Abogado de Fernando Albán denunció que existen dos actas de defunción con firmas distintas - Efecto Cocuyo

Abogado de Fernando Albán denunció que existen dos actas de defunción con firmas distintas

Ramón Aguilar, abogado del concejal Fernando Albán que murió el pasado 8 de octubre bajo custodia del Sebin, denunció este martes 4 de diciembre nuevos detalles sobre las irregularidades en la investigación sobre el deceso del edil del municipio Libertador. Entre ellas ratificó que no se sabe cuál médico realizó la autopsia ni tampoco sus credenciales y además existen dos certificados de defunción.

“Se realizaron aparentemente dos autopsias o por lo menos existen dos certificados de defunción por distintos médicos. Uno de ellos un médico comunitario, sin las credenciales, la autoridad y la experticia para el levantamiento forense. Y otro médico con una cédula de identidad que corresponde a otra persona”, expresó Aguilar.

Informó además que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), no verificó levantamiento del cadáver, porque el cuerpo había sido removido cuando llegaron los funcionarios.

El abogado cuestionó contradicciones en las declaraciones de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“Casi todos los funcionarios aseguran que Fernando Albán se encontraba calzado, es decir tenía zapatos. Que se encontraba esposado. Extrañanmente al momento de conseguir el cuerpo, apareció sin esposas y sin zapatos”, manifestó Aguilar.

Además, aseguró que aún no existen testigos que sustenten la versión oficial que calificó la muerte del concejal como un suicidio. “¿Realmente cayó?, porque ni siquiera existe un solo testigo que haya visto caer el cuerpo, que haya escuchado la caída”, dijo.

Investigación internacional

La versión oficial aseguró reiteradamente que el concejal se suicidó. Sin embargo, la defensa del concejal asegura que lo sucedido constituye a una violación de los derechos humanos, que suma aparte de la muerte, los delitos de detención arbitraria, desaparición forzada de personas, torturas, privación ilegitima de libertad,

El jurista exigió que se abra una investigación, en la cual participen expertos que sean avalados por la Organización de Estados Americanos (OEA), por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y el por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Además, Aguilar señaló que debe abrirse una investigación en la cual el Fiscal General, nombrado por la ANC, Trek William Saab, se separe del caso. “(Saab) no puede dar instrucciones ni cambiar fiscales”

Aseguró que la investigación que tenía el Ministerio Público (MP), finalizó con la detención de unos funcionarios sancionados por el delito negligencia en la custodia, “pero no sobre las torturas, ni homicidio, ni desaparición forzada”.

Política de Estado

Detención arbitraria y violación al debido proceso. Albán, quien era edil del municipio Libertador de Caracas, murió la tarde del 8 de octubre, al supuestamente caer desde el piso 10 del edificio del Sebin, en Plaza Venezuela, donde estaba recluido.

Lo ocurrido con Albán sus abogados lo denuncian como política de Estado. Por ello, Aguilar responsabilizó al Gobierno como el principal culpable, además de los funcionarios actuantes. “Desde el director del Sebin hasta los fiscales y jueces que participaron en la ilícita detención”, mencionó.

El abogado informó que solicitaron formalmente que se investigue a Gustavo González López, exdirector del Sebin y además a la juez Carmen Padilla, que dictó “la ilegítima orden de aprensión cuando los tribunales se encontraba cerrados”.

Además, señaló que solicitaron la recusación de Saab en el caso, por “haber emitido en opinión previa calificando como supuesto suicidio un acontecimiento que a todas luces y según el expediente de la investigación, parecieran obdecer a la tortura a la tortura y homicidio”.

La recusación se refiere a un apartamiento de un juez de un proceso, cuando una parte considera que su parcialidad se encuentra en duda.

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