Migrantes venezolanas entre las trabas de un sistema y la solidaridad para parir en Colombia (I)

VENEZUELA MIGRANTE · 5 FEBRERO, 2022 14:20

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Jhoandry Suárez


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Las futuras madres, migrantes venezolanas en Colombia, se encuentran la mayoría de las veces con obstáculos burocráticos y un sistema de salud que solo las atiende en el parto. En medio de este panorama, existen opciones de asistencia, la mayoría promovidas por organizaciones e instituciones no gubernamentales.

“Cuando supe que estaba embarazada lo único que hice fue llorar. A mis 40 años, luego de cuatro años duros en Colombia, en los que hasta había dormido en la calle, sencillamente no sabía qué hacer”, narra Luz Pacheco, desde La Parada, cerca de la frontera colombo-venezolana, en el séptimo mes de su segundo embarazo en más de dos décadas.

“Ni cédula tenía porque me la habían robado. Pensé en regresarme y parir en Venezuela, pero mis familiares me dijeron que me quedara aquí que allá eso estaba horrible”, agrega y su semblante revive la angustia de esos primeros días.

Así como para Pacheco, para otras futuras madres venezolanas, Colombia se ha convertido en el lugar para dar a luz una vez que huyen de la crisis económica y sanitaria del país. El Ministerio de Salud colombiano ya había determinado en 2020 que la atención a embarazadas venezolanas ocupaba la quinta parte de las más de 8 millones de asistencia para la población migrante en los últimos cuatro años.

El Observatorio Nacional de Migración y Salud reportó que entre 2017 y agosto de 2021 entre principales causas de consulta de urgencia están la asistencia materna, trastornos con el embarazo y complicaciones con el parto. 

Precisamente, los servicios de emergencia son los que tienen garantizados los migrantes sin documentación y así reza la Ley 1751 de 2015 del Ministerio de Salud, aunque la Corte Constitucional ha extendido el rango de esta atención y dictaminó en la sentencia SU-677 de 2017 que «los extranjeros con permanencia irregular en el territorio nacional tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias».

Sin embargo, en la práctica, expertos y organizaciones consultadas concuerdan que esto no se aplica en la mayoría de los casos. La protección queda principalmente en las manos de la sociedad civil e incluso, algunos activistas han recurrido de nuevo al sistema judicial para pedir protección.

“Aquí las personas sean del lugar que sean tienen acceso a salud de emergencia, ahora viene la pregunta, ¿qué es salud de emergencia? ¿El cuidado prenatal es de emergencia? Para el sistema no, aunque algunas mujeres por presentar riesgo pudieran recibir algún control”, explica Andrés Segura, consultor independiente sobre asuntos públicos y migración y quien fuese asesor de la Gerencia de Fronteras.

La definición de qué es una urgencia y cuándo puede presentarse preocupa no solo al especialista sino a las organizaciones de mujeres. Desde Barraquilla, Zuneika González, directora de Mujeres sin fronteras colombo-venezolanas, alerta sobre esta situación que deja vulnerables a las embarazadas migrantes. “No hay ese acompañamiento médico para mujeres y eso es algo que le hemos hecho saber a la Secretaría de Salud porque si una de ellas llega a dar a luz no saben con qué complicación puede venir y eso se pudo haber prevenido con control”, indica. 

Las limitaciones en la infraestructura del sistema de salud, sin embargo, representan un desafío y al respecto, Selene Soto, abogada de la organización Women Link Worldwide, destaca que esta es una de las causas que ha dificultado la aplicación de precedentes como los de la Corte a lo que se suma los prejuicios contra la nacionalidad. 

“Hemos identificado que hay esta idea de que ‘las mujeres venezolanas vienen a saturar el sistema de salud’ cuando en realidad son mujeres que están buscando su supervivencia”, expone.

La desinformación también juega un papel relevante en las embarazadas y muchas desconocen cómo pueden ponerse en control y qué les cubre la asistencia médica. “Lo que sucede es que no hay una política sólida para garantizar el acceso a información de manera activa para estas mujeres”, recalca Soto. 

González, desde la capital del departamento del Atlántico, coincide. “La duda de toda mujer embarazada es: ‘¿a dónde voy?’, ‘¿dónde me atienden?’ El sistema de salud de Venezuela es muy distinto al colombiano y sobre todo en atención prenatal. A veces le mandan a hacer ecografías que no cubre el acuerdo o el sistema de salud y eso no lo se lo dijeron antes”, critica.

El Ministerio de Salud en 2019 había advertido sobre los obstáculos para las migrantes y en su Plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio calificó como “eventos o condiciones prioritarias” en las mujeres venezolanas “la discriminación asociada a la gestación, acceso a servicios de atención, incluso para la interrupción del embarazo; licencias de maternidad y atención obstétrica asequible”. También ubicó como grupo priorizado para la prestación de servicios a “mujeres gestantes y lactantes (incluyendo casos de morbilidad materna extrema)”.

A propósito, se intentó obtener una respuesta de esta institución para conocer las acciones que adelantan y aunque recibió las preguntas, al momento de la publicación de este reportaje no había contestado.

Apoyo a las futuras madres 

Ante la falta de atención integral para gestantes extranjeras, algunas organizaciones no gubernamentales e iniciativas de cooperación internacional se han abocado a apoyarlas y una de las beneficiadas ha sido Luz Pacheco, la mujer que, desde La Parada, contaba que tendría un hijo a los 40 años. A través de la Fundación Deredez, consiguió orientación y ponerse en control en el hospital Jorge Cristo Sahium que tiene convenios con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Organización Internacional de Migración (OIM). 

“Me dan los medicamentos y las fechas para hacerme los exámenes, todo gratis. Allí voy a dar a luz. Además, mediante la fundación recibí al principio de mi embarazo terapia psicológica que me ha ayudado muchísimo a superar los años difíciles que he vivido”, relata. 

Otra institución sin fines de lucro que se ha destacado por su apoyo a embarazadas refugiadas y migrantes ha sido Profamilia. Su programa Sin Fronteras ofrece a estas mujeres valoración integral por un profesional de la salud, entrega de micronutrientes, acceso a laboratorios y ecografías, charlas sobre signos de alarma y autocuidado.  

“De nuestros usuarios, el 97% pertenece a estratos 1, 2 y 3 (bajo-medio). Los servicios de la estrategia Sin Fronteras tienen un enfoque libre de discriminación, por lo que se prestan servicios a todas las personas, sin importar su origen o su estatus migratorio, o si están sin aseguramiento en salud”, detalló en un correo donde se le consultó por su labor. 

Más ejemplos de solidaridad se están dando en La Parada, donde la fundación Mujeres Fumepro, a partir de donaciones de particulares, entrega kit y complementos nutricionales a mujeres, especialmente si están lactando; y en Barranquilla, Mujeres sin Fronteras brinda asesoría a las futuras mamás e imparte charlas de planificación familiar.

Las futuras mamás también se encuentras con trabas en el sector privado

Batalla en otro frente: el legal

Activistas que atienden a la migración venezolana también han venido adelantando iniciativas legales y en noviembre del año pasado, Women Link Worldwide interpuso una acción popular que llevó al Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta a ordenarles a las autoridades de salud del Norte de Santander a que tomaran medidas inmediatas para proteger la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluida la atención materno-infantil y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Para el juzgado la acción presentada evidencia que las mujeres en ese departamento no cuentan con la información para acceder a servicios ni han recibido soluciones, “lo cual se convierte en un problema de salud pública, en cuanto afecta a una población numerosa”.

Soto, integrante de la organización internacional, subraya que este tipo de recursos muestra la importancia de que las mujeres ejerzan sus derechos y recomienda, en caso de que se los nieguen, acudir a instituciones como las defensorías y personerías en cada departamento o buscar asesoría legal en lugares como la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes en Bogotá, o la Corporación – Mujer, denuncia y muévete en Cúcuta.

Dificultades hasta en la asistencia privada

Las futuras mamás venezolanas también se enfrentan a inconvenientes en la misma atención privada del sistema de salud. Eva Morán, asentada en Bogotá desde hace más de dos años, cuando se enteró de que estaba embarazada, a principios de 2021, decidió ponerse en control con una Entidad Promotora de Salud (EPS), el equivalente a costearse un seguro de médico; algo que solo se puede hacer si se tiene condición regular. 

“Tuve el seguimiento de un equipo de especialistas y apoyo para todos mis exámenes. Pero después de mi última consulta de preparto, me sentí desorientada. Me dijeron que esperara el día del parto y que me acercara a una clínica, pero la fecha que me dieron no correspondía al momento de parir y cuando fui, sencillamente no tenían mi información a la mano, me pusieron a esperar todo un día por una inducción de parto que nunca hicieron porque no me correspondía y estaban saturados. Al final, me enviaron a casa a seguir esperando y eso me puso más nerviosa”, recuerda. 

“Me tocó buscar otra clínica con convenio con la misma EPS donde finalmente nació mi bebé, pero todo ese proceso complicado de la recta final me pareció que no debe vivirlo una mujer embarazada, sobre todo porque angustia”, reprocha.

La regularización como alivio para el Estado

Andrés Segura, experto en temas migratorios, insiste que la regularización es un camino para allanar la atención sanitaria a los migrantes, sobre todo porque les abre las puertas para entrar al sistema subsidiado de salud.

“Para el Estado colombiano es más importante que las mujeres estén regularizadas y dentro del sistema de salud porque el parto sería así mucho más barato en lugar de que sea un costo adicional por emergencia el cual debe pagar el Gobierno a hospitales”, destaca.  

Es de recordar que Migración Colombia ha abierto el proceso de regularización para que los venezolanos obtengan un Permiso de Protección Temporal (PPT) y uno de los requisitos, si se está en condición irregular, es solo presentar una “prueba sumaría” como facturas, pasajes, constancia de estudio, etc. 

Con apoyo de Héctor Villa León para documentar la situación en La Parada, Norte de Santander.