A vísperas de cumplirse el lapso de seis meses de alivio de sanciones petroleras sobre Venezuela el 18 de abril de 2024 por medio de la Licencia General 44, aparecieron en distintos puntos de Caracas unas vallas publicitarias que afirman que las sanciones del gobierno de Estados Unidos impuestas en junio de 2017 impiden la importación de insulina.
Un vocero del gobierno de Estados Unidos le reveló a Reuters que estas medidas se volverán a imponer por la falta de avances democráticos y cumplimiento de la hoja de ruta pautada por parte del gobierno de Nicolás Maduro y sus funcionarios.
Esto salvo que estos cambios se realicen antes de ese jueves, lo que los estadounidenses ven como poco probable.
Sin embargo, una revisión realizada por el equipo de Cocuyo Chequea encontró que el contenido de la valla es una desinformación, porque no hubo ninguna sanción o medida en junio de 2017, mientras es falso que las sanciones impuestas, antes o después de esa fecha, impidieron la importación de alimentos y medicinas.
Debacle pre-sanciones
Una investigación de C-Informa, en la que participa Efecto Cocuyo, encontró que varios años antes de las primeras sanciones económicas, impuestas en agosto de 2017 para impedir que Petróleos de Venezuela (dPvsa) obtuviese algún mecanismo de financiamiento mediante la emisión o negociación de bonos, hubo un declive en la importación de medicinas e insumos para su producción.
La investigación reveló que la narrativa de las sanciones eran parte de su estrategia de desinformación, propaganda y comunicación oficial que negaba que para 2018, cuando llegaron las primeras sanciones económicas directas, el país cumplía cinco años en recesión, con una inflación en aceleración y una caída dramática del PIB.
Para ese 2018, la pobreza en Venezuela ya arropaba al 88% de la población según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), el sueldo mínimo se ubicaba en apenas 2,2 dólares (según la tasa de cambio paralela) y al menos 3 millones de venezolanos habían salido del país, según las cifras de la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur), reza la primera parte del reportaje.
Así mismo, reveló que otros países con más años de sanciones de Estados Unidos y Europa, como Irán o Cuba, habían desarrollado políticas propias de innovación, ciencia y tecnología que le permitieron sustituir importaciones y exportar a otros países en Asia, Medio Oriente, África y Latinoamérica, a diferencia de Venezuela, que ahogó a las universidades, paralizó la producción académica y no logró diversificar su economía.
En una segunda entrega de C-Informa, la alianza informativa conformada por Medianálisis, El Estímulo, Probox y Cazadores de Fake News, reveló cómo se destruyó con la industria petrolera varios años antes de las primeras sanciones debido a la desinversión, endeudamiento, desprofesionalización y diversos escándalos de corrupción. Así mismo, cómo las compras de alimentos y medicinas, así como insumos para producirlos, se habían abandonado desde 2013.
En abril de 2006 se publicó el artículo académico “El auge y el colapso de Pdvsa a los treinta años de la nacionalización” en la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. El autor, el analista petrolero Ramón Espinasa, fue economista jefe de Pdvsa desde 1992 hasta 1999 y consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento, y profesor en la Universidad de Georgetown, en EEUU.
En el texto describe “el colapso de la producción a partir de 1999 y la destrucción institucional de Pdvsa en 2003” debido a la “la distribución discrecional del ingreso petrolero y de la producción, eliminando el alto grado de independencia y autonomía gerencial del que había disfrutado Pdvsa, por diseño, desde su concepción”.
Concluye Espinasa después de una revisión de estadísticas y decisión políticas que “la caída de la producción hasta 2003, con la excepción de 2001, se debió a la reducción a la mitad de la inversión” y “que el aumento de la participación del gobierno hasta 2004 dejó a Pdvsa sin recursos para financiar la inversión y conllevó la caída de la producción a lo largo de este período”.
Esto 11 años antes de la sanción denunciada en la valla.
También en 2009 Reuters reportaba una caída dramática en el comercio, empleo y actividad económica en el Zulia tras la expropiación de 76 empresas de servicios. En ese momento PDVSA acumulaba una nómina de 90 mil empleados, por personal absorbido de estas empresas expropiadas, con una deuda de 4.500 millones de dólares por su compra forzosa. Ese año además se dispararon los accidentes y derrames petroleros.
Según el informe de Gestión Social y Ambiental de PDVSA de 2009 hubo 8.124 derrames petroleros ese año. Esto subió a 10.600 derrames para 2013 por falta de inversión y mantenimiento según un estudio de la ONG Clima 21 sobre derrames petroleros en Venezuela. Para 2012 BBC reportó el aumento considerable de accidentes laborales y explosiones en distintas instalaciones petroleras, de nuevo, por falta de mantenimiento, inversión y pericia de los nuevos empleados.
Sin sanciones en junio de 2017
Una revisión de las 930 sanciones personales, institucionales y generales impuestas por Estados Unidos a Venezuela, ninguna tiene la fecha de junio de 2017 impresa en la valla publicitaria.
Ni el documento Venezuela: Overview of U.S. Sanctions Policy (Descripción general de la política de Sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela) del Congreso de Estados Unidos, fechado el 26 de enero de 2024 ni The Numbers Of the Blockade 2015-2023 (Los números del bloqueo) del oficial Observatorio Venezolano del Bloqueo, así como tampoco en su Cronología de Leyes y Órdenes Ejecutivas.
Escasez es previa a sanciones
Por otra parte, en un documento del Departamento del Tesoro de Estados llamado “Guidance Related to the Provision of Humanitarian Assistance and Support to the Venezuelan People” (Orientaciones relacionadas con la prestación de asistencia humanitaria y apoyo al pueblo venezolano) de agosto de 2019 se aclara que la Licencia General 4C autoriza ciertas transacciones para la exportación de productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, repuestos, componentes para dispositivos médicos o actualizaciones de software para dispositivos médicos a Venezuela o a personas en terceros países que los adquieran para reventa a Venezuela.
Sin embargo, para diciembre de 2015 fue muy frecuente leer en Twitter la solicitud urgente de medicamentos en Venezuela, tras una serie de decisiones gubernamentales para regular su producción y precios, acumulando una deuda de 5 mil millones de dólares con las farmacéuticas. Para enero de 2017 se registraba 85% de escasez de medicamentos por falta de asignación de divisas para su producción e importación. Varios meses antes de la fecha de la valla publicitaria.
En 2021 Venezuela y Rusia firmaron un acuerdo para la instalación de una fábrica de insulina que empezaría a funcionar en 2024. Este año se volvió a firmar el acuerdo, mientras la fábrica aún no ha empezado a construirse y en octubre de 2023 se registraba una escasez de medicamentos para la diabetes de 36% según el monitoreo de la AC Convite.
Conclusión
La revisión de reportajes, informes y estadísticas revelan que no hubo ninguna sanción en junio de 2017, ni siquiera al hacer una revisión de la cronología del oficial Observatorio Venezolano Antibloqueo. Además, la Licencia 4C permitía la importación de insumos médicos por Venezuela o terceros.
Y finalmente, la debacle económica de ingresos petroleros y de deudas con las farmacéuticas que llevaron a la escasez general de alimentos y medicinas es previa a las sanciones, así como a la fecha de la valla publicitaria, por lo que en Cocuyo Chequea la calificamos como falso, de acuerdo a las calificaciones de nuestra metodología.