Con los 651 millones de dólares que Fontur presuntamente sobrefacturó en la importación de 7.016 autobuses Yutong entre 2011 y 2015, se hubieran podido comprar 5 millones de cauchos, 20 millones de baterías o subsidiar a 219 millones de estudiantes, según los cálculos del diputado de la Asamblea Nacional Jony Rahal.
Pero el monto milmillonario se “perdió” y el parlamentario asegura tener pruebas de que la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), adscrito al Ministerio de Transporte, reportó haber comprado cada autobús en 179.852 dólares, cuando el costo promedio es de $87.000. “Hubo un exceso de $92.852 por cada unidad”, aseveró en el hemiciclo de sesiones este 7 de marzo.
Durante el debate sobre la crisis del transporte público nacional, Rahal leía las cifras millonarias que tenía remarcadas en sus apuntes, entre las que destacó los 2.877 millones de bolívares que -afirmó- el Gobierno destinó para una fábrica de ensamblaje de autobuses en Yaracuy, que actualmente está inoperativa.
Su intervención terminó con dos propuestas que fueron aprobadas en la cámara: la inspección de todas las proveedurías de repuestos para el parque automotor, en todos los estados, y los “cementerios” de autobuses Yutong. “De las 7 mil unidades, más de 3.500 están abandonadas”, manifestó.
Antes de que Rahal denunciara el “guiso de Fontur”, como lo llamó, una representación de transportistas subió a la tribuna de oradores. Pedro Jiménez, de camisa y cabello blancos, tomó el micrófono y expresó que había dedicado su vida a conducir un autobús en el barrio La Vega de Caracas y lo que gana hoy no le alcanza para comprar ni siquiera los cauchos.
“El sector está colapsado y en ruinas. Los insumos que se necesitan son altamente escasos o inexistentes (…) Para la delincuencia desbordada, los transportistas no somos más que cajeros automáticos, de cada línea dos o tres autobuses son asaltados a diario”, lamentó.
El gremio del transporte convocó una protesta en 17 estados este 6 de marzo para exigir que se instale el nuevo sistema del cobro del pasaje estudiantil o se restituya el anterior.
El debate subió de tono cuando la diputada Gaby Arellano llamó al vicepresidente Tareck El Aissami “narcotraficante”. “Se robaron el dinero en corrupción y narcotráfico y ahora pretenden que las consecuencias las pague el pueblo”.
Sin Memorias ni Cuentas
Los diputados también debatieron sobre la presentación de las memorias y cuentas que hizo el tren ministerial ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, como establece el artículo 244 de la Constitución.
“Ese acto de rendición de cuentas ante el TSJ es solo un montaje porque el Gobierno no quiere que se controle su saqueo”, manifestó Omar Barboza.
Y se aprobó un acuerdo en el que se exige al Vicepresidente Ejecutivo y a los ministros rendir cuentas de inmediato ante el Parlamento y se rechaza la violación de los artículos 187 y 244 de la Constitución.
El último punto del orden del día era la segunda discusión de la Ley de Reforma Parcial Nª 2.174 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y que fue diferida a petición del diputado Rafael Guzmán “por falta de tiempo”.
La sesión fue presidida casi en su totalidad por la diputada Dennis Fernández, mientras el presidente de la AN, Julio Borges, y el primer vicepresidente, Freddy Guevara, se reunían en otra ala del Palacio Legislativo con una delegación parlamentaria de Italia para tratar la crisis venezolana.