«Fue un homicidio intencional», dice experto legal sobre muerte del niño venezolano en Trinidad y Tobago 

VENEZUELA MIGRANTE · 8 FEBRERO, 2022 17:12

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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¿Por qué dispararon? Es lo que se preguntan organizaciones y millones de venezolanos respecto a la actuación de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago el 5 de febrero de 2022; esa noche el grupo de funcionarios trinitenses abrió fuego contra una embarcación en la que viajaban 20 migrantes venezolanos, asesinando en el proceso a Yaelvis Santoyo Sarabia, un bebé de un año y cuatro meses de edad. 

Mientras que las autoridades de la isla caribeña insisten en que el tiroteo fue en defensa propia, organizaciones no gubernamentales y expertos afirman que se trata de un crimen sin justificación. En el comunicado publicado por la Guardia Costera indican que la lancha venezolana intentó embestir a la nave trinitaria que buscaba interceptarla.

«Nada justifica la agresión con arma letal contra una embarcación civil, aunque se encuentre en aguas territoriales de otro Estado», expresaron desde Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab). 

Carlos Trapani, abogado y coordinador general del servicio jurídico de Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), lo calificó como una acción que forma parte de un patrón de «criminalización a la migración venezolana», que viola la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Trinidad y Tobago en 1990.

«La declaración que hicieron las autoridades de la Guardia Costera sobre que fue en legítima defensa no aguanta análisis. Ahí no hay proporcionalidad del medio utilizado ni evidencia de amenaza: es un supuesto que se cae por su propio peso. Evidentemente fue una acción intencional y es un homicidio intencional. Hay distintos niveles de responsabilidad: de los que dieron la orden, de los que la ejecutaron y los que no tomaron medidas para impedirlo» explicó Trapani a Efecto Cocuyo. 

Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), también rechazó el comunicado de las autoridades trinitenses.

Así mismo, por lo menos cuatro convenciones internacionales fueron violadas, incluyendo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967 y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018.

Los convenios que se violaron

Joel García, abogado penalista, activista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que aun si se hubiese tratado de una embarcación de tráfico ilícito no se justifica el uso extremo de la fuerza, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Por lo tanto, aseguró, no hay ninguna base legal que pueda amparar las acciones de Trinidad y Tobago contra un peñero lleno de civiles desarmados.

«El uso de la fuerza letal en legítima defensa únicamente es posible si una persona tiene los suficientes motivos para creer que la amenaza entraña un peligro inminente de muerte o de lesiones graves para sí misma o para otros. Si no, es desproporcionado. Y esto fue uso desproporcionado de la fuerza letal», explicó García, citando a los manuales publicados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

«Todos los países de la región saben que hay una diáspora venezolana. Para Trinidad y Tobago no es la primera vez que ocurre un hecho de naturaleza similar: recordemos el naufragio de Güiria. Entonces, para ellos no sería extraño ver una embarcación en su zona marítima, llena de migrantes. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidad sobre el Derecho al Mar, cuando pasa eso deben prevalecer las operaciones de salvamento por encima de las policiales», indicó García.

«Se debe analizar si una embarcación civil realmente es capaz de embestir o dañar a una militar. Eso se debe considerar en la denuncia de las distintas organizaciones», señaló por su parte Orlando Moreno, miembro de la ONG Foro Penal. 

En total, todos los convenios que fueron violados en el asesinato del niño Yaelvis Santoyo son:

1️⃣ Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, cuyo artículo 3 establece la prohibición de discriminación, y su protocolo de 1967.

2️⃣ Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, donde Trinidad y Tobago se suscribe para proteger los derechos de todos los niños y niñas, aun si son migrantes. 

3️⃣ Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular de 2018, cuyos firmantes se comprometen a abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración, salvar vidas y utilizar la detención de migrantes solo como último recurso.

4️⃣ Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1994. 

Triple condena

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Unicef condenaron el asesinato de Yaelvis Santoyo Sarabia, el pasado lunes 7 de febrero. 

«Hay que ver la relevancia y la relación de los hechos para que tres agencias de Naciones Unidas fijen posición común, que frente a otros casos no lo han hecho. El Estado tiene que exigir al gobierno de Trinidad y Tobago una investigación que permita identificar a los responsables. Si no hay una acción contundente, estos hechos se van a seguir repitiendo», puntualizó Trapani. 

Así mismo, un grupo de venezolanos se concentró este 8 de febrero frente a la Embajada de Trinidad y Tobago, en Caracas, para exigir justicia por la muerte del bebé Santoyo. El gobierno de Nicolás Maduro instó al país caribeño a comenzar investigaciones sobre el caso. Para la mañana de este martes, el cuerpo del niño no había sido entregado a sus familiares. 

Acnur, OIM y Unicef condenan muerte de niño migrante venezolano por la Guardia Costera trinitense