El Servicio Jesuita a Migrantes condenó la decisión del gobierno peruano de aprobar la expulsión exprés de personas en movilidad, una decisión que calificaron contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.
«Advertimos que esta medida pudiera ocasionar procesos de expulsión colectivos, que según el artículo 22 de la Convención Americana de DDHH, están prohibidos. Así como la no observancia del interés superior del niño/a para casos de madres y padres extranjeras/os de niños, niñas y adolescentes peruanos», dijeron en un comunicado.
Llamaron al gobierno de Dina Boluarte a respetar el debido proceso en el caso de expulsiones y a su vez pidieron el fin «de políticas regresivas en salvaguarda de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en Perú».
Recordaron que las personas que solicitan medidas de protección tienen el respaldo de leyes internacionales, que Perú debe cumplir más allá de las condiciones regulares o no de quienes entran al país.
Perú endurece ley de migración
La norma aprobada en el país andino permite al gobierno acelerar la expulsión de migrantes que entren de forma ilegal al Perú, así como a aquellos que consideren violan las normas de seguridad y el orden interno.
Los cambios modifican la ley de migración y se aprobaron este martes 14 de noviembre.
En declaraciones que recogió la agencia Efe sobre el tema, el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Boluarte, Alberto Otárola, dijo el lunes que los migrantes sin documentos «tienen que regresar a su país, así de claro y sencillo, esa es la decisión que ha tomado el Gobierno».
La norma establece sanciones para las empresas terrestres o marítimas que trasladen a migrantes sin sus documentos, así como aquellas personas que entren al país sin pasar por los controles migratorios respectivos.
La Superintendencia de Migraciones informó el sábado pasado que Perú ha recibido en seis meses 214.633 solicitudes para obtener el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que permite regularizar la situación migratoria de los extranjeros.
Añadió que el 94 % de los solicitantes de este permiso, cuyo trámite venció el viernes, son venezolanos, el 2,4 % colombianos, el 0,9 % cubanos, el 0,6 % ecuatorianos y el 1,8 % de otros países.
Una de las condiciones para acceder a este documento es no tener antecedentes penales, policiales y judiciales en Perú o en el exterior, ni registrar alertas en el sistema de la organización de Policía Internacional (Interpol).
Con información de Efe