Venezuela y Rusia buscan evadir sanciones económicas con criptomonedas

Si algo caracteriza a Rusia y Venezuela es su dependencia del petróleo. Ambos se encuentran entre los países con mayores reservas de crudo del mundo y que resultaron perjudicados de la caída de los precios petroleros.

Sumado a ello se encuentran las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, autorizadas por el presidente Donald Trump en agosto, que limitan las transacciones financieras de ambos países.

Pero Vladimir Putin y su homólogo Nicolás Maduro, quienes se reunieron en octubre de 2017 en Moscú, parecen haber descubierto la manera de evadir las sanciones estadounidenses a través de las criptomonedas.

El mandatario venezolano fue el primero en dar la premisa. Anunció a inicios de diciembre el “Petro”, una criptomoneda sustentada en las reservas petroleras y minerales del país. Días después se creó la Superintendencia de la Criptomoneda, dirigida Carlos Vargas Urbina, quien anunció la legalización de la minería digital en Venezuela.

“¡El Petro nace con riqueza, con solidez! Como ninguna criptomoneda ha nacido hasta los momentos”, dijo el presidente Maduro el 27 de diciembre, cuando precisó que la moneda digital creada por su Gobierno estaría respaldada por más de 5 mil millones de barriles de petróleo de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Según el diario londinense The Financial Times, el jefe de Estado ruso encargó la creación del criptorublo y pidió la adopción del “Blockchain” o cadena de bloques para diseñar la tecnología que permite el funcionamiento de las monedas digitales, como el Bitcoin.

Sin embargo, economistas cuestionaron la efectividad de estas criptomonedas gubernamentales, pues no cuentan con el sistema de pagos descentralizados que caracteriza a las demás monedas digitales. Además, dependen de la confianza que genere de privados para invertir en ellas.

Los Gobiernos de Rusia y Venezuela fueron sancionados por Estados Unidos en agosto del año pasado, tras ser acusados de crímenes de corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos e interferencias militares en distintos países europeos y del Medio Oriente. Las restricciones dificultan las transacciones en dólares, así como el congelamiento de bienes en el país norteamericano y revocación de visas.