Dos hechos similares, dos procederes diferentes

Oscar Morales Rodríguez

Economista con un Magister en Políticas Públicas. Colaborador de varios medios nacionales.

La semana pasada ocurrieron dos eventos políticos de suma trascendencia los cuales tocaron directamente la figura presidencial de Perú y Venezuela. La noticia acontecida en Perú, consistió en una acusación al Presidente en ejercicio, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), por haber mantenido una relación profesional -mediante un banco de inversión de su propiedad (Westfield Capital Ltd.)- con la empresa Odebrecht, mientras ejercía funciones de ministro de Economía de su país.

En concreto, al haber realizado una asesoría técnica, recibió un pago de honorarios de Odebrecht por un monto cercano a 800 mil dólares. Por este hecho, se le acusa de haber gestionado intereses propios y ejercer actividades lucrativas prohibidas. El Congreso peruano pidió su vacancia, y esta semana se hará la votación final (luego de una exposición que haga el acusado ante el pleno del Parlamento, por el tiempo que estime necesario, pese a que son 60 minutos) para resolver si es destituido del cargo por “incapacidad moral permanente”.

El otro suceso, relacionado con la jefatura de gobierno, se trata de la condena por tráfico de cocaína a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, quienes fueron sentenciados a 18 años de cárcel y el pago de 50 mil dólares. Los condenados tenían predisposición para cometer el crimen y declararon que contaban con la autorización del Presidente Nicolás Maduro. La periodista Maibort Petit -que ha seguido todas las audiencias de este caso con intensidad-, reseñó que, al momento de ser capturados por la DEA, los hoy sentenciados, testificaron que el transporte de droga se hacía debido al vínculo con Diosdado Cabello y con Tareck El Aissami.

Estas declaraciones no serían difíciles de creer, pues, en Venezuela los principios esenciales por medio de los cuales nos organizamos como sociedad se quebraron. Nadie pondría en tela de juicio estas confesiones, porque sufrimos la captura por el Estado de todo cuanto ocurre en el país. O díganme ustedes: ¿quién dudaría de que estos muchachos fueron capaces de elevarse a varios pies de altura cargados de narcóticos, gracias al consentimiento de las fuerzas de seguridad del Estado?

Este intento de transportar y distribuir un cargamento de 800 kilos de droga hacia Estados Unidos, desde la rampa presidencial del aeropuerto de Maiquetía, sólo es posible con padrinazgo del Estado. Esta operación únicamente se logra con facilidades que se otorgan a clanes privilegiados. Porque no creo que José o María puedan acceder a esos lugares, y ostentar pasaporte diplomático mucho menos.

En cualquier país –por acontecimientos de menor gravedad- el Presidente sería destituido u obligado a renunciar (caso Perú). O, simplemente, cualquier persona salpicada por un delito de tal naturaleza –más aún un Presidente- con un poquito de honestidad y decencia habría dado un paso al costado.

A la luz de estos sucesos, se podría gritar que estas personas implicadas estarían incapacitadas para la función pública, pero la igualdad ante la ley no tiene significado en nuestro país. Aquí sólo se cumple el caos caníbal a través de las imposiciones de voluntades de tribus privilegiadas con conexiones dentro del poder. Aquí la capacidad estatal solamente está enfocada en facilitar los negocios turbios de la casta gubernamental.

No será bajo esta gestión pública que logremos una democracia moderna, porque hay unos ingredientes básicos para materializar ese nivel de organización del Estado que no tenemos por ninguna parte, estos son los llamados valores, los cuales sostienen la confianza en las instituciones públicas. Desafortunadamente, no quedan destellos de ética en ningún espacio, la transparencia se fue de fiesta, la integridad con reposo médico, no hay deseos de impartir justicia y la probidad nos da alergia.

Se pudrieron nuestras capacidades institucionales y no hay ni una fibra moral sana. La desvergüenza no tiene precio. La confianza social está minada, y qué importa, mientras tengamos la posibilidad de omitir o ignorar los sucesos con el virus del silencio o resignación que se alojó como opio del pueblo hace tiempo por estos rincones.

Estamos muy lejos de tener un Estado para la ciudadanía.

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