El Fin de Año estuvo marcado por las fugas de privados de libertad de calabozos policiales, centros de detención preventiva. Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana para la Libertad (UVL), sentenció que estos incidentes demuestran que las comisarías policiales y militares no deben convertirse en cárceles.
El 30 de diciembre, funcionarios de seguridad fueron sometidos por 12 adolescentes que se dieron a la fuga de la Unidad de Atención para Adolescentes en Conflicto con la Ley de Tucupita (Delta Amacuro), ubicada en el sector Paloma Las Torres.
La noche del 1 de enero, en la estación policial Santa Rosa, de Valencia (Carabobo), los uniformados de guardia descubrieron el plan de huida de unos siete presos. Al mismo tiempo, se escaparon 11 reos del comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en el complejo urbanístico Ciudad Chávez, al sur de la ciudad.
UVL ha reiterado en varios informes que los centros de detención preventiva son legalmente espacios para mantener a detenidos antes de su audiencia de presentación. Este proceso debe darse en las primeras 72 horas de su aprehensión, por lo que ese es el tiempo que deben permanecer las personas en celdas policiales o militares.
Sin embargo, el Ministerio para Servicios Penitenciarios estableció como norma interna mantener a los privados de libertad en calabozos policiales y militares hasta que pasen a juicio. Según Nieto Palma esta disposición viola la Constitución y genera hacinamiento en espacios no adecuados.
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Los informes de UVL apuntan a que los establecimientos policiales usan baños y oficinas cuando la cantidad de detenidos rebasan las celdas. La comida y medicinas, derechos humanos garantizados en la Constitución, son asuntos que corre por cuenta de los parientes. “Si un preso no tiene familia, se muere de hambre”, manifiesta Nieto Palma.
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Si no hay espacio para dormir, tampoco lo hay para actividades recreativas. En las celdas policiales y militares no hay posibilidad de estudio, cultura o deporte. Con estas condiciones permanecen detenidos por más de un año. Efecto Cocuyo ha reportado casos en los que las personas tienen hasta cinco años en un centro de detención preventiva.
Para 2017, última vez que se conoció una cifra oficial, habitaban en estos sitios alrededor de 30.000 personas. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ese año en el sistema carcelario formal había 57.096. Es decir, los calabozos albergan más de la mitad de presos que las cárceles del país.
“Naturalmente esto es un caldo de cultivo para las fugas. Hay poco personal policial, no hay condiciones adecuadas. El escenario es que los privados de libertad no tienen grandes obstáculos para huir de su celda”, asevera el fundador de UVL.
Nieto Palma apunta entre los problemas que ocasiona el hacinamiento en los calabozos policiales el desmejoramiento de la acción policial. Dice que los funcionarios, formados para la protección de ciudadanos en la calle, son recluidos en sus comisarías para vigilar a los detenidos.
“Esto genera frustración en los uniformados. Ellos no fueron formados para estas tareas, que deben ser tomadas con seriedad y profesionalidad. Ellos están para combatir el delito en la calle”, agregó.
AN busca celdas más dignas
En septiembre de 2018, la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Calabozos Policiales. Con este reglamento buscan “frenar” el hacinamiento de presos en los centros de reclusión preventiva.
El artículo 7 de la ley establece textualmente que “las autoridades policiales deberán velar de manera específica porque en los calabozos policiales no se presenten circunstancias de hacinamiento“.
El artículo 8 señala que toda estación policial que cuenta con calabozos para detenidos, deberá contar igualmente con espacios destinados para las visitas de familiares, personas allegadas y abogados defensores.
“¿Cómo adecúas un espacio que alrededor tiene casas residenciales? El presupuesto de la policía a veces no alcanza ni para comprar uniformes a sus funcionarios”, cuestionó el penitenciariasta Nieto Palma.
Nuevo Régimen en los calabozos policiales
El Ministerio para Servicios Penitenciarios informó en marzo del año pasado que en 2018 iniciaron acciones que buscan la implementación del Nuevo Régimen Penitenciario en las celdas de detención preventiva de sedes policiales y militares.
En un comunicado enviado a los medios el 7 de marzo, Franklin Suárez, director general de Gestión Comunicacional del ministerio, indicaba que “el Ministerio ha venido realizando los enlaces y articulaciones correspondientes para la asesoría, el abordaje y el traslado de estas competencias al ente rector nacional, a fin de que el exitoso Régimen Penitenciario, sea aplicado también en estos centros de detención”.
El Nuevo Régimen Penitenciario incluye una disciplina militar y un mayor control en las visitas. Este programa fue materializado por la ministra Iris Varela en sus primeros siete años de gestión.
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