Mecanismos de inclusión social se usan para mantener el control político, concluye investigación

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El proceso político que atraviesa Venezuela desde hace 17 años ha dejado una evidencia clara: los programas de inclusión social promovidos por el Estado “solo han permitido un mayor control político por parte del Poder Ejecutivo”, inicialmente comandado por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro.

Esta consideración fue hecha en las IV Jornadas de la Sección de Estudios venezolanos del Latin American Studies Association, por la Doctora en Sociología Urbana, María del Pilar García-Guadilla, quien realizó un estudio sobre el efecto de los procesos de inclusión del Gobierno venezolano, argumentado con una investigación de varios años que lleva desde la Universidad Simón Bolívar.

La investigación de García-Guadilla se llama “De la exclusión neoliberal a la inclusión-excluyente”, y explica que tanto misiones sociales, como organismos de participación como el Parlamento comunal, los círculos bolivarianos, las comunas y otras instancias, han tenido un efecto secundario, más allá del que se pudiera creer que tienen. A través de estas coaliciones el Gobierno se ha asegurado de mantener vigilado y en constante estudio a un importante sector de la sociedad venezolana que contribuye a su permanencia en el poder.

La profesora de postgrado de la Universidad Simón Bolívar explica que el punto común de todas estas instancias sociales es que están conformadas por militantes del partido de Gobierno, personas con afinidad ideológica con el Psuv, que garantizan la permanencia y el control del Estado en los sectores más alejado de las cúpulas de poder.

Además del control, este particular también denota una exclusión clara dentro de programas cuya naturaleza era ser inclusivos. Por ejemplo, la clase media venezolana no ha sido tomada en cuenta para conformar instancias de participación como el Parlamento comunal o los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), dice la académica, quien amplía que la postura crítica de este sector social con las políticas gubernamentales impiden que sean tomados en cuenta por el Gobierno.

Esta exclusión además ha desarrollado entre los grupos sociales cooptados por el Gobierno una competencia por quién obtiene mayores recursos para trabajar, en el caso de instancias como las comunas y el individualismo, factores que no aportan a la inclusión que ha querido promover el Estado en determinado sector poblacional.

García-Guadilla recuerda que una de las premisas de la Constitución del 1999 a través de la Constituyente, fue la inclusión de todos los movimientos sociales excluidos en los años anteriores. Sin embargo, a consideración de la profesora, tal inclusión solo excluyó a otros ciudadanos.

Foto: Primicias 24