El juicio a Leopoldo López, un año en el paredón

Leopoldo López ha sintetizado el talante del juicio en su contra al señalar que es “un paredón de fusilamiento”, pues se trata del único proceso penal en la historia judicial de Venezuela donde se admitieron todas las pruebas promovidas por la Fiscalía (142 en total) y sólo una de las 70 promovidas por la defensa. Siguiendo el símil del dirigente opositor y al cumplirse este jueves 23 de julio un año del inicio de la fase intermedia, pudiera decirse que a la vista de la jueza 28 de Juicio, Susana Barreiros, han disparado 108 testigos y todavía faltan 15.

 

Pero López todavía sigue vivo y, aunque muchos dan por descontado que será condenado, no se podría garantizar su aniquilamiento político.

 

El secretismo es otra de las características más resaltantes del proceso. Solo ingresan a la sala de audiencias los que logran la autorización que,  con absoluta discrecionalidad,  administran las autoridades militares que controlan la toma armada de la sede de los tribunales penales de Caracas cada vez que el líder de Voluntad Popular comparece.

 

López permanece vivo, porque no ha desaprovechado ninguna oportunidad para denunciar la violación del principio de publicidad, que implica la violación del derecho constitucional al debido proceso. En la penúltima sesión, que se efectuó el 15 de julio, los militares no permitieron el ingreso a la sede judicial del representante de la Unión Europea, Eduardo Blanco, y López se lo reclamó a la jueza Barreiros. Ella, que repite y repite que las limitaciones del acceso a la sala de audiencia se reducen al aforo del lugar, dijo esta vez que los únicos que tienen prohibido el paso son los periodistas, así  como el padre del principal acusado, Leopoldo López Gil y un representante de la Embajada del Reino Unido que habrían violado las normas establecidas. Que la jueza admita que la prensa no puede reportar lo que ocurre en el juicio contra López es una confesión que fundamenta las dudas sobre la correcta aplicación del Derecho contra el preso político más emblemático del país.

 

López dijo saber a qué se estaba enfrentando: “A una justicia injusta”. Sus familiares y abogados han salido del país para denunciar los supuestos vicios del proceso.  El eco ha sido estruendoso.  Uno de los líderes mundiales que más esfuerzos ha hecho por mostrar lo que desde hace un año ocurre en la sala de audiencias ubicada en el ala este del primer piso del Palacio de Justicia  es el expresidente del Gobierno de España Felipe González, quien pretendía que le permitieran intervenir directamente en el juicio como asesor técnico de la defensa de López. Al respecto, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, se apresuró a advertir que no permitirían “shows”. Otra confesión: las riendas del juicio contra Leopoldo López no están exclusivamente en manos de la jueza Susana Barreiros.

 

Los hechos y los actores

 

A Leopoldo López se le acusa por cuatro delitos­: asociación para delinquir, instigación a delinquir, incendio y daño; los dos últimos en grado de determinador.

 

108_La voz cantante de parte del Ministerio Público la han llevado los fiscales Franklin Nieves y Narda Sanabria. En el escrito de acusación exponen las circunstancias de los hechos que consideran punibles: “…expresándose a través de los distintos medios de comunicación hizo llamados a la violencia, desconocimiento de las autoridades legítimas  y  la desobediencia de las leyes, que desencadenó en el ataque desmedido por un grupo de personas que actuaron de forma individual, pero determinados por los discursos del mencionado ciudadano, contra la sede del Ministerio Público, de siete carros, de los cuales seis eran patrullas pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas”.

 

La acusación más grave, que acarrea 10 años de cárcel y por la cual se ha negado reiteradamente la posibilidad de un enjuiciamiento en libertad, es asociación para delinquir. El Ministerio Público lo ha planteado en los siguientes términos: “…es evidente que todo el aparataje empleado por el ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza no fue realizado por sí mismo; necesariamente contó con una estructura delictiva  que le permitía operar, especialistas en discurso, en Twitter, en telefonía, financiamiento, entre otras cosas; en fin, todo para poder desarrollar su plan criminal”.

 

Fuentes cercanas al Ministerio Público explicaron que antes de cada audiencia, los fiscales Franklin Nives y Narda Sanabria son convocados por el director de Delitos Comunes del Ministerio Público, Nelson Mejías, para recibir instrucciones precisar sobre la orientación que le deben dar a los elementos probatorios.  En varias ocasiones, tales esfuerzos no han dado los resultados esperados, pues algunos testigos de la Fiscalía han incurrido en imprecisiones y contradicciones que favorecen a la defensa.  Para evitar los efectos contraproducentes, el subdirector de Delitos Comunes,  Juan Carlos Tabares, se ha incorporado a algunas de las audiencias.

 

Se supone que Nieves y Sanabria se reúnen con cada uno de los testigos de la Fiscalía para explicarles qué es lo que se espera de sus testimonios. Sin embargo, los fiscales se han llevado grandes chascos, como ocurrió con la testigo estrella, la lingüista Rosa Amelia Asuaje. La experta analizó cuatro discursos de López, pronunciados, antes, durante y después de la marcha opositora que se realizó el 12 de febrero de 2014. Asuaje elaboró un informe  que indicaba que López incitó a la violencia, pero cuando tuvo que ratificar su contenido oralmente ante la jueza Susana Barreiros, relativizó sus conclusiones. En definitiva, no se atrevió a afirmar que el dirigente opositor fuese el responsable de los hechos violentos ocurridos en el desenlace de la manifestación.

142

El equipo de abogados de López, encabezado por Juan Carlos Gutiérrez, por su parte, ha avanzado en la única opción que tiene: desvirtuar las pruebas de la Fiscalía o aprovecharse de algunas que sí les fueron aceptadas a los otros acusados en la misma causa: los estudiantes Christian Holdack, Marcos Coello, Demian Martínez y Ángel Álvarez.

 

 

Al ritmo de la coyuntura política

 

A principios de 2015, hubo un aceleramiento del juicio: de una audiencia cada 15 días se pasó a tres por semana. En esa oportunidad se especuló sobre la intención de apurar una sentencia condenatoria que impidiera una postulación de Leopoldo López como candidato a la Asamblea Nacional, a propósito de las próximas elecciones parlamentarias.

 

El dirigente opositor ha incidido directamente en la fijación de la fecha de los comicios; de hecho, esa fue una de sus exigencias para cesar la huelga de hambre que inició el primero de junio de 2015. Fue una protesta que llamó la atención de todo el país y de muchos sectores en el extranjero preocupados por la situación de los derechos humanos en Venezuela.  No faltó quien se atreviera a señalar que López se estaba perfilando como “un nuevo Mandela”. Así las cosas, el impacto en la opinión pública nacional e internacional del ayuno voluntario del dirigente opositor emergió como un nuevo elemento a valorar, sobre todo por parte del oficialismo a propósito del brete en que se encuentra  por la pérdida de popularidad del Gobierno a causa de la profundización de la crisis económica.

 

Desde antes del 30 de junio, cuando López levantó la huelga de hambre, la frecuencia de las sesiones del debate oral y público volvió  a disminuir. Ahora se realiza una por semana y con pocos testigos.

 

3000milEl abogado Juan Carlos Gutiérrez no alcanza a precisar el origen de esta  “contraorden” . Sin embargo, está convencido de que la coyuntura político  electoral marca el ritmo del juicio a López. A principios de año el defensor había adelantado que la jueza Susana Barreiros podría dictar una primera sentencia en junio  de 2015. Ahora advierte que todavía faltan por examinar: 3.000 fotografías, ocho videos que registra discursos de López y 23 experticias criminalísticas.

En resumidas cuentas, no  es posible predecir cuánto tiempo más estará preso Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde. “Solo el Gobierno, porque Leopoldo es un preso del Gobierno, lo sabe”, expresó Juan Carlos Gutiérrez.

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