Entre los años 2016 y 2019 en Venezuela no menos 15 jóvenes murieron diariamente durante intervenciones policiales o militares. Uno de cada tres homicidios que se comenten en el país se le atribuye a las fuerzas de seguridad del Estado, según reveló el informe del Monitor de Fuerza Letal, compuesto por seis universidades y cuatro centros de investigación de ochos países que analizan el uso de la letalidad policial y militar de países de América y el Caribe.
Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue quien presentó los datos sobre Venezuela, en una conferencia virtual realizada la tarde de este miércoles 26 de enero.
“En Brasil este tipo de casos apenas ocupan el 7 % de sus homicidios. Durante 2017, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces más su población: Brasil 4.670 muertes, Venezuela 4.998”, indican en la investigación.
Ávila explicó que el perfil recurrente de las víctimas de la letalidad policial y militar en Venezuela es en su mayoría hombres (98 %); de estos 79 % son de piel morena o mestiza y con edades comprendidas entre 26 y 27 años. La mayoría perteneciente a los sectores populares y barrios periféricos del país.
“La mayoría de estos casos ocurre en el contexto de operativos policiales, justificados oficial y discursivamente por la “seguridad ciudadana”, algunos de ellos son anunciados de manera propagandística por el gobierno, durante coyunturas electorales o crisis políticas más amplias”, se lee en el documento.
El investigador explicó que estos jóvenes suelen ser asesinados por múltiples motivos, como conflictos interpersonales, por tener antecedentes penales; estar solicitado por las autoridades; porque fueron asaltado por funcionarios de seguridad; por estar cometiendo un delitos y, por último, enfrentamientos armados con las autoridades.
“Esto (enfrentamientos armados) no llegan al 12 % de los casos totales. Venezuela presenta unos valores muy por encima de los limites aceptable”, explicó el profesor de Criminología.
Un Estado policial
En su informe, el Monitor de Fuerza Letal señala que el número de policías preventivas se ha incrementado considerablemente en el país. El documento señala que los estándares internacionales de tasa de encuadramiento policial recomiendan un promedio que varía entre los 300 y 400 funcionarios policiales por cada cien mil habitantes.
Sin embargo, en Venezuela la cifra de funcionarios policiales ya sobrepasa lo sugerido, según datos suministrado por Ávila. En el país desde el año 2006 ya superaba el estándar internacional con al menos 429 funcionarios policiales por cada 100 mil habitantes.
“Se pasó de un total de 114.463 funcionarios policiales en 2006 a más de 200 mil funcionarios policiales para inicios de 2019 (…) Esto se traduce en una tasa de encuadramiento policial de 621 policías por cada 100 mil habitantes, unos 271 puntos por encima de los estándares internacionales”, se explica en la investigación.
La investigación, donde participan también países como México, Colombia, El Salvador, Honduras, Brasil, Jamaica, Chile y Trinidad y Tobago, señala que en los últimos 15 años en Venezuela la fuerza policial ha aumentado en 75 %.
“Este es un claro indicador del avance del Estado policial en Venezuela”, se lee en el documento.
Impunidad en ejecuciones extrajudiciales
Al tratarse de una ejecución extrajudicial, la calificación jurídica sería de homicidio alevoso calificado, agravado por abusos de las armas de la autoridad o empleo de cualquier fuerza que debilite a la defensa de la víctima. Por este delito el victimario tendría que acarrear penas de hasta 18 años de prisión; pero en Venezuela, en la mayoría de estos casos, reina la impunidad.
“La impunidad de estos casos es casi absoluta; la información que el propio gobierno le dio a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) es muy clara: entre 2017 y el primer trimestre de 2020 cuentan 4,890 casos de homicidios cometidos por funcionarios. De éstos solo 13 llegaron a juicio (0.3 %), y en uno solo tienen a un condenado (0.02 %). Esto pudiera traducirse en que la impunidad en estos casos es de un 100 %. Si esta estimación se hiciera tomando como referencia los más de 16 mil casos ocurridos durante este período los resultados serían mucho más dramáticos”, dice la investigación.
Este estudio señala que entre 2016 hasta 2018 por lo menos 16.280 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado, según la información oficial.
La investigación detalla que desde el año 2015 no se ha logrado conocer una cifra oficial de funcionarios de los cuerpos de seguridad que han sido víctimas de homicidios.
“Entre 2012 y 2016, con un promedio de 359 casos al año, en éstos no se especifica si se encontraban o no en ejercicio de sus funciones en el momento en el que ocurrieron los hechos”, señala el documento.
Según el Monitor de Uso de la Fuerza Letal, para el año 2018 se contabilizaron en la prensa venezolana por lo menos 57 funcionarios víctimas de homicidios, mientras se encontraban en servicio; durante el año 2019 se registraron 76, que representan respectivamente el 26,6 % y el 36 % de los casos totales de las muertes violentas de funcionarios durante ese período.
“En contraste, dentro del seguimiento de casos de muertes por intervención de la fuerza pública, el número de agentes fallecidos en el contexto de esos eventos, es considerablemente menor y denota asimetrías aún mayores. A todo evento este sería un indicador de abuso y no de incidencia”, reza el documento.
El reinado de impunidad que existe en el país afecta considerablemente a los familiares de las víctimas, quienes tiene que hacer labores gigantes para poder conseguir justicia. “La búsqueda de justicia en estos casos por parte de los familiares de la víctimas es una labor titánica”, dice Keymer Ávila.