Denuncian homicidio de cinco pemones a manos de grupos armados en Bolívar

Cinco personas fueron asesinadas por grupos armados en la comunidad de pemones San Luis de Morichal, municipio Sifontes del estado Bolívar. De acuerdo con el diputado Américo De Grazia, los victimarios serían miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Radio Fe y Alegría publicó que, desde febrero, en en el municipio Sifontes nadie pueda entrar ni salir debido a las amenazas y enfrentamientos que se producen en la zona. Asegura que los habitantes se encuentran en una especie de “secuestro”.

Al parecer, la proliferación de grupos que explotan de manera ilegal el oro en la zona es la razón por la que los habitantes se sienten atemorizados.

Juvencio Gómez, habitante del estado Bolívar, señaló a Radio Fe y Alegría que el lunes 4 de junio llegaron tres lanchas más al lugar con personas armadas que, según la fuente, se movilizan con el consentimiento de oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los pemones exigen a las autoridades hacerse cargo del asunto, pues aseguran que temen por sus vidas.

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El diputado Di Grazia indicó en su cuenta de Twitter que en las próximas horas se realizaría una protesta en la Troncal 10 del estado Bolívar vía Brasil para denunciar la situación.

La minería ilegal ha sido uno de los problemas más denunciados por los pemones. En 2015, Vicente González, secretario de la comunidad indígena, dijo a Efecto Cocuyo que quienes la practican han tomado represalias contra muchos de ellos.

“Hay muchos niños que se han enfermado de diarrea y otros problemas del estómago. Es el agua que bebemos, con la que nos bañamos. La contaminación también llega a la Laguna de Canaima”, explicó ese mismo año el capitán de la comunidad de pemones, Leonardo Martínez.

Además de los problemas sanitarios, el control de las minas ha provocado además masacres como la de Tumeremo en 2016 y muertes en enfrentamientos entre mineros y cuerpos de seguridad, que han sido cuestionados por organizaciones gubernamentales y familiares de las víctimas, quienes señalan la vinculación de autoridades regionales y militares en este negocio ilegal.

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