Luis Salamanca: Decisión de la AN tiene valor político pero precario en lo jurídico

El politólogo Luis Salamanca consideró que la decisión de los diputados de la oposición de autorizar el enjuiciamiento contra el presidente Nicolás Maduro como pidió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, tiene un valor político importante, pero desde el punto de vista jurídico, es precario.

“Le doy valor desde el punto político, precario desde el jurídico, pero estamos en campo de juego donde no hay reglas, estamos en una situación donde todo se vale. Ya no dependes de las normas sino de tus fuerzas, de tu poder político, esto es poder contra poder”, sostuvo.

Desde la mirada política, principalmente, tiene importancia porque “hay un respiro en este marasmo interno de la oposición; comienza una nueva etapa a ver si logran reunificarse, porque unidos han demostrado que pueden lograr grandes cosas, pero divididos, las peores”, dijo en conversación con Efecto Cocuyo.

Sin embargo, aclaró que falta camino por recorrer para ver si solo fue una unidad coyuntural o es el primer paso para alcanzar una unificación de criterios, ante lo que consideró como “la orfandad de liderazgo muy grande” que existe en el país, por la indefinición sobre la estrategia a seguir para derrotar a Maduro y su gestión de Gobierno.

Salamanca aseguró que la acción ejecutada por los 105 diputados opositores, tanto de los que conviven en la Mesa de la Unidad Democrática, las fracciones 16 de Julio, quienes apoyan a Henri Falcón y la más reciente de Prociudadanos,  es “la primera decisión buena que surge de la oposición desde el año pasado. Actuaron unidos en criterio y acción. Esto es lo que se les estaba pidiendo para enfrentar la situación política de este 2018, la situación electoral frente la que han actuado de manera desunida”, señaló.

Sobre la aprobación del enjuiciamiento, la definió como parte de un contexto en el país que calificó como una “crisis de la estatalidad“, donde existen poderes bicéfalos: Dos Legislativos: uno legítimo que es el Parlamento, votado por la mayoría de los venezolanos, frente una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuestionada por su selección el año pasado; dos fiscales generales: Luisa Ortega Díaz, que fue destituida por la ANC y Tarek William Saab, a quien la ANC a su vez designó a en el cargo; y ahora dos Tribunales Supremos, uno en el país con un grupo de magistrados que eligió la AN en control total del chavismo; y otro en el exilio, en el que están los magistrados nombrados por la AN en 2017, pero que no son la totalidad del Poder Judicial.

“El país está en un caos institucional. En ese contexto no hay norma, sino una lucha de puro poder y cada uno usa el poder que tiene frente al otro.  El Estado ha perdido su unidad fundamental, está en situación de paralelismo interno por medio de la cual las dos fuerzas políticas más importantes del país se atribuyen el control de los poderes del Estado“, resumió Salamanca.

Para el politólogo esta situación es “muy grave” porque se está ante una “situación de doble soberanía: Un soberano legítimo y otro que desconoce a la soberanía legítima del anterior. Es una situación muy confusa, muy de facto y así las decisiones estrictamente jurídicas son poco posibles”, resaltó.

Y aunque ve cierta euforia y alegría en sectores opositores, Salamanca destacó que si bien es cierto que la Asamblea Nacional realizó una sesión siguiendo sus facultades constitucionales, el TSJ en el exilio no es del todo constitucional, porque el artículo 266 de la Constitución establece que un juicio al presidente de la República lo debe llevar la Sala Plena y los magistrados que el año pasado nombró el actual Parlamento venezolano no son todo el Poder Judicial.

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“Unos 13 o 17 lo hicieron en el exterior, pero no constituyen Sala Plena, hay una falla de base en la decisión. Pero sabiendo eso, la AN da un paso político como le corresponde”, dijo Salamanca quien agregó que ahora se debe esperar el desarrollo de ese juicio, en el que Ortega Díaz deberá ampliar la querella y demostrar con pruebas fehacientes que Maduro recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht, ya que fue acusado de supuestos delitos de corrupción y legitimación de capitales.

Por esto aclaró que debe esperarse una sentencia definitiva para proceder a la destitución de Maduro, que mientras dure el proceso y si este se desarrollara siguiendo la normalidad institucional del país, el Presidente quedaría, durante esta fase, separado del cargo y en ese tiempo inhabilitado políticamente.

“Lo que ordena el Código Orgánico Procesal Penal es que queda suspendido del cargo durante el proceso e inhabilitado, es decir, no puede ejercer como Presidente durante el tiempo que dure el proceso y no podría aspirar a ningún cargo público por elección popular, pero no estaría destituido hasta una sentencia definitiva”, expresó.

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Señaló que, si al final se determinara la culpabilidad del mandatario nacional, el Vicepresidente de la República debería finalizar el periodo constitucional de Maduro y no, como algunos especulan, se deben convocar elecciones, porque ya ha transcurrido más de la mitad del mandato del actual Jefe de Estado.

También subrayó que de todas maneras, no habrá en el país poder alguno que aplique esa sentencia, porque el resto de las instituciones -a excepción del Legislativo- están bajo las órdenes del Ejecutivo, lo que llevaría al terreno internacional una detención de Maduro que ve poco probable, a menos que algún país decida acatar una sentencia nacional, algo que no ha sucedido en la historia política reciente.

Añadió que en el campo militar no se sabe qué ocurre al interior de la Fuerza Armada Nacional, donde hay movimientos que pudiera ya haber controlado el Gobierno, pero es un terreno del que poco se sabe.

Por último, manifestó que si Ortega Díaz muestra pruebas reales y sustentadas de la corrupción de la que señalan al Presidente, esto podría crear un efecto en el campo chavista, tanto en el mundo civil como el castrense, que representaría una debilidad o pérdidas de apoyo para su liderazgo.

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Foto: Unión Radio

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