CIV denuncia “confinamiento forzoso” de miles de familias por paralización de ascensores en Caracas

El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) denunció ante la Defensoría del Pueblo un “confinamiento indirecto” que afecta a miles de familias en edificios multifamiliares de la capital, debido a la paralización prolongada de los ascensores tras el sismo registrado el pasado 24 de junio.

Richard Casanova, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Representantes y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del CIV, entregó personalmente un petitorio de urgencia a la defensora del pueblo, Egleé González Lobato, solicitando intervención inmediata del organismo.

Según el documento, los ascensores permanecen fuera de servicio por casi un mes, no por razones técnicas de seguridad, sino por trabas burocráticas del Servicio de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) y por pretensiones de cobros extraordinarios de algunas empresas de mantenimiento.

Violación de estándares internacionales

Casanova explicó que las normas internacionales de ingeniería de transporte vertical (ASME A17.1/A17.2, EN 81-77 y directrices japonesas) establecen dos fases claras tras un sismo: detención automática durante el evento y una inspección expedita para restituir el servicio en un plazo máximo de 72 horas.

“Mantener un edificio de gran altura sin ascensores por casi un mes no incrementa la seguridad; por el contrario, degrada la habitabilidad de la estructura y traslada el riesgo hacia emergencias médicas, desabastecimiento e inmovilización forzosa, afectando críticamente a adultos mayores y personas con movilidad reducida”, afirmó.

Dos factores principales de la crisis

El CIV identificó dos causas fundamentales del colapso operativo:

1. Cuello de botella en Sencamer: La institución carece de capacidad para certificar masivamente a las empresas del sector en plena contingencia, lo que genera retrasos de meses en la evaluación de miles de edificaciones.
2. Especulación contractual: Empresas de mantenimiento con contratos vigentes pretenden cobrar sumas extraordinarias por realizar inspecciones post-sismo, pese a que esta evaluación forma parte de sus obligaciones ordinarias de conservación.

El petitorio del CIV invoca la violación de derechos constitucionales como el derecho a la vida (Art. 43), libre tránsito (Art. 50) y salud (Art. 83), y plantea exigencias concretas a la Defensoría del Pueblo:

Fijar un plazo perentorio de 24 horas para la evaluación técnica por parte de empresas registradas o ingenieros/arquitectos colegiados, y 24 horas adicionales para la reactivación del servicio por las juntas de condominio.

Suspender temporalmente la obligatoriedad de la certificación Sencamer durante la contingencia, aceptando el Registro Mercantil vigente o la firma de ingenieros mecánicos colegiados.

Prohibir cobros adicionales por inspecciones derivadas del evento sísmico.

Advertir a autoridades y juntas de condominio sobre las responsabilidades civiles, administrativas y penales en caso de lesiones o fallecimientos por falta de evacuación médica oportuna.

Casanova ratificó la disposición del Colegio de Ingenieros de Venezuela para acompañar de forma gratuita los procesos de fiscalización visual necesarios, mediante su voluntariado profesional, con el fin de restablecer la normalidad en las comunidades afectadas lo antes posible.