Cinco detenidos por los pemones serán procesados por la justicia indígena - Efecto Cocuyo

Cinco detenidos por los pemones serán procesados por la justicia indígena

La muerte de Charlie Peñaloza no quedará impune para los suyos. El Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón someterá a los mecanismos de justicia de la comunidad indígena a los cinco detenidos que tienen bajo su poder desde el 9 de diciembre.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades aborígenes, Edgar Velásquez y Luis Malpica, trabajadores de Corpoelec, habrían participado junto a los tres presuntos funcionarios de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la operación armada dentro del Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar.

Los cinco hombres fueron aprehendidos después de que se originara un tiroteo en el que resultaron varios indígenas heridos entre ellos Charlie Peñaloza y su hermano Carlos. Según el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, fueron cuatro los heridos del procedimiento militar que buscaba la “limpieza de las mafias mineras” de la zona.

German Dam, periodista del estado Bolívar, informó que el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón enjuiciarán a los detenidos, quienes enfrentan dos sentencias según las leyes indígenas:

👨🏽‍⚖️ Aplicar una lex talionis

👨🏽‍⚖️ Recluirlos en una comunidad remota por varios años

Este dato no es parte de los dos comunicados que emanó el Consejo este 11 de diciembre. El primero de ellos lo dedican a responder las declaraciones del ministro Padrino López, única autoridad del Estado que se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos en el sector Campo Carrao del municipio Gran Sabana de Bolívar.

Los caciques calificaron al alto funcionario militar como un cobarde, colonizador, ladrón, mentiroso, asesino, difamador y mafioso. Después de ocho consideraciones, solicitaron la renuncia del ministro de la Defensa.

Entre las razones del Consejo de Caciques Generales para esta exigencia se encuentra la condena a la respuesta tardía de Padrino López, la cual se hizo cuatro días después del ataque armado en la comunidad indígena Kanaimö.

Denunciaron también el robo de las pertenencias a los hermanos Peñaloza y desmintieron que las víctimas se hayan enfrentado a los militares; así como el diálogo entre el Gobierno y los indígenas, anunciado por Padrino López. Los líderes pemones consideran que la operación militar de la que fueron víctimas no constituye un método de diálogo.

Investigación indígena

En el segundo comunicado, los caciques citan los artículos 18, 260 y del 119 al 122 para enmarcar las decisiones que se tomó en el Consejo. La primera de ellas fue responsabilizar al Estado por las víctimas que arrojó su operativo militar en la comunidad indígena.

Informaron que sus investigaciones determinaron que el procedimiento fue ejecutado por la Dgcim y dirigida por el general Hernández Lagar; los mayores Barrios y Alexander Granco; el primer teniente Fernández, y otros 21 efectivos.

Los indígenas solicitaron el fin de las operaciones militares y decretaron como personas no gratas al ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, y a la periodista especializada en turismo, Valentina Quintero.

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