El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 418 ataques contra defensores de derechos humanos en Venezuela en los tres primeros meses de 2024. De enero a marzo, la ONG registró 301 casos de estigmatización, 62 de intimidación y hostigamiento, 45 amenazas, tres ataques digitales, dos allanamientos, dos judicializaciones y una detención arbitraria.
La cifra total representa un incremento del 85% en comparación con el mismo período en 2023, cuando se registraron 226 situaciones, advirtió la ONG este 29 de abril.
Agregó que la situación evidencia que en el país sigue existiendo una política sistemática de criminalización hacia activistas y organizaciones no gubernamentales en una etapa pre-electoral.
«Durante el trimestre, el CDJ documentó discursos y campañas de estigmatización, señalando sistemáticamente a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, siendo el principal patrón de ataques, como una forma de amedrentar», expresó en un informe publicado este lunes.
Quienes fueron los responsables
Del total de los ataques reportados, 259 (62 %) estuvieron dirigidos contra ONG mientras que 159 (38 %) afectaron de forma individual a defensores de derechos humanos en Venezuela.
Respecto a los responsables de los incidentes, al menos 155 (37%) de los ataques fueron perpetrados desde medios de comunicación del Estado, otros 136 (32%) fueron efectuados por funcionarios públicos, quienes «hicieron uso de sus perfiles en redes sociales y espacios institucionales para estigmatizar, amenazar e intimidar».
Asimismo, 104 (25%) fueron realizadas por personas o agrupaciones afectas a los intereses del gobierno, en 15 casos (4%) la responsabilidad fue de organismos de seguridad del Estado. Finalmente, las instituciones públicas o entes gubernamentales fueron responsables de 8 (2%) hechos.
«Programas de radio y televisión junto con medios digitales, integrantes del sistema nacional de medios públicos y medios asociados al Estado, continúan siendo utilizados como plataforma para las campañas de estigmatización y los llamados a violencia. Destacan: Con el Mazo Dando, Misión Verdad, La Iguana.TV, y otros programas de Venezolana de Televisión (VTV)», indicó el CDJ.
Ataques a defensores desde la legislación
El CDJ advirtió también que el primer trimestre del año se caracterizó por nuevas amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos en Venezuela provenientes del Poder Legislativo.
«Durante el mes de enero el parlamento avanzó con el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y el anuncio de la presentación de un nuevo proyecto normativo titulado Ley contra el fascismo, neofascismo y las expresiones de similares», apuntó.
Aseguró que, de concretarse la aprobación y entrada en vigencia de ambas normativas, se pone en riesgo «la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela». Además, denunció que tras estos anuncios hubo un incremento de ataques e incidentes en el territorio nacional.
«Alertamos que la justificación de este tipo de legislación centrada en la necesidad de proteger la nación y su soberanía ante agresiones injerencistas, desestabilizadoras y terroristas, en función de la tesis del enemigo interno orientada a la protección de la Seguridad Nacional aumenta los riesgos para la sociedad civil, y es el fundamento para la materialización de agresiones», señaló el CDJ.
Las acciones de la comunidad internacional
La ONG hizo un llamado al Estado a cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas. «Las normas restrictivas deben ser derogadas» puntualizó.
«Desde el CDJ insistimos que el trabajo realizado en protección de los derechos en un contexto como el venezolano es vital para la recuperación de las instituciones democráticas y la obtención de justicia, verdad y reparación ante las violaciones cometidas», expresó.
Finalmente recordó que la comunidad internacional se ha mantenido atenta a el panorama de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Por ejemplo, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), la Federación Internacional por los Derechos Humanos o Amnistía Internacional, entre otros organismos.