intervención de la mesa obligó a dar marcha atrás, revirtiendo y anulando ese proceso de selección de aspirantes al TSJ que se había emprendido en junio de 2026. Este retroceso muestra que las reglas cambiaron. Por decisión de la mesa, serán renovados todos los cargos del TSJ, lo cual abre una oportunidad estructural inédita.

-A pesar de la mesa de diálogo, la decisión final es de la Asamblea Nacional. ¿No se corre el riesgo de que el criterio político termine imponiéndose sobre el técnico?

-Aunque no hay garantías absolutas y es un proceso difícil, el forcejeo político en el parlamento es inevitable. Pero el objetivo de la comisión de juristas, con el respaldo de la mesa, es asegurar que ese forcejeo se dé únicamente sobre un “piso asegurado” de elegibles calificados. Con un baremo correcto, la lista enviada a la Asamblea estará integrada por profesionales idóneos e independientes. El margen de negociación se dará sobre candidatos válidos. Este piso no negociable representaría un cambio radical. Si se sacrifican estos requisitos, el juego se trancaría en la mesa, donde reposa el acuerdo político.

La reforma aguas abajo

-¿Cómo se extiende este esfuerzo de saneamiento judicial aguas abajo a toda la estructura de tribunales y jueces del país?

-El saneamiento del TSJ es indispensable, pero la verdadera reforma requiere jueces de carrera en todas las instancias. El nuevo TSJ debe hacer un diagnóstico de los tribunales, donde la provisionalidad es altísima.

Al no tener concursos de oposición públicos, los jueces carecen de estabilidad constitucional. Es imperativo realizar un censo detallado para ver quiénes tienen titularidad legítima y quiénes son provisorios, revisando si los procesos de regularización previos desde 2004 fueron concursos reales de oposición o no.

-¿Cómo debe gestionarse la situación de este altísimo volumen de jueces provisorios para evitar que el sistema judicial colapse en la transición?

-Es un desafío que exige cautela y respeto a los derechos humanos. En el pasado, las depuraciones fueron razias políticas para sustituir unos actores por otros sin debido proceso.

Casos como los de Polonia y Hungría, que tras gobiernos autoritarios debaten intensamente cómo recuperar la institucionalidad, enseñan que se deben preservar principios fundamentales. Además, la justicia es un servicio que debe tener continuidad; no se puede “apagar la luz” de los tribunales y pretender encenderla en un año tras formar nuevos jueces.

La solución es mantener provisionalmente a los jueces bajo evaluación. Si tienen un desempeño aceptable y no están implicados en corrupción o violaciones de derechos humanos (como haber avalado torturas, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas), podrán continuar de forma transitoria hasta superar los concursos de oposición constitucionales.

-Desde la Universidad Católica Andrés Bello se propone el modelo del “curso-concurso”. ¿En qué consiste exactamente este mecanismo técnico?

-Es el resultado de un año de investigación de la UCAB, analizando las escuelas judiciales de Francia, España, Chile, Colombia y República Dominicana. Propone que el ingreso judicial conste de varias etapas. Primero, los aspirantes superan pruebas de oposición de conocimientos y una entrevista de evaluación. Esto no otorga la titularidad directa; ingresan a la Escuela Judicial para realizar un curso de formación estrictamente evaluado. Al final, según el puntaje, se elabora una lista de elegibles para ingresar a la carrera judicial. El modelo prioriza la formación para modelar jueces democráticos, comprometidos con los derechos humanos y respetuosos de las sentencias y tratados internacionales.

-¿Qué otras medidas son necesarias para que un nuevo TSJ facilite el proceso de reinstitucionalización del país?

Paralelamente, el nuevo TSJ debe activar las garantías constitucionales, en especial el amparo constitucional, una figura casi inactiva en Venezuela. Al rescatar el amparo, se dinamizan todos los tribunales y se impulsa el control difuso de constitucionalidad.

Asimismo, la Sala Electoral del TSJ debe garantizar que no se avalen actos del CNE que contraríen la voluntad popular. Es una tarea inmensa que abarca también depurar el ordenamiento de leyes inconstitucionales y rescatar la jurisdicción contencioso-administrativa

Sociedad civil beligerante, crítica y vigilante

-El entorno venezolano para la sociedad civil es sumamente hostil. Las organizaciones enfrentan hostigamiento y represión sistemáticas. ¿Es realista pedirles que participen activamente en estas condiciones?

– Es indudable el carácter adverso del contexto nacional, donde los temores de persecución y criminalización están fundados. No obstante, estar en un terreno inclinado o empinado exige no optar por la inacción. Retirarse prematuramente facilita el control absoluto de las facciones políticas sobre la justicia.

Por eso, la participación debe ser beligerante, crítica y vigilante; no puede ser una participación convencional. Las organizaciones civiles deben involucrarse para exigir el cumplimiento del baremo, realizar un seguimiento estricto de cada fase y denunciar con contundencia cualquier desviación o arreglo político momentáneo.

-¿Cuenta la sociedad civil en Venezuela con las herramientas y el conocimiento técnico para incidir de manera real en una reforma de esta envergadura?

-Absolutamente. La academia y las organizaciones venezolanas llevan años acumulando diagnósticos y propuestas técnicas sobre la reforma judicial. Ese bagaje está listo para ser aplicado; no partimos de cero. El país se merece que intentemos que este proceso para elegir un nuevo TSJ funcione y genere confianza. No es un camino fácil ni exento de riesgos, pero aproximarnos al Estado de Derecho justifica plenamente que mantengamos la mirada en el futuro con optimismo y los pies en la tierra.