Familiares de presos políticos denuncian frente al MP vicios procesales y torturas

Tras su arresto en el estado Táchira el 19 de diciembre de 2020, el capitán Alfredo Saba Peña permaneció nueve días desaparecido con una capucha en el rostro antes de ser presentado ante los tribunales con signos de violencia física desestimados por la administración de justicia. “La jueza le dijo que estaba muy torturado, no podía hablar ni nada y le dijo que eso era normal”, denunció su madre, Rosalía Díaz Mata, a las afueras de la sede principal del Ministerio Público en Caracas, donde familiares de presos políticos se movilizaron este miércoles 9 de septiembre.

#Testimonio "Es mi único hijo, somos él y yo nada más"

Rosalía Díaz Mata (66 años), madre del Capitán Alfredo Peña Díaz, denuncia irregularidades en la condena a 16 años y 9 meses de prisión impuesta a su hijo, detenido desde hace 6 años. #9Sep pic.twitter.com/Pgihqc4IJ0

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) September 9, 2026

Esta protesta formó parte de “La ruta de las respuestas pendientes”, una concentración convocada por el Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) para exigir la instalación de una mesa de trabajo comprometida desde abril por la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

La condena definitiva de 16 años y 9 meses de prisión contra el capitán Saba Peña se fijó por magnicidio, una figura penal inexistente en las actas elaboradas sin testigos por la Dgcim, las cuales solo señalaban asociación para delinquir y tráfico de explosivos. 

“Puso que mi hijo quería crear una conmoción en Caracas para matar al presidente, pero ellos levantaron ese juicio allí y eso no aparece en el expediente, pues”, detalló Díaz Mata sobre las irregularidades de la sentencia. 

Durante los primeros cuatro meses de reclusión del capitán Saba Peña en Boleíta Norte, los funcionarios coaccionaron al oficial para grabar un video incriminatorio bajo la amenaza de encarcelar a su familiar. “Le hicieron hacer un video donde le dijeron que me tenían secuestrada con una patrulla afuera y que si no decía lo que ellos decían, me iban a involucrar”, sostuvo la mujer de 66 años, sobreviviente de los terremotos de La Guaira.

Actualmente recluido en la cárcel de Ramo Verde, el cuadro clínico del oficial requiere atención quirúrgica urgente por una eventración y lesiones en el ojo izquierdo producto de los castigos físicos recibidos. “Es imposible que se haga una operación estando preso porque eso es un riesgo y, bueno, esperando que esto pase y nos digan qué se va a tener que hacer porque ya no hallo para dónde ir”, manifestó Rosalía Díaz.

Cifras cuestionadas, traslados y denuncias procesales

“Ya han transcurrido cinco meses que volvimos a realizar la ruta en virtud de que no tenemos respuesta; nos estamos yendo por los canales regulares y con manifestaciones pacíficas como lo establece la Constitución”, explicó en el lugar Maxiel Cordones, vocera de la organización y familiar de un teniente detenido por la causa Gedeón.

Respecto a las más de 800 excarcelaciones anunciadas por el Ejecutivo nacional, la vocera del Clippve desmintió que la cifra corresponda exclusivamente a disidentes y alertó que más de 400 personas continúan privadas de libertad por decisiones arbitrarias. 

La representación del comité señaló vicios recurrentes en la tramitación de expedientes y procedimientos penales, incluyendo la alteración de identidades por parte de los agentes actuantes en las detenciones. “No es posible que funcionarios de la Dgcim que hicieron un procedimiento se coloquen con el segundo nombre y el segundo apellido; para las leyes eso es un delito”, recriminó.

Frente a la atención internacional y la visita a Colombia del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, los manifestantes exigieron constatar la realidad penitenciaria de primera mano y solicitaron investigaciones sobre casos de desaparición forzada como los de Víctor Quero y Hugo Marino. 

“Que no se quede con los números que le da la presidenta encargada, que le pregunte, que busque una comisión porque aquí el comité habla por todas las cárceles y por cada uno de ellos”, enfatizó Cordones.

Deterioro acelerado y condiciones inhumanas en El Rodeo 1

El empresario zuliano del sector acuícola José Enrique Rincón, de 62 años y paciente bariátrico con afecciones cardíacas, inició una huelga de hambre tras ser confinado en una celda de aislamiento de dos por dos metros sin acceso a sus tratamientos. “El abogado que le tocaba visita el lunes me da esa noticia, que está en huelga de hambre, que lo vio muy mal y no pudo razonar con él para que la dejara porque no puede dejar de comer”, advirtió su hermana, Mariana Rincón, en la concentración frente a la Fiscalía.

La detención del comerciante, cuya empresa camaronera generaba 12.000 puestos de trabajo antes de ser expropiada hace dos años, se ejecutó el pasado mes de junio cuando acudió voluntariamente al aeropuerto La Chinita, siendo trasladado inicialmente al inmueble confiscado a su familia. “Se lo llevan al Goes, que era su casa, que se la quitaron y la convirtieron ahora en la sede; ahí estuvo dos días y después lo trasladaron aquí”, relató su hermana.

A los cargos habituales de terrorismo y asociación para delinquir, los tribunales añadieron en la acusación contra el empresario una falta de carácter burocrático aplicable de forma exclusiva a la función pública. “Tiene un cargo que es retraso de diligencias, que es un cargo que solamente le ponen a los funcionarios públicos y eso no tiene ni pie ni cabeza”, cuestionó Rincón.

Retardos procesales y expedientes engavetados

El teniente coronel Manuel Alejandro Oria Arteaga, exjefe del Centro General de Comunicaciones del Ceofanb, suma 240 días en detención preventiva sin que se haya celebrado la audiencia preliminar por los hechos del 3 de enero de este año. “El expediente está engavetado porque es un caso clasificado que maneja directamente el juez”, denunció su esposa, Yuri Burgos, ante los medios de comunicación.

La imputación por conspiración y traición a la patria penaliza la solicitud de datos técnicos que formaban parte de las atribuciones operativas del oficial en la institución militar. “Dicen que él pidió unas coordenadas, es comunicador, trabajaba allí y, sin embargo, continúa detenido”, recriminó Burgos.

La inactividad de la Fiscalía mantiene privados de libertad a otros siete efectivos de seguridad que no participaron en despliegue alguno durante la fecha investigada. “Están dos militares del ejército y seis del Cicpc, personas que no actuaron en ese momento porque, si bien sabemos, nadie de la Fuerza Armada salió el tres de enero”, concluyó Yuri Burgos.

La protesta finalizó pasada la 1 de la tarde, después que una comisión de familiares fue recibida por funcionarios de la Fiscalía.